La economía (el orden de la casa) es la hermana menor de la política (el orden de la ciudad). De allí que la economía, más allá de sus especificidades técnicas -tan profusamente discutidas- tenga esa sustantiva componente expresada a lo largo de los últimos 27 años en el foro y la academia, así como en polémicas públicas entre especialistas a las que hemos asistido en recientes semanas.

En efecto, el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, volvió al escenario al criticar al Gobierno -en la persona del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés- por la “preocupante falta de autocrítica” ante la relativización que han hecho economistas oficiales sobre el impacto que las reformas de la actual administración han tenido en la actividad económica. Una polémica que, por lo demás, se arrastra desde hace tiempo y que se había jugado en el ámbito del “porcentaje de culpabilidad” que han tenido las reformas internas o la ralentización económica mundial en la caída de inversiones y actividad económica.

Así, expertos ligados a la oposición han salido a refutar refutando la hipótesis que circula en ciertos sectores en el sentido de que la actual disminución de la inversión y actividad sería resultado de problemas “estructurales” (país exportador de materias primas) e internacionales que se vienen observando desde 2006, cuando las inversiones y comercio comenzaron a decaer en todo el orbe.

Por su parte, colegas del secretario de Estado han salido en su defensa afirmando que las críticas de Vergara son “injustas y desproporcionadas”, al tiempo que con carácter “político”, descolgando insinuaciones en el sentido de que, dadas sus apreciaciones, el ex líder del instituto emisor pudo haber tenido otras razones para demorar la rebaja de la tasa de interés -hasta el 2% estimado como óptimo- y acelerar la reactivación, decisión que recién se adoptó tras la asunción en la presidencia del Banco Central del economista de raigambre socialista, Mario Marcel.

Por de pronto, ¿cuál es la tasa de interés de instancia que se ajusta mejor a la realidad económica de un país? Depende de muchos factores como lo muestran las discusiones internas en el consejo de la Federal Reserve de EE.UU. (evolución de la inflación, empleo, tipo de cambio, deuda, entre otros), donde también las razones de política-política están muy presentes, especialmente si se recuerdan las decisiones adoptadas en los días previos a la llegada a la Casa Blanca de Trump, en una nación cuya deuda externa equivale ya al 100% de su PIB anual.

¿Chile requería de un impulso adicional vía tasas de interés? Depende. Si se quiere incentivar el ahorro probablemente es mejor una tasa más alta que más baja. Si se quiere incentivar el gasto y la actividad, mejor más baja que alta. Pero una tasa de interés más baja tiene costos colaterales: desvía capitales hacia sectores de inversión más riesgosa (bolsas); genera presión de demanda por dólares, por lo tanto, los encarece en pesos chilenos, afectando el precio de productos extranjeros, importa inflación e incide en el consumo de las personas. Y si EEUU sube la tasa, aumenta la presión por la salida de dólares, incrementando su escases y valor de cambio. Pierden importadores y consumidores, ganan exportadores que reciben más pesos por cada dólar exportado, entre ellos Codelco, donde “no hay un puto peso”. ¿Qué es mejor? Bueno, eso es una decisión política.

En dicho marco, los empresarios chilenos también están preocupados. El 30 de marzo hay cambios en su cúpula. El más probable presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y ex ministro de RR.EE. del Gobierno de Piñera, Alfredo Moreno, ha organizado una cumbre en Las Majadas de Pirque. A ella están invitados controladores de los principales grupos económicos del país para conversar con representantes de emprendedores jóvenes, de la llamada economía colaborativa y centros de innovación universitaria.

Dicho encuentro constituye una oportunidad de hacer política y economía coherente entre el “orden de la polis” y “el de la casa”, con beneficios sinérgicos y no de suma cero. En efecto, buena parte de la irritación ciudadana se produjo a raíz de la desnudada deshonestidad económica de algunas grandes empresas, pero también debido a la cada vez más obvia falta de oportunidades que muchos jóvenes profesionales y emprendedores de capas medias observan en un mercado que estiman estrangulado por el poder de las grandes compañías nacionales y extranjeras y, además, “atrapado” por intereses de una clase política y empresarial coludida para asegurar su futuro, sin consideración por la ciudadanía, lo que invita a muchos de ellos a seguir el atajo del Estado como competidor de ese poder y solucionador de esa grave incapacidad nacional.

Acercar a sectores Pymes, emprendedores jóvenes, innovadores y universidades con los grandes capitales del país pudiera ser la oportunidad para que, con hechos concretos, estos últimos generen las condiciones para, desde la sociedad civil, aumentar las oportunidades de creación y desarrollo de nuevas empresas pequeñas que mañana sean grandes, generen valor agregado con innovación y más empleos seguros y mejor pagados.

Una noticia sobre un Fondo Nacional Privado de Innovación al que puedan acceder miles de emprendimientos novedosos, pero sin oportunidad en el sistema financiero (por falta de tradición, aval o experiencia), podría ser el primer paso para que el gran empresariado inicie su indispensable proceso de “relegitimación” social -si se busca una sociedad libre y con libertad de emprendimiento y trabajo- tomando mayores riesgos en función del progreso compartido.

Al mismo tiempo sería una buena manera de comenzar a desplazar el papel del Estado y de los Gobiernos en materias que debieran ser propias de la ciudadanía, como son las de producir bienes y servicios, creando condiciones para más desarrollo, crecimiento y mayor confianza, lo que, debido al principalísimo papel que hoy cumple el Estado, no solo genera las citadas polémicas entre especialistas, sino que gana notoriedad como “factótum” económico, cuando apenas representa el 20% del PIB y sus tareas principales tendrían que estar centradas en otras áreas del quehacer republicano, en especial aquellas que los particulares no pueden o no debieran asumir.