Hace un par de semanas, un grupo de parlamentarios socialistas españoles puso en discusión la efectividad de la Ley de Memoria Histórica, normativa promulgada en 2007 que promueve las reparaciones para los familiares y víctimas del franquismo.
El debate tomó fuerza el pasado nueve de mayo cuando la bancada socialista reclamó que la legislación no logró aplicarse en su totalidad producto de un recorte presupuestario.
La denuncia de los parlamentarios además hizo ver que se debe dar otra ubicación a la sepultura de Franco (que hoy se encuentra en el Valle de los Caídos). Esto, a raíz de los costos que le significa al Fisco conservar la tumba del dictador.
Durante el debate también se subrayó la necesidad de crear una comisión para la verdad que se encargue de identificar los cuerpos de desaparecidos, y la creación de un catálogo de fosas comunes. Dentro de otros puntos, el grupo de parlamentarios propuso cambiar el nombre de 14 calles para “borrar las huellas del franquismo” en el país.
¿El fin del Valle de los Caídos?
El pasado jueves el Congreso retomó esta discusión. Durante la jornada el pleno del Parlamento aprobó por 198 votos a favor, uno en contra y 140 abstenciones la idea de exhumar el cuerpo del general para trasladar el mausoleo.
Esta medida no obliga a Mariano Rajoy a decidir sobre el destino de la sepultura, sin embargo, si apunta a que el espacio no sea considerado como un lugar de memoria franquista y nacionalista.
La basílica, que se ubica en el municipio de San Lorenzo de El Escorial en Madrid, fue construida entre 1940 y 1958 producto de dos decretos firmados por Franco.
Luego de la muerte del dictador, sus restos fueron sepultados en la edificación. Esto, pese a que distintos historiadores han afirmado que el militar nunca ordenó ser enterrado en dicho lugar.
