Está ya completamente acreditado que la larga vigencia del sistema electoral binominal lo que logró es que los diputados y senadores se reeligieran hasta saciedad y le obstruyeran el paso a las nuevas generaciones. La presencia de unos pocos parlamentarios más jóvenes en este poder del estado, en general,  se explica en las mismas componendas cupulares o mediante aquellos “cupos por omisión”  y otras malas prácticas de la política cupular.

En cualquier democracia más seria que la nuestra sería imposible concebir que con los elevados índices de desaprobación de nuestros gobernantes continúen rotándose en los cargos de confianza del Presidente y de los partidos oficialistas prácticamente los mismos protagonistas de la política de las últimas tres décadas. En este sentido, desde La Moneda hasta  las embajadas, más que servidores públicos,  lo que tenemos es operadores políticos,  puestos ahí de acuerdo a la correlación de fuerzas que se reconocen entre sí los partidos y que, por cierto, no se deriva de un rendimiento electoral verdaderamente  democrático y competitivo.

Parece broma, pero es ampliamente reconocido que lo que impide la ruptura de la Nueva Mayoría es la posibilidad que tienen los partidos de ubicar en los cargos públicos a buena parte de sus militantes, ahora que el número de éstos en algunos casos prácticamente  se ha acotado a los que obtienen empleo y gozan de buenas granjerías dentro del aparato estatal. Los profundos desacuerdos ideológicos o programáticos de sus integrantes se hacen agua en este pragmático cálculo, así como explica que una gobernante tan desacreditada ante la opinión pública decida aferrarse a su cargo sin ponerle fin a una desastrosa gestión que en otros países del mundo ya la habría removido.

Ciertamente que las autoridades no pueden estar condicionadas a las encuestas, pero en este caso es el sentido común el que avala los resultados de estos sondeos, además de los que también encargan y conocen los moradores de la propia Moneda. La ineptitud y la falta de probidad han acompañado los tres años de la actual administración, pero es en nuestras habituales calamidades cuando nuestros gobernantes incurren, incluso, en negligencia criminal. Chile ya no resiste más las graves faltas de prevención, como el completo fracaso de nuestros supuestos representantes al encarar los terremotos, inundaciones y ahora estos incendios que asolan nuestra naturaleza. Nos parece lamentable, en este sentido, que no existan los mecanismos legales para sacudirnos de tanta ineptitud y, más encima, corrupción.

Es revelador que en la víspera de nuevos comicios presidenciales y parlamentarios, en lo que se empeñan verdaderamente las cúpulas dirigentes es en discurrir los nombres de quienes pueden retenerlos en el poder, más que encontrar los liderazgos que puedan realizar una buena gestión y sacarnos de la profunda crisis institucional y política en que vivimos. Nada o muy poco importan las trayectorias  de sus candidatos o lo que propongan en bien del país, sino únicamente si constituyen buenos “rostros” para cosechar votos dentro de esa minoría ciudadana que todavía se expresa en las elecciones. Así ha ocurrido y vuelve a manifestarse con tantos personajes de la farándula televisiva y de los espectáculos reclutados por las distintas nóminas de postulantes.

Tampoco importa si antes ya tuvo la oportunidad de demostrar sus genuinas aptitudes, cuando se opta, por encima de cualquier razón, por quienes sean simplemente conocidos y puedan reunir los medios económicos  necesarios para solventar su campaña electoral. No es extraño, por lo mismo, que los dos últimos presidentes se afanen en reelegirse con el apoyo de las cúpulas empresariales que, sabemos, operan como los mecenas de la política. Figuras que, además, cuenten con un peculio personal que pueda derramarle financiamiento a sus partidos y activistas.

Ni qué decir cómo en los opositores reina la misma desidia y temor al veredicto popular. Cualquier cosa antes de exponerse al veredicto de sus bases, a consultas primarias y otras prácticas democráticas. En medio de los escándalos de corrupción, la UDI blinda a su nueva Presidenta  después de conocerse su connivencia con empresarios vinculados a la gran industria pesquera que terminó agenciándose una legislación que los favorece en desmedro de los miles de pescadores artesanales.

A lo que no pueden arriesgarse los conglomerados del llamado duopolio político es al surgimiento de líderes genuinos e insobornables que se propongan reencantar a la ciudadanía y afianzar un régimen de auténtica soberanía popular, en que la voz de los chilenos pueda expresarse con regularidad y sea realmente atendida en las reformas que demanda el país. En el debate parlamentario de la semana pasada,  en cuanto a  proyecto de ley que permitiría la interrupción del embarazo en tres causales, llamó la atención que diversos oradores de uno u otro conglomerado apelaran a la  actual Constitución para apoyar o rechazar tal iniciativa gubernamental. Sin duda un tamaño despropósito de quienes fehacientemente saben que la institucionalidad vigente carece de toda legitimidad, desde el momento que es heredada de la Dictadura y fuera aprobado en una de las consultas más espurias de nuestra historia. Cuando por 27 años se han negado unos y otros a convocar a una Asamblea Constituyente que se ocupe de diseñar un nuevo orden institucional refrendado, posteriormente, por un plebiscito ciudadano y no por los mismos parlamentarios  encantados con la herencia pinochetista.

Sabemos de los múltiples males que adolece nuestro país y que tanto se expresan, por  discriminación, la criminalidad y, ahora,  en la falta de probidad de las clases o castas hegemónicas. Lacras que, sin duda, se alimentan en el miedo a la democracia, en la resistencia al cambio. Al grado que muchos presagian un próximo y severo quiebre institucional a causa de la interdicción ciudadana que todavía nos afecta, como por las agraviantes injusticias que se perpetúan.

Por supuesto que son también múltiples las instituciones del país que adolecen del mismo miedo a la democracia derivado de tantos años de autoritarismo y de los privilegios que buscan mantener en la sociedad chilena. Como el temor que manifiesta la propia Iglesia Católica, que en el pasado fuera tan señera en su opción por los pobres y discriminados,  y ahora se aferra a un orden jerárquico en que la voz del pueblo cristiano (o la  voz de Dios) es abiertamente desatendida por sus obispos y purpurados, pese a las expresiones de su propio Pontífice en favor de la justicia social y los valores republicanos. Así como es inaudito que en una institución como la Masonería se mantengan prácticas atrabiliarias y rituales machistas, como tantas otras organizaciones sociales que se resisten a aceptar la igualdad de género.

Actitud en la que perseveran, también no pocos partidos y movimientos vanguardistas. Como insólito nos resulta, además,  que la propia Central Unitaria de Trabajadores se dé maña para postergar sus comicios internos y posponga ahora para el 2020 el voto universal de sus afiliados.