El indulto o la permuta de cárcel para cumplir las penas en sus domicilios a cambio de que pidan perdón y manifiesten arrepentimiento, no es una idea nueva de la derecha de este país, fiel protectora del legado pinochetista. Una derecha que en la voz de la nueva presidenta de la UDI acusa a la Izquierda de haber destruido la democracia en nuestro país, intentando cambiar la historia y ocultando su participación en el golpe cívico militar de 1973 y como principal apoyo de la dictadura.

Es más, hasta ahora, ni en la comisión Valech ni en la comisión Rettig, las Fuerzas Armadas respaldadas por la derecha pinochetista, entregaron la información que permitiera saber toda la verdad para hacer justicia y reparar a las victimas sobrevivientes o a los deudos de los desaparecidos.

En esta oportunidad, algunos de los Oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en crímenes de lesa humanidad y presos en Punta Peuco, van a la ofensiva, detrás de la iglesia y de las buenas intenciones del cura Mariano Puga, argumentando con su estado de salud para pedir beneficios carcelarios ofreciendo un arrepentimiento público por los pecados cometidos. Ciertamente que para los católicos y cristianos el arrepentimiento es una cuestión central, lo que está por verse es si estos connotados criminales de lesa humanidad, buscan arrepentirse de las barbaridades que hicieron o simplemente pretenden hacer un show para lograr que los indulten o que les permitan cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios.

Es necesario señalar que todos los Oficiales de ejército y carabineros involucrados en esta propuesta, presos actualmente en Punta Peuco, planificaron, o dieron las ordenes o asesinaron directamente a personas indefensas, estando la mayoría de ellas detenidas en cámaras de torturas, ubicadas en los distintos regimientos, cuarteles de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Es más, se trata de oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales estuvieron a cargo o formaron parte de las fuerzas de Inteligencia, que es la instancia donde se planificaba y ejecutaba la persecución política, con fiscales militares que decidían sobre la vida o la muerte de personas.

Por lo tanto, no basta ni con el perdón ni con el arrepentimiento, lo que se requiere para creer en la veracidad de su solicitud, es que no sólo vean lo que hicieron; perseguir, torturar, violar y asesinar, lanzar los cuerpos al mar o dinamitarlos, como algo detestable y ruin, merecedor del aborrecimiento, sino que realmente ellos lo rechacen en su corazón y den muestras efectivas de ello, lo que solo se materializa entregando la información que poseen, para terminar con el pacto de silencio del cual son parte y ayudar a nuestro país, a finalizar esa larga espera, de más de 40 años, para saber sobre los desaparecidos.
Significa también testificar en contra de aquellos que asesinaron y que hoy impunes, aparecen como prósperos empresarios, políticos, o que aún permanecen en las filas del Ejército, de la Marina de la Fuerza Aérea, de Carabineros e Investigaciones, en servicio activo o en retiro, ostentando grados militares, obtenidos durante los años en que los chilenos y chilenas vivimos bajo una de las más crueles tiranías del continente.

Por lo tanto, el arrepentimiento sin una convicción intelectual de que cometieron crímenes de lesa humanidad y que eso merece el castigo al que fueron sometidos por la justicia, que ello es correcto, necesario y razonable, sin que acepten esto, lo que se prepara es un espectáculo sin destino que solo desprestigia aún más a nuestras instituciones.

Pero esta no es una cuestión que se inicia y termina en un acto cristiano de arrepentimiento, lo que está en cuestión es la capacidad del Estado y de un gobierno, encabezado por la hija de un general de la Fuerza Aérea asesinado por oponerse al golpe cívico militar de 1973, para investigar y hacer justicia.

Ningún gobernante, ministro ni parlamentario, tiene el derecho, bajo pretexto de una acción humanitaria, de liberar de sus condenas a quienes fueron los artífices y participes, de crueles asesinatos y acciones calificadas como crímenes de lesa humanidad. Si lo hacen estarán repitiendo el mismo error o engaño que cometieron los gobernantes de la época, cuando liberaron a Pinochet “por razones humanitarias y demencia senil”, basándose al final en informes médicos fraudulentos, para asegurar que el dictador estaba incapacitado de responder ante un tribunal por sus crímenes.

Señora Presidenta, señores Ministros, jueces, parlamentarios de la Nueva Mayoría e independientes, las tropelías que se cometieron en contra de la población, partiendo por el bombardeo a la moneda y el asesinato del presidente Salvador Allende, no fueron casos aislados. La tiranía Pinochetista utilizó la persecución política y el aniquilamiento sistemático como una maquinaria política de poder, para eliminar a toda oposición, para disciplinar a la población en sus términos ideológicos y para transformar las relaciones sociales refundando la nación.
Todos estos señores, hoy ancianos, fueron parte y actores de políticas y prácticas sociales genocidas, cobijadas en la doctrina de la seguridad nacional, que las llevaron a cabo a través del gran invento político que hicieron, para ocultar sus crímenes y justificarlos, “la guerra en contra del marxismo”, la que fue implementada por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Es aquí donde ha faltado coraje y voluntad política, compromiso con las nuevas generaciones de chilenos y chilenas, para abordar el tema en profundidad y terminar con uno de los principales argumentos que justifica la impunidad: que las FFAA actuaron para liberar a Chile del marxismo, una mentira histórica diseñada, junto al Plan Z para justificar la persecución política, la represión y los horrendos crímenes que se cometieron.

Los gobiernos democráticos hasta el actual, sus ministros de defensa, han sido incapaces de abordar con valentía la esencia de la doctrina de la seguridad nacional, que fue el origen y motor de la represión en Chile, la fuente principal de la intolerancia, que identificó al enemigo interno en el ciudadano y la ciudadana común, calificando al que piensa distinto como una amenaza para la nación. Es inconcebible que sea la misma base ideológica inserta en la Doctrina de la Seguridad Nacional, a 47 años del golpe de Estado de 1973, el eje rector y formador de los futuros oficiales de nuestras FFAA.

Al no hacer esto, se le permite a los oficiales y suboficiales de las distintas ramas de las FFAA, Carabineros y de la Policía de Investigaciones, identificados como torturadores y asesinos, que mantengan los grados militares, influencia y beneficios en las FFAA, alimentando la impunidad y dejando abierta la posibilidad de repetir estos crímenes y torturar, sin estar sujeto a pena alguna.

Con esto, lo que se hace es diseñar un mapa de justificación del horror y de hipocresía para enfrentar la verdad, lo que va generalizando la impunidad en nuestra sociedad.