La vulnerabilidad infantil es una de las materias de mayor relevancia para diversas instituciones de derechos humanos.

Según el informe Reducir las diferencias: El poder de invertir en los niños más pobres elaborado por la Unicef, las muertes de niños por causas evitables son muy elevadas en América Latina. Se estima que anualmente fallecen 196 mil niños menores de cinco años, de los cuales el 85 por ciento son menores de un año.

Los motivos que reproducen este fenómeno son diversos: falta de intervenciones en la salud pública como en la atención de prenatal, vacunación incompleta, parto mal asistido, desnutrición y otros aspectos más particulares.

Martha Kluttig, especialista en políticas sociales de Unicef en Chile, detalló que uno de cada cinco niños en el país vive en condiciones de pobreza, cifras que están por sobre los otros países de la región pero que siguen siendo muy críticas. Enfatizó que estos índices también consideran los problemas ambientales y los contextos de violencia que afectan a niños y adolescentes.

La profesional comentó que una de las debilidades de las políticas implementadas en Chile es que básicamente son “remediales” y no preventivas, es decir, se aplican una vez que el niño ya está inmerso en un círculo de vulnerabilidad.

Sumado a esta característica, a su juicio, ha operado una política de priorización para aquellas poblaciones consideradas más vulnerables, para que los resultados “salten a la vista” maximizando los recursos. Cuando en realidad, señaló Martha Kluttig, el enfoque debiese ser universal para no caer en ningún tipo de discriminación con la infancia.

“No todos los niños acceden a las mismas oportunidades de desarrollo que aquellos que tienen más alto grupo socioeconómico y eso genera que partan sus primeros años de vida con desventaja que son difíciles de remediar más adelante. Por lo mismo, el abordaje y la inversión que se requiere para los primeros días y años de los niños puede cambiar sustancialmente”, sostuvo la experta.

En conversación con el programa Gente al Día de nuestra emisora, el vicario para la Educación, Andrés Moro, recalcó que la superación de este problema pasaría por crear mejores contextos sociales para los niños. Es decir, afirmó, se debería asumir que la intervención de la familia y el traslado a hogares es el peor contexto para los menores.

“El contexto del ´hogar´ es una fórmula del que la Iglesia también ha sido partícipe y van a tener que existir siempre algunos de estos centros pero hay que asumir que no puede ser la primera metodología de trabajo para niños más vulnerables. Aquí hablamos de las familias sustitutas y los cuidadores ajenos a los lazos familiares. La verdad es que nos cuesta entender que los hogares no han sido la manera más correcta para tratar los problemas de infancia”.

Chile y Panamá: legislaciones deficientes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también abordó la situación que enfrenta Chile en esta materia. En su último informe, correspondiente a las últimas sesiones públicas celebradas en mayo pasado en Buenos Aires, criticó la débil protección que otorga la institucionalidad a los niños.

Un dato relevante que expuso este organismo es que Chile junto a Panamá son los únicos países de América Latina que carecen de una legislación aprobada sobre protección integral a la infancia. La Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena, manifestó su preocupación sobre este aspecto particular.

Hay que considerar que actualmente se encuentra en trámite el proyecto que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, comprometido por el gobierno de Michelle Bachelet. En mayo pasado la iniciativa ingresó con suma urgencia al Senado donde es revisada por la comisión especial sobre infancia y luego pasará a la comisión de Hacienda.

Por otro lado, ese mismo mes la Sala de la Cámara Alta dio luz verde al proyecto que crea la Defensoría de la Niñez.  Sin embargo, esta figura ha sido muy cuestionada por expertos en la materia por las limitadas atribuciones que tendría ante casos de vulneración.

Estas aprehensiones fueron expuestas ante la Comisión Interamericana, según explicó el psiquiatra y presidente de la Fundación Sofini, Rodrigo Paz, quien además apuntó al Protocolo de Minnesota de 1991 donde se establece crear comisiones investigadoras independientes respecto de materias de derechos humanos, lo que a su juicio, no se estaría cumpliendo en Chile.