Salvo contadas excepciones, el primero de mayo es reconocido en todo el mundo como el “Día internacional de los trabajadores”. La fecha se estableció en conmemoración del 1 de mayo de 1886, momento en que se iniciaron las revueltas de Haymarket en Chicago, Estados Unidos.

Por esos días, los trabajadores se encontraban luchando por una jornada de trabajo de 8 horas, que permitiera destinar la misma cantidad de tiempo a dormir y a “vivir”.

En ese contexto ocho trabajadores anarquistas fueron acusados injustamente de lanzar una bomba a la policía. De ellos, cinco fueron condenados posteriormente a muerte, y los otros tres a presidio.

A 131 años del conflicto que inició lo que posteriormente se conoció como los “Mártires de Chicago”, Chile se prepara para un nuevo primero de mayo, en el marco de un año de elecciones presidenciales y de entrada en vigencia de la Reforma Laboral, uno de los proyectos emblemáticos del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

En este escenario, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con un historiador, un abogado y una socióloga, todos expertos en el ámbito laboral, sobre las condiciones que marcan trabajo en el país. El diagnóstico fue claro: precarización, retrocesos, una reforma que profundiza las contradicciones y una CUT en deuda, incapaz de liderar el movimiento de trabajadores.

Mal diagnóstico

El panorama laboral chileno podría resumirse, básicamente, en tres características: formas de trabajo precarias (con largas jornadas y bajos salarios), sin organizaciones sindicales relevantes y con trabajadores con escaso poder.

Carla Brega, socióloga e investigadora de Fundación Sol, explica que lo que lo que vemos hoy día en Chile es una estructura de empleo que se caracteriza por tener una “formalidad precarizante”. Hay una amplia contratación en términos formales, pero no asegura ni estabilidad, ni calidad en la medida en que los salarios son muy bajos y las condiciones de trabajo malas”.

En este sentido, la socióloga detalla que en la matriz de relaciones laborales, hay dos tendencias marcadas, una dirigida a la contención salarial; y otra a la contención de la acción colectiva.

“La contención salarial no es sólo en relación a los bajos salarios en general, sino también en el salario mínimo que es muy bajo en relación al PIB per cápita que es muy alto. Lo que tenemos hoy es que el salario mínimo alcanza para un kilo de pan al día, para la locomoción para ir y volver al trabajo y para el arriendo de una pieza básica”, afirma.

Por otra parte, la contención en la acción colectiva tiene que ver con la huelga que no paraliza, “que no tiene efectividad, porque se permite, directa o indirectamente, el reemplazo en huelga. También tenemos que la negociación colectiva se permite, pero reducida al ámbito de la empresa, lo que hace que haya menos incidencia en las decisiones”, señala Brega.

En ese orden, tendríamos una “atomización sindical que es promovida por nuestro modelo de relaciones laborales, donde hay una serie de sindicatos que compiten entre ellos incluso dentro de una misma empresa. Actualmente, hay más de 11 mil sindicatos activos y más de la mitad de ellos, tiene 40 socios o menos, por lo tanto es evidente que nos encontramos en un entramado de relaciones laborales que contiene la acción colectiva y la acción sindical”, afirma la investigadora de Fundación Sol.

El abogado laboralista y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, concuerda con el diagnóstico y agrega que actualmente, los trabajadores carecen de poder en dos planos: “Sin poder en la propia empresa, es decir, sin capacidad de influir en las decisiones que los afectan en su propia empresa; y tampoco tienen poder político, no tienen capacidad de influir en los debates, ni en el proceso político (porque no financian campañas), ni tampoco tienen relevancia en las discusiones públicas sobre el trabajo”.

Trabajadores al ¿poder?

Bajo las coordenadas del sistema capitalista y su modelo neoliberal, una relación laboral entre dos sujetos se construye bajo la premisa de la existencia de un vínculo de “dependencia y subordinación”.

El factor “dependencia” está relacionado con el reconocimiento que realiza el ordenamiento jurídico de que una de las partes, el trabajador, necesita realizar una determinada actividad para poder subsistir. La “subordinación” implica una relación de asimetría donde el empleador, tiene funciones de dirección y vigilancia respecto al trabajador. Significa una relación de predominio social y económico de uno respecto del otro agente en la relación.

Esta asimetría es la que construye el ámbito de las relaciones laborales y se produce cuando el sujeto necesita vender su fuerza de trabajo, su potencial humano, para poder sobrevivir. Es decir, mientras que el empleador organiza, distribuye y manda en el ámbito de las relaciones laborales, los trabajadores intercambian su trabajo por un salario precario. Esta situación resulta particularmente compleja en Chile en la actualidad, considerando que según datos de la Encuesta Casen, el 50 por ciento de los trabajadores gana 300 mil pesos o menos.

“Se trata de una relación social que es producto de un resultado histórico, donde se ha tendido a valorar más el capital que el trabajo. Frente a esta situación de desequilibrio, es la organización obrera la que está llamada a constituir una fuerza del polo debilitado, frente al polo poderoso del capital. Es la fuerza que da la unión de la organización obrera, la que permite contrarrestar este desequilibrio y construir procesos de avance que derivan, por ejemplo en la legislación social”, explica el historiador y académico de la Universidad de Chile, Pablo Artaza.

El experto en historia obrera, sostiene que, en términos históricos, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, hemos tenido un ciclo de notable avance en el movimiento obrero y de relaciones laborales, pero que tiende a terminar con una etapa de retroceso en la legislación laboral.

“Bajo los términos eufemísticos de la “flexibilización laboral”, lo que se ha asistido es a la precarización de la condición laboral, que derivan en formas de trabajo de segunda clase”, sostiene.

