La semana pasada se conoció la cifra de personas que fallecieron en lista de espera durante 2016. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que fueron 25 mil personas, de las cuales 22 mil 500 esperaban su primera atención médica y cerca de dos mil 400 una cirugía.
En el desglose de estas cifras, se registran 237 niñas y niños menores de 15 años que fallecieron esperando una atención pediátrica o una cirugía infantil.
Esto motivó a que el senador Alejandro Navarro presentara una querella criminal contra el Estado por homicidio por omisión, exigiendo la intervención del Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Navarro precisó que a nivel nacional siguen esperando atención médica otros 34 mil niños.
El parlamentario dijo que el diagnóstico es claro: “Hay una crisis sanitaria evidente en el país producto de la falta de médicos especialistas, y esta crisis está teniendo efectos en la salud de los niños”.
Para el senador socialista y miembro de la comisión especial sobre Infancia de la Cámara Alta, Juan Pablo Letelier, es preocupante que mueran niños en condiciones que podrían haberse evitado en el sistema de salud. A su juicio, esto representa una clara vulneración a los derechos de la infancia pero también de todas las personas que enfrentan alguna patología no atendida.
De todas maneras, el parlamentario se mostró partidario de investigar una a una las causas por las que estos niños no fueron atendidos de manera oportuna para luego responsabilizar a los servicios correspondientes.
Los datos de la subsecretaría indican que de los fallecidos en 2016 bajo estas condiciones, 18 mil 423 fueron personas mayores de 65 años.
El diputado del PPD Ramón Farías, integrante de la comisión de Familia de la Cámara, se refirió a la situación que enfrentan muchos adultos mayores que requieren de atención urgente.
El parlamentario apuntó que muchas veces este grupo de personas no puede optar a tratamientos alternativos del que ofrece el sistema público por las bajas pensiones que reciben.
“Hemos visto varios casos donde los adultos mayores requieren de una cirugía de caderas o de rodillas y en medio del tiempo que esperan la enfermedad se va acrecentando. Entonces, el sistema es el que está complejo y tiene que agilizarse para contar una atención expedita”, sostuvo el parlamentario.
La promesa incumplida
Para el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), Jaime Araya, las muertes por listas de espera reflejan la crisis originada desde la Reforma a la Salud impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos.
En 2003, se aprobó la Ley 19.966 que estableció el “Régimen General de Garantías en Salud”, el conocido Plan Auge, lo que derivó, según explicó el dirigente, a una mercantilización de los tratamientos médicos.
Además, apuntó a la falta de voluntad política que ha demostrado el Gobierno ante la posibilidad de contratar médicos extranjeros considerando la falta de especialistas en la atención pública.
La reducción de las listas de espera ha sido una promesa repetida durante los últimos gobiernos. En 2011, el ex presidente y actual candidato, Sebastián Piñera, dio por terminado este grave problema ante las atenciones que correspondían a patologías AUGE. Sin embargo, la Contraloría General de la República calificó este anuncio solo como una solución “administrativa” que respondió a una estrategia comunicacional.
El actual gobierno afirma que “sigue avanzando en el esfuerzo” por entregar una “atención de salud más oportuna, rápida y de calidad”. Cada año con la presentación de los presupuestos sectoriales, se recuerda que están destinando recursos para contratar a 750 nuevos especialistas dentro de los Servicios de Salud, apoyar la formación de mil nuevos médicos especialistas y para la destinación de 390 médicos a atención primaria y hospitales comunitarios a lo largo del país.
Ante estas “dramáticas” cifras de fallecidos, desde el Ministerio de Salud señalaron que “la relación entre las causas de muerte y el motivo de la espera no se puede establecer de manera directa”. Por lo mismo, no se podría responsabilizar a la gestión particular de un servicio de salud ante el volumen de fallecidos por listas de espera.
La subsecretaria de Redes Asistenciales, Ana Alarcón, expresó que las personas que están en lista de espera mantendrían otros puntos de contacto con servicios de salud, es decir, son derivados a centros asistenciales pero no de urgencia.