Para este lunes estaba fijado que se retomaran las audiencias del caso Luchsinger Mackay que se encuentra suspendido desde el 21 de diciembre pasado. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Temuco dictó un nuevo aplazamiento en la audiencia de preparación de juicio oral, producto de una petición de los abogados representantes del matrimonio fallecido en el atentado ocurrido en Vilcún, en la región de La Araucanía en 2013.

De acuerdo a la solicitud enviada al tribunal, los abogados querellantes no se encontrarían disponibles durante esta semana. Sergio Arévalo se excusó porque tenía programadas sus vacaciones a partir de este lunes y, por su parte, Carlos Tenorio tenía fijado un alegato en la Corte Suprema el 28 y el 30 de marzo.

Los juristas señalaron que, de no postergar la audiencia, se vulneraría el derecho de las víctimas aunque ellos no quisieron delegar el poder a otros abogados reemplazantes que para que intervinieran en la causa.

Sólo este domingo los abogados defensores fueron notificados de la decisión, lo que calificaron como una grave vulneración a los derechos de los once imputados, de los cuales nueve se encuentran totalmente privadas de libertad.

El inicio del juicio oral no tiene fecha definida y esta nueva suspensión demuestra, a juicio de los abogados de los comuneros mapuche, una estrategia dilatoria por la falta de pruebas de la Fiscalía para presentar una acusación sustantiva.

La abogada defensora de Sabino, Sergio y Hernán Catrilaf, Manuela Royo, dijo que aplazar la reapertura del caso por estos motivos es una inconsecuencia de los querellantes que en reiteradas ocasiones han insistido en apresurar el juicio.

“Es una inconsecuencia de parte de los querellantes, porque retóricamente han señalado que quieren hacer el juicio, sin embargo, la Fiscalía no entregó totalmente las pruebas y apelaron cuestiones inapelables. En definitiva, esto hace que los comuneros estén más tiempos privados de libertad y nosotros queremos llegar pronto a juicio, porque estamos seguros de la absolución”, expresó.

Además, aseguró que es abusivo seguir extendiendo la prisión preventiva para los nueve comuneros mapuche, así también las medidas cautelares alternativas como el arresto domiciliario que cumple la machi Francisca Linconao, porque en este caso se estarían perfilando como una acusación anticipada.

“En el fondo aquí funciona como una acusación anticipada porque sabiendo que serán personas absueltas los fiscales mantiene una medida cautelar abusiva. Esto es muy grave porque Chile ya fue sancionada por estos hechos en 2014 por utilizar la prisión preventiva de manera desproporcionada”, explicó.

Mientras, el abogado representante de Sabino Catrilaf, Rodrigo Román, dijo que el Ministerio Público, a su juicio, estaría esperando el mejor momento político para obtener un resultado favorable con la acusación que pretenden presentar.

El abogado manifestó que el juicio nunca debió ser suspendido en diciembre pasado, porque la reclamación presentada por los querellantes y el Ministerio Público por supuestos vicios formales en que habría incurrido el Juzgado de Garantía de Temuco, fue desestimada luego por la Corte de Apelaciones que ordenó reanudar el caso en marzo.

Román dijo que van a presionar para que se reinstale la audiencia fijada para este lunes porque a la luz de los hechos se están vulnerando las garantías de los imputados, considerando que el Tribunal ha dictado libertades condicionales y la Corte de Apelaciones las ha revocado.

“Esto da cuenta al final del día lo desesperados que están los acusadores, tanto el fiscal como los particulares, y están tratando de esperar el mejor momento político para tener un mejor resultado porque saben que en otro tribunal el único camino posible es la absolución porque carecen de pruebas suficientes para conducir el juicio a un veredicto acusatorio”, precisó.

De acuerdo al Código Procesal Penal, el plazo máximo para que los imputados en un caso mantengan sus medidas cautelares es de dos años luego de la formalización.

Este jueves 30 de marzo se cumple un año desde que los once comuneros mapuche fueron formalizados. Por este motivo, se fijó una marcha para ese día, en Temuco, exigiendo el fin de la Ley Antiterrorista por la que se encuentran procesados los comuneros. Asimismo, mañana se desarrollará una audiencia de revisión de las medidas cautelares de Sabino Catrilaf, en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Un contexto a lo que se suman las declaraciones de Sergio Catrilaf, imputado en este caso, a través de un video publicado por El Desconcierto: “Hoy día me he visto en la obligación de no acatar el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, porque no podemos tolerar tanta injusticia”. De esta manera, se reconoció prófugo al no cumplir con la orden de reingreso a la cárcel, dictada por la Corte de Apelaciones el pasado 9 de febrero.