Carla Brega, José Luis Ugarte y Pablo Artaza, coinciden en que las cosas no siempre han sido tan adversas para los trabajadores. Parece ser que a partir de 1880 y hasta bien entrado el siglo XX, la situación y el movimiento de trabajadores en Chile iba de la mano con las demandas y los proceso de los trabajadores del mundo.

En este sentido, el punto de quiebre en el proceso de los trabajadores del país fue la Dictadura. El plan laboral impulsado al alero de las siete modernizaciones, diseñado por José Piñera, significó un “desmantelamiento de los avances que históricamente han ocurrido en nuestro país en materias sociales y laborales”, afirma Artaza.

En ese sentido es pertinente mencionar que el Plan Laboral de la dictadura, instaló la negociación colectiva solamente en el nivel de empresas, confinandola a un  espacio cerrado. Hasta antes de ese momento, los trabajadores se agrupaban por distintos oficios y actividades productivas e incluso territoriales. De esta forma, uno de los ejes que ha declarado muy abiertamente José Piñera, fue que el Plan estaba dirigido a la despolitización de la negociación colectiva.

Lo anterior tendría como consecuencia, deshabilitar la posibilidad de que los trabajadores se articulen, evitar la organización y finalmente transformarlos en actores que velan por condiciones muy inmediatas, desconectándolos de un plan a largo plazo.

Por supuesto, las malas noticias para los trabajadores no terminaron ahí, sino que se han perpetuado y profundizado durante las últimas tres décadas.

“Hay una extrema debilidad en el mundo sindical alimentada por los gobiernos de todos los signos. Hay una política deliberada durante los últimos 30 años (y que viene desde la dictadura, pero que se mantuvo en democracia), por invisibilidad al trabajador como actor político. O sea, el sindicato recluido en el espacio empresarial sin capacidad de influir más allá del estrecho marco de los salarios en la empresa, pero eso de los salarios en la empresa. Todo esto es parte de una estructura jurídico-política, que tiene varias dimensiones, que se mantiene intacta y que la Reforma Laboral de Bachelet lo consolida, lo perfecciona”, declara Ugarte.

La incapacidad de la CUT

En Chile actualmente sólo el 14 por ciento del potencial sindicalizable se encuentra adscrito a una organización de trabajadores, sin contar el sector público. “No es sólo una baja afiliación sindical, sino que además implica una baja incidencia en la reformulación de las condiciones laborales y en subir los estándares que pone como mínimos el derecho del trabajo”, explica Carla Brega.

“A nivel de la empresa es poca la presión que se puede ejercer para cambiar las condiciones, por los sindicatos fragmentados y también la baja incidencia para ejercer negociaciones que excedan los límites de cada empresa”, agrega la investigadora.

En este contexto general, y de la misma forma que durante todo el siglo XX, la clave para acabar con la asimetría propiciada por el modelo de relaciones laborales sería la acción organizada de los trabajadores.

Así, todos los ojos apuntan hacia la Central Unitaria de Trabajadores, organismo multisindical que, por su propia naturaleza, debiese agrupar las demandas de los trabajadores y liderar los procesos demandados por todos quienes deben vender su fuerza para sobrevivir.

Sin embargo, los intentos son escasos, la incidencia es nula y los resultados sólo han sido profundizaciones del desmantelamiento de la Dictadura.

“Lo que hace la CUT es lo que en la historia del sindicalismo se llama “Sindicalismo burocrático”. Un sindicalismo que se ha puesto al servicio de los partidos políticos no para emancipar a los trabajadores, sino que todo lo contrario, es un sindicalismo más bien de captura”, afirma enfático Ugarte.

“Lo que hemos tenido han sido tres décadas de sindicalismo al servicio de los gobiernos, y que ha llegado a un punto paradigmático con la CUT controlada por el Partido Comunista y el gobierno de Bachelet. Algunos dirigentes de la CUT mas parecían funcionarios del Gobierno que dirigentes sociales enfrentados a un gobierno. Por lo tanto, el rol ha sido muy triste, de captura, de control, de sometimiento a los trabajadores”, agrega el abogado.

Por su parte, el historiador detalla que “El triste papel que hoy día juegan las organizaciones sindicales del carácter de la CUT, es que hoy día están más comprometidas con lógicas de reclutamiento hacia las estructuras de partidos políticos que están en un contexto de deslegitimación muchísimo mayor. Tenemos una reproducción a escala del drama que enfrenta al sistema político chileno, donde no hay canales de interlocución ni entre la sociedad y el estado, ni entre los diferentes sectores sociales”.

Ante la incompetencia de la CUT para llevar adelante este proceso, la pregunta que surge es cómo los trabajadores asumen un rol político en la construcción de unas sociedades más igualitarias, mas inclusivas y con mejores condiciones para la vida cotidiana.

La respuesta parece estar en la emergencia de un sindicalismo político y autónomo, que pudiera, en base a la unión de los trabajadores, sentarse a dialogar no sólo dentro de sus empresas sino que con en igualdad de condiciones con el poder político que crea las leyes que han mantenido a los trabajadores en su actual condición.

“Yo creo que ese sindicalismo esta poco a poco brotando. Una de las consecuencias del fiasco de la Reforma Laboral es que hay un surgimiento de un sindicalismo que quedó muy molesto con esta reforma. y que se dio cuenta de que la CUT juega un rol de contención mas que de expresión de las demandas de los trabajadores”, señala el laboralista.

En este sentido, el norte sería uno: un sindicalismo autónomo y de naturaleza política. Radicalmente distinto a lo que existe hasta ahora, considerando el rol que ha jugado la CUT.

“Pero hay buenas noticias, la crisis actual muestra que eso se acabó. La CUT como la conocimos está viviendo sus últimos días”, concluye José Luis Ugarte.