Se dieron a conocer datos de un documento que habría obtenido el Ministerio Público mediante una incautación a las oficinas de Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción.
El texto tendría nombres de pesqueras vinculadas a Asipes como Blumar, Alimar, Biobío, Camachaca, Food Corp, Landes, Bahía Coronel y Mar Pacífico. Además, contendría apellidos de supuestos actuales y ex parlamentarios, y autoridades locales, vinculadas a montos con directa relación a algunas pesqueras.

Entre los parlamentarios en ejercicio se apunta los senadores UDI Patricio Melero y Alejandro García Huidobro, el diputado UDI Jorge Ulloa, el diputado RN Cristián Monckeberg, entre otros.
Radio y Diario Universidad de Chile consultó a la Fiscalía sobre los antecedentes, pero se negaron a referirse al tema.

Mientras, el presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, querellante del caso, recordó el rol del actual Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, con el ex alcalde Talcahuano (PS), Gastón Saavedra, quien habría recibido dineros de la gran industria según trascendidos de la fiscalía en investigación a Asipes y empresas asociadas.

En esta línea Cortés dijo que “olvidan que el Subsecretario Súnico llevó al alcalde PS a hacer lobby al Congreso para aprobar la Ley Longueira. Por tanto, falta que la fiscalía amplíe su investigación a todos aquellos que tuvieron un rol preponderante en la aprobación de la norma”.

El dirigente también explicó que de la lista de parlamentarios involucrados destaca Hugo Arancibia, candidato a concejal en la última elección e histórico dirigente de la pesca artesanal vinculado a la de la gran industria “que se la jugó por aprobar la ilegítima ley Longueira, sirviendo a los intereses de las 7 familias”.

Cortés agregó que “la justicia les estaría dando la razón y espera que los involucrados den la cara y digan la verdad, como los servidores públicos que han jurado ser”.

En tanto, el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada, confía en que de estas indagatorias se generen sanciones tributarias o se puedan dar conclusiones con otras líneas de investigación relacionadas con el ámbito del cohecho.

El analista afirmó que “aquí viene información de aportes reservados y al cruzarse con información del Servel van a haber cifras que quizás no van a cuadrar del todo y va a ser necesario empezar a abrir información de otras empresas que hubieran podido dar aportes fuera de los mecanismos legales”.

El diputado UDI Jorge Ulloa figura con un total de 10 millones de pesos aportados por las pesqueras Alimar y Blumar. Consultado al respecto, el parlamentario defendió la reserva de sus aportes.

Ulloa replicó “nadie sabe y no debiéramos saber quién ha depositado en el Servel para ayudar a un determinado candidato. Si hoy a partir de un hecho lícito se busca un delito, creo que estamos equivocados. Esperemos a que termine esta investigación, porque eso es solamente lo que es”.

Recordemos que durante la tramitación del proyecto sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, se votó en contra de una indicación que promovía la publicación de los aportes reservados. El diputado Hugo Gutiérrez, fue uno de los promotores de la iniciativa y afirmó que ahora debe reinstalarse en el debate, conforme a las últimas indagatorias vinculada al caso Corpesca.

El diputado comunista dijo que “seguira perseverando en que de una vez por todas los aportes reservados que hasta hoy lo son, se terminen. Que la comunidad tenga antecedentes de quién fue el que financió por ejemplo, a Ernesto Silva, candidato UDI, que tuvo un aporte reservado de sobre 300 millones de pesos”.

Cabe destacar que dentro de la serie de listados conseguidos de las oficinas de Asipes, existirían dos en que aparecen anotados candidatos a concejales y competidores a escaños parlamentarios del 2013, acompañados de montos de dinero.