Más de mil doscientos es el saldo de damnificados que dejó el frente de mal tiempo que afectó al norte del país. De ellos, 920 viven en la región de Atacama, zona que por tercer año consecutivo es destruida por las lluvias.

Las imágenes de las comunas de Chañaral y Diego de Almagro (afectadas por los desbordes del Río Salado) ya no son una novedad; tampoco las zonas de catástrofe decretadas por las autoridades para poder inyectar más recursos y acelerar la limpieza del sector.

Las explicaciones se centran en los efectos del cambio climático: alza de temperatura planetaria que ocasiona fenómenos inusuales como fuertes lluvias en lugares no acostumbradas a recibirlas. Sin embargo, este no sería el único problema. Las comunidades también responsabilizan a la intervención minera en la alta cordillera como uno de los factores que acelera el desplazamiento de tierras, sumándole ingredientes al desastre.

Mientras eso ocurre en el norte y los alcaldes de la región, agrupados en la Asociación de Alcaldes de Atacama, exigen que se entreguen recursos adicionales a todas las comunas afectadas; el Gobierno no sólo debe resolver la emergencia hidrometeorológica. Adentro, en La Moneda, tratan de responder a los partidos por lo que parece ser un nuevo capítulo del ya conocido fuego amigo.

Esta vez la polémica se inició por el documento electoral presentado por el Ejecutivo, con el que buscaba alinear a los partidos de la Nueva Mayoría en una sola lista parlamentaria, sin importar que existan dos candidatos presidenciales.

Sin embargo, en las huestes oficialistas prefieren seguir aislando a la DC del escenario parlamentario, y ordenando al Gobierno a “no meterse en asuntos propios de los partidos”.

Según se filtró en la prensa, el más molesto con la jugada de los ministros políticos es el presidente socialista, Álvaro Elizalde. El ex vocero de Gobierno habría pedido a La Moneda ser consecuentes con la orden de prescindencia (que prohíbe a los personeros de Gobierno participar de la campaña presidencial), y restarse de este tipo de intervenciones.

Pero este no es el único problema que debe enfrentar el recién asumido mandamás PS. Se agrega el escándalo desatado luego que Mega revelara que el patrimonio monetario del partido de la Presidenta está (entre otros destinos) en empresas como SQM o Pampa Calichera, dos compañías vinculadas a los escándalos de financiamiento irregular, pero también pertenecientes a hombres de la Dictadura de Augusto Pinochet.

Desde todo el espectro político condenaron el quehacer socialista, incluso su candidato presidencial, Alejandro Guillier, cuestionó la cartera de inversiones elegida por el Comité de Patrimonio PS. Sus socios del conglomerado no perdieron oportunidad de sancionar las decisiones financieras, y, desde la derecha, los acusaron de “graves inconsecuencias” políticas.

Esto, principalmente, luego de las críticas lanzadas en contra de Sebastián Piñera. La carta presidencial de Chile Vamos nuevamente es condenada por su escandalosa riqueza. El millonario expresidente declaró poseer 6 mil millones de pesos, cifra 21 mil millones menor que la estimada por la prestigiosa revista Forbes.

En el mismo momento que la incongruencia se hizo pública, el equipo del candidato tuvo que salir a explicar el por qué declararon una cifra menor. Primero, aseguraron que se trataba de un monto ceñido a los factores libro y fiscales, dejando por fuera la tasación comercial de sus activos; después, el propio Piñera argumentó que no hablaría públicamente de plata, porque su madre le enseñó que era de mala educación.

Entre medio de tanta discusión patrimonial, la semana noticiosa trajo un dato que alarma a los chilenos: la cifra de endeudados batió un nuevo récord nacional: en el primer trimestre de 2017 hay alrededor de un 10 por ciento más de morosos que en mismo periodo de 2016.

Los datos entregados por un estudio de la Universidad San Sebastián y la empresa Equifax indicaron que el retail, la banca y la educación son las principales fuentes de deuda de los chilenos.

Alexander Páez de Fundación Sol explica que los números vienen a “sincerar situaciones de desplazamientos de pobreza, producto de la mercantilización de los derechos sociales”, donde factores como los cobros por educación y el sistema de pensiones, impulsan a las clases más desfavorecidas a endeudarse para sobrevivir.

En este escenario, algo de razón tienen las palabras del juez vocero de la Corte Suprema, Milton Juica. El magistrado declaró a La Tercera que “no puede haber personas que usando financiamiento irregular estén en el Congreso”, al menos por decencia.

Su llamado es a la trasparencia, probidad y honestidad de nuestros representantes. Algo que en semana de aluviones parece estar cuesta abajo en la rodada, tal como el barro que se precipita del Río Salado.