Todos los días durante la madrugada, las diecinueve empresas del complejo industrial ubicado en el borde costero de Puchuncaví, Quintero, Con Con, en la región de Valparaíso, emanan gases industriales propios de sus faenas. Los vecinos de estas comunas comentan que esas nubes llegan por la mañana a los sectores urbanos, generando fuertes olores que provocan nauseas, cefaleas y dolores de estómago. La situación es permanente.

Este miércoles, una de esas nubes de gases industriales ocasionó la intoxicación de 18 niños del Complejo Educacional Sargento Aldea ubicado en la localidad de Ventanas. Los profesores sintieron estas emanaciones mientras se desarrollaban las clases y a eso de las 14:00 horas evacuaron a los 300 alumnos del establecimiento de manera preventiva. Tres de ellos se desmayaron y los otros fueron internados de urgencia en un centro asistencial. Según informó la directora del Cesfam de la comuna, Edith Freire, los niños fueron dados de alta y se mantuvieron con reposo en sus casas.

Esta intoxicación por ser masiva captó la atención mediática, pero está lejos de ser una excepción para las comunidades que residen en la zona de sacrificio desde 1993.

Camila Parra, asistente social y ex estudiante de este colegio, precisó que este establecimiento se emplaza frente al complejo industrial Ventanas. A su juicio, “esta es una muerte lenta para la comunidad porque todos los días se respiran altos niveles de contaminación”.

En su opinión, la principal dificultad es que al vivir tanto tiempo bajo estas condiciones la población ha naturalizado muchos de los síntomas y se llega a una situación límite como la ocurrida con estos niños. “Algunas personas dicen aquí me tocó vivir y no hay nada más que hacer”, comentó.

Además, agregó que “probablemente la intoxicación que se produjo ayer fue por una exposición corta a esta nube de gas, entre 10 a 15 minutos, porque la exposición prolongada podría generar la muerte por asfixia”.

Carolina Orellana, integrante del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Valparaíso, indicó que las autoridades ambientales han tomado medidas que resultan más bien “acciones pacificadoras” para tratar de esconder las consecuencias negativas de este centro industrial.

Una de ellas se trata de la instalación de un centro cultural en las inmediaciones de la escuela La Greda. Este recinto fue clausurado luego que en 2015 resultaran intoxicados 40 estudiantes por los olores emanados por una planta de tratamiento de residuos del recinto.

Sin embargo, esta nueva medida generó indignación en la comunidad porque no resuelve en absoluto el problema de fondo que mantiene a la población en una zona saturada.

Nueva norma de emanación de dióxido azufre

El pasado martes el Comité de Ministros, encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, aprobó la nueva norma que regula la concentración máxima de azufre que podrán emitir las mineras, termoeléctricas y fundiciones.

Esta medida considera una concentración de 200 microgramos de azufre, es decir, diez veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija el límite en 20 microgramos por metro cúbico.

Katta Alonso, integrante de la organización de Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia, comentó que durante la reunión que sostuvieron con Marcelo Mena, en calidad de subsecretario, les informó que este era el nuevo plan de descontaminación y que sería aprobado independiente las observaciones de la ciudadanía.

“Esta norma permite que 88 veces al año se llegue a un peak de contaminación ambiental”, mencionó  la dirigenta.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, esta situación evidencia que las autoridades legislan en favor de los empresarios. Además, se refirió a una norma sobre la regulación del arsénico que debió ser aprobada hace diez años y hasta la fecha no ha tenido ningún avance.

Ante este escenario, las comunidades presentaron a la Contraloría una reclamación contra el servicio regional de Salud por incumplimiento de deberes por su ineficiente fiscalización a las empresas industriales -Codelco, Aes Gener, Copec, Oxiquim, entre otras-  instaladas en el borde costero de Puchuncaví, Con Con y Quinteros.

A través de un comunicado, la empresa Esval señaló que: “Nos hemos reunido en varias ocasiones con los vecinos ofreciéndoles apoyo, incluso para entregarles agua de nuestro sistema productivo, pese a no haber ninguna afectación a su APR. Todos estos pozos se encuentran a más de 200 metros de distancia, cumpliendo con el radio de protección establecido por la DGA y siguiendo el procedimiento indicado por la autoridad”. Además, se mostraron dispuestos a seguir dialogando con las comunidades.