Los derechos de los migrantes han sido consagrados en diversos instrumentos internacionales, como La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena de Indias y el conjunto de tratados que reconocen derechos a todos los seres humanos, sin discriminación alguna, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Documentos INDH).

La entrada, salida y permanencia en Chile de los extranjeros se rige por el Decreto Ley 1094, aprobado hace más de cuarenta años, durante la dictadura cívico-militar. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha señalado en reiteradas ocasiones la incompatibilidad de dicho decreto con los estándares internacionales en derechos humanos y con las necesidades nacionales y regionales (Informe DDHH UDP 2016).

Hace tres años que se envió un proyecto de ley de migraciones, pero este se encuentra en su primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados. Si bien el proyecto no es adecuado en la medida que no adopta un enfoque de derechos y no se ajusta a los parámetros internacionales en la materia, por lo menos abre la puerta hacia un posible debate parlamentario (Informe DDHH UDP 2016).

El actual gobierno se ha comprometido a modificar el marco legal en materia de migraciones, pero a la fecha no se ha presentado un nuevo proyecto de ley al Congreso, a pesar de ser la mayor demanda de las organizaciones migrantes y representantes de la sociedad civil que trabajan en este tema.

Las cifras oficiales arrojan que a fines del año 2015 residían 410.000 migrantes en Chile, pero en la práctica este número es bastante mayor, pues las cifras estimadas no contemplan a aquellos que tienen permisos temporales o que se hallan en una situación migratoria irregular. Siendo conservadores, el número real de migrantes excede el medio millón de personas (Informe DDHH UDP 2016.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos nos recuerda en sus documentos informativos que toda persona que se ve forzada a dejar su país a causa de la persecución política o por violencia generalizada, conflictos internos o externos que amenacen su vida o libertad, tiene el derechos a asilarse en otro país. El asilo es un derecho fundamental y, aunque debe ser solicitado ante las autoridades del país de llegada, el Estado no decide sobre la condición de refugiado del individuo sino que la reconoce.

Ningún migrante, sea refugiado o no, puede ser discriminado por su raza, su color, sexo, género, creencias, nacionalidad o por cualquier otro motivo. Eso es lo que señalan los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.

Los migrantes tienen derecho a la salud y a la educación, al igual que los chilenos de nacimiento. Todo migrante que tenga un trabajo formal, nos señala el INDH, y sus familiares directos tienen acceso a salud mediante FONASA o ISAPRES. La atención debe ser la misma que se proporciona a cualquier trabajador.

La educación también es un derecho humano, en todos sus niveles de enseñanza, y es deber del Estado asegurar su acceso y calidad. Los niños y jóvenes migrantes tienen derecho a educarse en Chile. En particular, pueden incorporarse a la escuela que deseen, en cualquier época del año; deben tener facilidades para una adecuada adaptación, como flexibilidad horaria, uso de uniforme no obligatorio y exención del pago de mensualidad durante el primer año de escolaridad; tienen el derecho a ser matriculados independiente de la situación migratoria de los adultos a su cargo; deben ser tratados con respeto por quienes trabajan el establecimiento educacional, y contar con los apoyos estatales en el caso de ser necesario (becas de alimentación, útiles escolares y transporte) como cualquier estudiante en situación de vulnerabilidad social y/o económica (Documentos INDH) .

Hace pocos días algunos diputados formaron la bancada migrante, para impulsar el cambio de la actual Ley de Migraciones que rige en el país. La idea de crear esta bancada fue impulsada por el Servicio Jesuita de Migrantes, que convocó a parlamentarios a participar activamente “en la promoción de los proyectos de ley que tengan por objetivo mejorar la situación de los inmigrantes en Chile” (Fuente Radio UChile). Medida insuficiente, pero que al menos visibiliza la urgencia de cambiar nuestra legislación en miras de políticas en inmigración que se ajusten a un enfoque de derechos.

Para ejercer y exigir nuestros derechos es importante conocerlos. Por eso nuestro fin primero es informar y promover una educación en derechos humanos.