El registro de infractores del Transantiago, más conocido como el “Dicom de los pobres”, será votado mañana martes por la comisión de transportes de la Cámara de Diputados.

Personeros de Gobierno aseguran que la medida propuesta no amenaza la privacidad de los usuarios. Sin embargo, parlamentarios de la comisión, junto con organizaciones como ONG Derechos Digitales, cuestionaron los alcances de este tipo de registros.

La polémica se concentra en la indicación que crea un registro de infractores del Transantiago, es decir, contra aquellos multados por no pagar el pasaje y que ya fue denominado como el “Dicom de los pobres”.

En medio del debate sobre el proyecto de ley que adopta medidas de seguridad y control de este medio de pago, la ministra de Transportes, Paola Tapia, explicó que sólo los que no pagan la multa generada por los fiscalizadores serán los que irán a este listado.

Ante la instancia legislativa, la secretaria de Estado afirmó que es una medida de presión con el fin de reducir la evasión en la locomoción colectiva.

“Este no es un Dicom del Transantiago, este es un proyecto de ley que está dentro de un marco, un plan integral para reducir la evasión, por tanto nosotros no estamos en una lucha contra los evasores, en el sentido de querer pasar más partes, etcétera. Muy importante destacar que a ese registro no va un evasor, sino aquella persona que no paga el transporte, que no paga la multa en el plazo que se indica”, argumentó.

Desde el Consejo para la Transparencia creen que es conveniente limitar el tratamiento de los datos personales de los usuarios, exclusivamente, a efectos estadísticos o de políticas públicas de transporte y se opone a que este registro sea público.

Esto, porque el proyecto de ley establece que cualquier persona podrá acceder a este listado y que no se requerirá de ninguna autorización del titular de la información para hacer tratamiento de los datos.

Con esto desde el Consejo aseguran, se podrían generar bases de datos con la información que, incluso, podría ser utilizada con fines discriminatorios. Así, quienes hayan sido multados por la evasión del pago en el transporte público de pasajeros podrían ser incluidos en “listas negras”, pudiendo afectar su ingreso al trabajo y al crédito, entre otros.

Uno de los parlamentarios que anticipó su rechazo a la indicación es el diputado Giorgio Jackson, integrante de la comisión de transportes de la Cámara Baja. El parlamentario de Revolución Democrática aseveró que está de acuerdo con medidas para reducir la evasión, sin embargo, precisó, que esta medida solo busca “humillar y generar escarnio público en los más pobres”.

“El registro debe ser para asuntos de la cobranza de las multas y no como forma de humillación, como incluso podría imposibilitar a personas a encontrar un trabajo o acceder a otros servicios, por eso nosotros estamos comparándolo con un Dicom porque eso es efectivamente lo que se puede hacer con un registro público como el que propone el ministerio y por eso nosotros vamos a rechazar la publicidad del registro al igual como lo propone el Consejo para la Transparencia de manera unánime”, detalló.

“Es una medida que nació muerta, aseguró el diputado de RN e integrante de la comisión, René Manuel García. Mientras para el legislador de la DC, Claudio Arriagada, el problema de las deudas se resuelve por otras vías, no quitándole los derechos que el Estado le está garantizando. Concluyó que “es una medida poco justa”.

Para Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, no sólo las autoridades carecen de evidencia sobre la efectividad de la medida para resolver el problema de la evasión, sino que genera una tremenda violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables.

“Constituye una pena desproporcionada, discriminatoria e infamante. El Estado en vez de cumplir su deber de proteger la intimidad y los datos de sus ciudadanos, no solamente falla en esa responsabilidad, sino que activamente busca exponer esos datos, donde se pone a una persona en una especie de escarnio público con el sentido de humillarla y como dijo Paula Flores, jefa de la sección de fiscalización del Transantiago, con el objetivo expreso de que esas personas sean discriminadas a la hora de postular a un trabajo o acceder a un crédito.”, subrayó.

La indicación sobre registro de evasores, impulsada por el Ejecutivo, además restringiría el acceso a beneficios sociales. El gobierno busca bajar la evasión a menos de un 30 por ciento, considerando también el aumento de las fiscalizaciones, buses con nuevos torniquetes e instalar cámaras de reconocimiento facial.

El registro de infractores del Transantiago, más conocido como el “Dicom de los pobres”, será votado mañana martes por la comisión de transportes de la Cámara de Diputados.

Personeros de Gobierno aseguran que la medida propuesta no amenaza la privacidad de los usuarios, sin embrago, parlamentarios de la comisión, junto con organizaciones como Derechos Digitales y la Organización para la transparencia expresaron diferencias con las opiniones de autoridades ministeriales.