El gobernante peruano, Pedro Pablo Kuczynski, sostuvo el domingo una comunicación con Trump en la que le planteó que estudie la posibilidad de deportar al ex presidente peruano Alejandro Toledo para que sea procesado en Lima.

“El presidente Kuczynski solicitó a Donald Trump evaluar, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, la opción de deportar a Toledo al Perú con el fin de que sea sometido a la justicia”, informó la Presidencia.

La justicia peruana emitió una orden de captura internacional y prisión preventiva de 18 meses para Toledo por recibir supuestamente 20 millones de dólares de Odebrecht para favorecerla con la construcción de la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

Toledo se defiende en Twitter 

Perú sospecha que Toledo, profesor visitante de la Universidad de Stanford, está en San Francisco y ofrece 30.000 dólares a quien ayude a capturarlo.

Se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía se basa en testimonios y documentos del ex representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien aseguró que entregó el dinero a Toledo a través de las cuentas de un amigo de éste, el empresario peruano-israelí Josef Maiman.

Con ese dinero, según la Fiscalía, se pagó hipotecas y propiedades en Perú vinculadas a Toledo a través de una empresa off shore.

En una publicación en Twitter el domingo en la noche, sin precisar su paradero, el expresidente aseguró que nunca se fugó, ya que no estaba procesado cuando dejó el país.

“El juzgado en Lima no solicitó mi testimonio para ayudar con su investigación. Al contrario, me acusó de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar”, comentó. El exmandatario no precisó si retornará al Perú.

Requerimientos de EE.UU.

Pese a que Interpol lanzó una alerta roja para ubicar a Toledo en 190 países, Estados Unidos ha solicitado a Lima que justifique los motivos por los que debe detener al ex mandatario para que un juez local proceda a pedir su captura.

“Las autoridades de Estados Unidos pidieron a la Fiscalía (peruana) la fundamentación de por qué un juez de Estados Unidos debería dar una orden para detener al ex presidente. Ese pedido de captura se encuentra a la espera de que se complete la información”, precisó a la AFP el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Una fuente del Ministerio Público explicó a la AFP que el Departamento de Estado reparó que faltaban algunas precisiones para que la solicitud sea aceptada por un tribunal estadounidense y que será el juez Richard Concepción, el que ordenó la prisión de Toledo, quien resolverá ese nuevo requerimiento en las próximas horas.

Sin una orden que lo retenga, Perú temía que el ex gobernante viaje a Israel, país del que su esposa Eliane Karp tiene la ciudadanía.

Por Israel, no

Pero el gobierno israelí, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores Emmanuel Nahshon, precisó que “Toledo será autorizado (a ingresar) en Israel únicamente cuando sus asuntos pendientes en Perú estén solucionados”.

Las autoridades peruanas presumían que Toledo había abordado el vuelo 954 de la compañía United Airlines que cubría la ruta San Francisco-Tel Aviv y que aterrizó la noche del domingo en el aeropuerto Ben Gurion.

“Alejandro Toledo no estaba en el avión que aterrizó en Ben Gurion desde San Francisco esta noche [por domingo]”, escribió Nahshon en Twitter.

En tanto, Kuczynski agradeció al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la decisión de impedir el ingreso de Toledo, según informó la presidencia.

Escándalo Odebrecht 

A sus 70 años, Toledo podría convertirse en el segundo ex presidente peruano en ir a prisión en las últimas tres décadas por un caso de corrupción, después del autócrata Alberto Fujimori, de quien fue un férreo opositor a fines del año 2000.

Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción que ha afectado a varios países latinoamericanos, afirmó haber pagado 29 millones de dólares en Perú a cambio de obras públicas entre 2005-2014 durante los gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de 7 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.

Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, están siendo investigados por lavado de activos por financiar presuntamente su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela y de Brasil.

Según documentos de la Policía Federal de Brasil, Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña de Humala.