Como una manera de dar mayor conectividad al centro de la comuna de Puente Alto y de compensar a la comunidad respecto a casos de colusión de papeles y los pañales, el municipio de esa comuna decidió emprender un proceso de expropiación de terrenos de la empresa Compañía de Papeles y Cartones (CMPC), instalada en esa zona desde 1920.

Una acción que se da luego de reiterados intentos por parte de las autoridades locales de concretar la conectividad de la calle Nonato Coo entre las avenidas Eyzaguirre y José Luis Coo,  establecida el Plan Regulador Comunal.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile el edil de Puente Alto, Germán Codina enfatizó que con esta acción “se está haciendo cumplir con la ley y que la Papelera no tenga más derecho que el resto de los ciudadanos o el resto de las empresas del país”.

En esa línea el jefe comunal fue categórico en señalar que la medida “no se trata de una expropiación que altere la faena productiva de la empresa”, ya que los terrenos en disputa no representan ni el 1 por ciento de la totalidad de la propiedad que tiene la Papelera.

En relación a los casos de colusión que ha protagonizado la empresa durante los últimos meses, el alcalde de Renovación Nacional apuntó a que estos casos también repercutieron en esta decisión, manifestando que se quebraron las confianzas con la empresa.

“Cuando nosotros planteamos que evidentemente los casos de colusión los hemos tenido a la vista para tomar la decisión, es porque se han quebrado las confianzas con la Papelera. Cuando usted tiene una empresa que se colude para subir el precio del papel higiénico, para subir el valor de los pañales y que más encima está instalada en la comuna”.

Asimismo, la autoridad recordó que la empresa le pidió al Concejo Municipal hace algunos años que se aprobara la instalación de una generadora de electricidad para que ellos pudieran mantener la empresa funcionando y no quebrara.

“Nos estaban pidiendo ayuda para no quebrar y ahora resulta que más encima nos enteramos que estaban cobrando sobre precios en los pañales para la gente pobre y la gente de clase media”.

La autoridad señaló además que esperaría que la Papelera que está emplazada en esa comuna fuera generosa con los vecinos, sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario

“Si la empresa va a tratar de victimizarse diciendo que aquí hay una violación al Estado de Derecho, eso es mentira, lo que estamos haciendo hoy día es hacer cumplir el Estado de Derecho, que la empresa abra la calle, que está grabada en el plano regulador comunal hace décadas y que la empresa la tiene cerrada. De hecho, le pedimos a la empresa que dejara circular los furgones escolares para que los niños no tuvieran que estar en los tacos del centro, porque ellos tienen cortado con su gran propiedad de varias hectáreas un zona del centro, y se negaron”.

El alcalde Germán Codina manifestó que espera que desde la compañía “se den cuenta de que ha sido una actitud mezquina y que tengan la generosidad de entender que hay muchos vecinos que vienen alrededor de la papelera y que no tienen por qué ver afectada su calidad de vida por tener a la empresa al lado”.

En tanto, para el presidente de la Liga Ciudadana de Defensa de los Consumidores, Rubén Andino, una expropiación no tiene que asociarse como una compensación, sino con una contribución a la comunidad.

Sin embargo, enfatizó que la empresa sí debe compensar a los consumidores por el perjuicio que se les hizo. Además, aseguró que ha existido impunidad en este caso a su juicio, debido a un marco regulatorio débil y falta de fiscalización.

“Aquí no hay ninguna otra forma de compensar el abuso que recompensando o devolviendo lo que la empresa le quitó a los consumidores (…) ha habido impunidad, no sólo en este caso, sino que prácticamente en todos los casos en que ha habido colusión y abuso de empresas y eso tiene que ver con muchos factores, no solamente con la conducta de las empresas, sino que también con una legislación que es muy débil, con una falta de cumplimiento de los deberes que tienen ciertas instituciones como la Fiscalía Nacional Económica”.