La Comisión de Constitución del Senado concluyó la revisión del proyecto que busca despenalizar el aborto en tres causales. En la discusión parlamentaria se aprobó la causal de violación como motivo válido para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, además de las que hablan de la inviabilidad fetal y el riesgo de vida materno.
Los legisladores extendieron a todo el equipo médico la “objeción de consciencia”, hasta ahora se contemplaba que solo los facultativos podrían hacer uso del argumento religioso o ético para negarse a llevar a cabo el procedimiento.
Según indican desde prensa del Senado, Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución consultó si “tendrá el mismo derecho una mujer que vive en una zona aislada donde existe un solo médico que ejerza la objeción de conciencia” y aclaró que en ningún caso debe entenderse la libertad como un derecho absoluto. Agregó que en su opinión “el proyecto pondera el derecho a determinación de conciencia del médico y la integridad de la mujer.
En tanto, el senador Alberto Espina, solicitó ampliar “a todo el cuerpo médico”, dicha objeción de conciencia, pues no sería comprensible limitar ese derecho y anticipó que haría reserva de constitucionalidad, al respecto. Asimismo recalcó que “no se puede imponer a las instituciones privadas de salud una obligación que escape a los fines, objetivos y valores en lo que se formó”.
Por su parte, el senador Pedro Araya, señaló que “este es uno de los temas centrales, porque también están en juego otros derechos tan importantes como los de la mujer. El proyecto que presenta el Ejecutivo solo dice que ésta objeción de conciencia solo la puede tener el médico, pero no se puede olvidar que estamos ante la comisión de un delito que no tiene sanción penal en tres causales, por lo que debe alcanzar a todo el personal que se encuentra en pabellón”.
En tanto, el senador Hernán Larraín, manifestó que “este tema atraviesa el eje central del debate. El hecho de que el Ejecutivo haya incluido objeción de conciencia, dice que estamos en una materia muy delicada que se debe resolver bien. Y así tal como está en el texto no lo hace, porque solo la reglamenta desde el procedimiento en que solo el médico puede plantearla y solo bajo ciertas hipótesis determinadas. No hay fundamentación adecuada para solo circunscribir este derecho en un solo profesional”. Además, se manifestó a favor de la objeción de conciencia institucional.
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti, espera “que exista la igualdad en el acceso y que no se utilice la objeción de conciencia en los lugares más alejados y con menos médicos, para justificar no aplicar la ley. El principio de la negación del servicio no es correcto que quede consagrado en la ley, porque se estará en situación desmejorada en aquellos lugares rurales más alejados”. Advirtió que si no se resguarda esta situación “no habrá acceso igualitario y esto generará distorsión en nuestro sistema de salud”.
El proyecto que se encuentra en su segundo trámite parlamentario deberá ahora ser visado por Hacienda antes de ser votado en el pleno del Senado.