En 1981, en plena Dictadura, se aprobó el Código de Aguas que convirtió a Chile en el único país del mundo donde el agua está privatizada. Los servicios de tratamientos de este recurso fueron liberados al mercado desde 1997, durante el gobierno de Eduardo Frei.

De las 346 comunas del país, cerca de 80 se encuentran en categoría grave y sin disponibilidad del recurso para el consumo humano. Además, más de un 65 por ciento del territorio nacional se ve afectado por sequías y desertificación.

Un dato que complejiza aún más este escenario es que más de 400 mil personas en el país no cuentan con agua potable y son todas las semanas abastecidas por camiones aljibes.

El vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección al Medio Ambiente, Rodrigo Mundaca, comentó que en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, el 90 por ciento del territorio está destinado al cultivo de paltas de exportación, lo que demanda grandes cantidades de agua. Los empresarios, sin ninguna regulación, se instalaron en zonas no aptas para este tipo de cultivos y agotaron dos de los principales ríos de la cuenca.

Según explicó Mundaca, las modalidades para captar los flujos del agua por parte de los agricultores son: la apropiación de las caja de los ríos mediante la corrida de cercos, la construcción de drenes para capturar las aguas subterráneas y la construcción de pozos sin derechos de aguas legalmente constituidos.

“El rio Petorca se declaró agotado desde 1997 y el rio Ligua desde 2004. En un escenario de déficit hídrico drenaron los ríos, es decir, se construyeron obras de ingeniería para capturar el agua subterránea y trasladaron de manera impropia todo el agua a sus explotaciones agrícolas”, explicó.

Las usurpaciones de agua

Hace tres años que las familias del sector la Victoria, en la comuna de Limache, no cuentan con el agua de pozo rural asignado para esa zona.

Según explica el vocero de la Coordinadora Marga Marga, Eduardo Vallejos, la empresa sanitaria Esval usurpó el flujo de agua que provenía del rio Aconcagua para desviarlo hacia su sistema de captación. Una situación que cuestiona el fin que buscaría esta compañía que se presenta en su plataforma electrónica como “la empresa comprometida con la sequía de la región”.

En la ley estas acciones no figuran como un robo sino como usurpaciones, de acuerdo a una adecuación del término que hicieron los parlamentarios. “En realidad es la usurpación de un derecho”, enfatizó Vallejos.

En las comunas de Limache, Con Con y Quilpué se han registrado más de veinte pozos clandestinos de esta sanitaria regional. Estas usurpaciones de agua han sido denunciadas a la Dirección General de Aguas (DGA). Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) mantiene más de 35 sanciones administrativas en proceso y otras sanciones judiciales vigentes sobre esta materia.

“Hacer obras sin permisos y que dañan a otros sectores como en el rio Aconcagua la empresa Esval tiene unas tuberías de más de 800 metros de largo, que generan un evidente daño ambiental, y también tienen motobombas. Todo esto está totalmente acreditado porque la empresa ha entregado documentos sobre sus maquinarias a la DGA”, señaló.

La Reforma al Código de Aguas y la presión empresarial

Estas situaciones deben ser reguladas a través de la modificación del Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional, en la comisión de Recursos Hídricos del Senado.

Durante estos días se conoció una minuta elaborada por el Ministerio de Hacienda sobre las modificaciones que ingresaría al proyecto a través de  indicaciones. Estos cambios buscarían disipar ciertas dudas surgidas sobre el proyecto sumado a algunas consideraciones técnicas aprobadas en la Cámara de Diputados.

El documento integra aspectos relacionados con la naturaleza jurídica de los derechos, caudal ecológico mínimo, caducidad por cambio de uso del recurso, aguas de uso minero, entre otros.

Según informó El Mercurio esta minuta fue entregada a los parlamentarios de la Comisión. Sin embargo, la senadora PPD y presidenta de esta instancia, Adriana Muñoz, señaló que se trataba de conversaciones que el Ejecutivo está sosteniendo por fuera de la Comisión y que no ha sido oficializada. A su juicio, es una respuesta ante las presiones que ha ejercido por el empresariado al Gobierno.

“Hay algunos temas que generan incertidumbres en los regantes, en los campesinos, en los agricultores y estamos dispuestos, al menos yo, en ingresar indicaciones. Sin embargo, aquí el Ejecutivo está teniendo conversaciones por fuera y sigue un circuito que escapa a las disposiciones reglamentarias en el tratamiento de un proyecto”, expresó.

La comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta entregará un informe en abril y, posteriormente, la comisión de Agricultura revisará el proyecto hasta julio. Se estima que en septiembre la reforma estaría en condiciones de votarse.

La necesidad de un Ministerio del Agua

Expertos de distintas áreas han propuesto la creación de una institucionalidad que permita regular un manejo integral del recurso, encabezado por un Ministerio del Agua.

El profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, Jonás Figueroa, indicó que existe la tecnología necesaria para abastecer de agua a toda la población, no así las obras requeridas. En particular, se refirió a las debilidades que se mantienen en los sistemas de captación y el trasporte hacia las plantas potabilizadoras.

Para el profesor, el desalentador panorama sobre el uso que se hace hasta ahora del agua, se relaciona con asumir una mirada distinta sobre el recurso. “Antes siempre se enseñaba que el agua era un recurso inagotable, eso ahora claramente ya no se ajusta a la realidad”, enfatizó.

Además, un tema primordial que debe ser resuelto para avanzar en un desarrollo sustentable es la reutilización de las aguas para servicios sanitarios e higiénicos.

“La empresas privadas resuelven sus situaciones aprovechándose en muchos casos de los vicios presentes en la ley. Existen muchos aspectos que no se resuelven a nivel institucional. Por ejemplo, ¿Quién se hace cargo de los beneficios del agua a nivel municipal? No hay. Por lo mismo, es importante una institucionalidad que busque resolver todos estos intereses”, precisó.

¿Cómo acabar con la cultura del despilfarro del agua en Chile? Es una de las interrogantes que los expertos plantean ante la falta de una institucionalidad que coordine las gestiones del agua y que impida a la vez que el uso de este recurso, cada vez más escaso, se lo adjudiquen arbitrariamente los sectores agrícolas y empresariales.

Un escenario que además suma los cuestionamientos que ha tenido el recién asumido presidente de la Cámara de Senado Andrés Zaldívar quien recibió dineros por parte de Aguas Andinas por unos estudios que habría realizado y que ponen en la mira la posición que tomará respecto de dos proyectos que se tramitan sobre empresas sanitarias.