El domingo se concretaron aumentos de precios, los mayores en años, de un promedio de 20,1% a las gasolinas y 16,5% al diésel, como parte de una política de liberación de precios enmarcada en la reforma energética promulgada en 2015 por el presidente, con la promesa de que bajarían los combustibles.

La liberación del precio de los combustibles y la entrada de firmas privadas al negocio, que pone fin al monopolio de más de 70 años de Pemex, debía comenzar en 2018, pero el gobierno decidió adelantarla.

Desde el incremento, grupos pequeños de manifestantes han impedido la venta en algunas estaciones de servicio y bloqueado algunas carreteras.

En la Ciudad de México, 23 tiendas sufrieron robos y 64 personas fueron detenidas, dijo a la cadena Televisa el jefe del gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera. Su secretaria de Gobierno, Patricia Mercado aseguró que la policía capitalina evitará que los saqueos se repitan y exhortó a los comerciantes a no hacer caso a los rumores y reabrir sus negocios, después de que se reportara que varios comercios prefirieron bajar sus cortinas.

Primeras palabras de Peña Nieto

“Comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad (…) pero (de) no hacerlo, y es adonde apelo a la comprensión (…), serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias”, dijo el presidente Peña Nieto.

Explicó que su gobierno hubiera preferido no tomar esta medida, que no es resultado de las reformas energética o fiscal, sino del “aumento en los precios internacionales” de la gasolina, y es una “medida responsable” que busca preservar la estabilidad de la economía mexicana.