En el caso judicial que investiga las causas que provocaron la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, en 2013, se imputaron a once comuneros mapuche quienes fueron detenidos luego de un operativo realizado por la Policía de Investigaciones( PDI), en marzo de 2016.

El 23 de diciembre pasado, la Corte de Apelaciones dictó el arresto domiciliario de Sergio Catrilaf, Sabino Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Carrilaf y Eliseo Catrilaf, pero a los pocos días revocó su decisión ordenando que volvieran a cumplir con su pena en la cárcel.

Bajo este contexto y considerando que la machi había iniciado ya su huelga, los también comuneros imputados Alfredo Tralcal, Benito Trongol, Luis Tralcal y Nicolas Railaf se sumaron a la acción de la machi Francisca Linconao y, en consecuencia, ayer concluyeron con esta medida de presión.

La resolución del tribunal falló en esta oportunidad en favor de la machi donde también alegó en su defensa la Intendencia de La Araucanía, lo que abrió los cuestionamientos de parte de los querellantes en el caso.

Recordemos que horas después que la PDI detuviera a los once comuneros mapuche, el Ejecutivo junto a la Intendencia regional interpusieron una querella por incendio con resultado de muerte y carácter terrorista, adhiriendo a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La familia Luchsinger Mackay, también querellantes en la causa, insistieron en que existen antecedentes para llevar a la machi a juicio, porque sigue en curso un proceso por delito terrorista.

Sin embargo, teniendo en cuenta la posición que mostró el Gobierno en la audiencia, la familia no descarta extender una carta al ministro del Interior, Mario Fernández, solicitando que se retiren como querellantes del caso.

Una opinión similar planteó la Multigremial de La Araucanía afirmando que existe una presión política evidente y el Poder Judicial ha cedido a ella. “Sería una muy mala señal del Gobierno con las víctimas mantenerse como querellantes si en realidad actúan como defensores de los imputados”, manifestaron desde la entidad.

Los parlamentarios de la oposición por la zona también coincidieron con esta postura. Sin embargo, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, señaló que el Ejecutivo seguirá como querellante en este caso.

A juicio del abogado José Luis Correa, defensor de tres de los imputados en este caso, el Gobierno ha reconocido en cierto punto la debilidad de los argumentos de la querella, y debería evaluar su retiro.

“El Gobierno quizás a buena hora se está dando cuenta que la pretensión punitiva del Ministerio Público claramente no van a llegar a buen puerto, porque no existen elementos de participación y con esto es imposible obtener condena. Con el posible retiro de la Intendencia de la querella se debilitaría más aún la gestión de la Fiscalía”, explicó.

 Mientras, el presidente del departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Álvaro Reyes, se refirió a la decisión tomada este jueves por la Corte de Apelaciones respecto de la machi.

“Francisca Linconao tiene un lugar al que pertenece, tiene un rol que ejercer en la sociedad mapuche y puede mantenerse en su comunidad para un juicio justo. No estamos de acuerdo con la muerte de nadie y debemos salvaguardar la salud y vida de la machi Linconao”, expresó.

Recordemos que uno de los testigos clave en que se fundan los cargos de la Fiscalía contra los comuneros mapuche imputados, es la declaración de José Peralino de 2015, que sin embargo desmintió en la audiencia de formalización de abril de 2016.

Peralino acusó haber recibido presiones por parte de la PDI, chantajes y amenazas para ser obligado declarar contra los supuestos identificados como autores del incendio. El comunero presentó en esa oportunidad una querella por apremios ilegítimos contra dos carabineros y contra los que resultaran responsables de estos hechos.

Durante esta mañana la machi Francisca salió del Hospital Intercultural de Nueva Imperial para recuperarse en su casa, en la comuna de Padre Las Casas, para esperar el juicio del caso Luchsinger Mackay.