Desde ayer martes y hasta hoy miércoles se realiza una reunión en el hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar liderada por la Cancillería para resucitar el Acuerdo Transpacífico o TPP por sus siglas en inglés, encuentro al cual están invitados los 12 países –excepto EEUU- que originalmente formaban parte del tratado, más las incorporaciones de Colombia, Corea del Sur y China.

Desde la plataforma “Chile mejor sin TPP” han reiterado su rechazo a estas maniobras lideradas por el canciller Heraldo Muñoz tendientes a reflotar este acuerdo luego de la salida de EEUU en enero pasado, tras una orden ejecutiva decretada por el presidente Donald Trump, y acusan que, una vez más, las negociaciones se hacen a espaldas de la ciudadanía y en completo hermetismo.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el director del Observatorio Ciudadano, organismo que integra la plataforma Chile mejor sin TPP, José Aylwin, hizo énfasis en la profundización de la estrategia de apertura total al libre comercio de nuestro país, sin considerar los perjuicios que ésta genera.

Además, Aylwin cuestionó que, nuevamente, no exista transparencia en las tratativas para alcanzar este acuerdo de libre comercio, y que se excluya a organizaciones ciudadanas y de derechos humanos de las negociaciones.

“Qué modalidad va a adquirir esto, si se va a tratar de un nuevo acuerdo comercial, si se va a tratar de otra modalidad es difícil saberlo, particularmente cuando los invitados son los ministros de comercio de estos estados, no hay representantes de la sociedad civil, no hay representantes de organizaciones de DDHH qué pudiesen participar para pensar qué tipos de economías y qué tipo de relación pueda darse a futuro entre los países del área Pacífico”.

Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié José Aylwin a la hora de cuestionar esta reunión que se lleva a cabo en Viña del Mar, es que tanto Chile como el resto de los países negociadores del tratado, hacen la vista gorda de los problemas de DDHH que tiene China, el ahora más importante integrante del potencial tratado, sólo por satisfacer un objetivo económico.

“Cuando se trata de DDHH los países occidentales, los países democráticos no ponen limitaciones en incorporar a China como aliados comerciales sin una reflexión sobre el contexto de DDHH que existe en ese país”.

El director del Observatorio Ciudadano, se refirió a lo que él denomina “la otra cara del libre comercio”, representado en el daño tanto a nivel medioambiental como de las comunidades que habitan los países de América Latina, países eminentemente productores de materias primas, y que el modelo económico imperante genera serios perjuicios en estos territorios durante los procesos extractivos.

Aylwin recordó los graves daños que se han verificado en nuestro país por la actividad minera, forestal y pesquera en los últimos años, y cuestionó las reales posibilidades de defensa que las comunidades de nuestro país tienen frente a los perjuicios que la actividad de este tipo de industrias generan.

“El tema es qué tipo de comercio, quién controla ese comercio, cuáles son los derechos que tienen las comunidades frente a esos inversores. Uno de los temas más críticos de este modelo son los derechos que otorgan los acuerdos comerciales a los inversores, vale decir a las corporaciones sobre los estados. Se establecen mecanismos a través de los cuales esos inversores pueden demandar a los estados si modifican, por ejemplo, sus legislaciones o sus políticas públicas para proteger los derechos, por ejemplo, de los trabajadores o al medioambiente”.

Aylwin concluyó que muchas de estas modificaciones a los tratados de libre comercio que realizan los estados para proteger bienes superiores como es el medioambiente, generan demandas y reclamos de parte de las corporaciones trasnacionales, procesos que muchas veces pierden los gobiernos, por lo que deben indemnizar a las grandes compañías, generando nuevos perjuicios.