Durante los primeros días de julio de 2016 comenzaban las sesiones parlamentarias de la Comisión Investigadora Sename II. Esto, en medio de críticas por la poca claridad ante las cifras de los niños fallecidos,  funcionarios denunciando negligencias y mientras la ex fiscal Solange Huerta asumía como la nueva titular del Servicio.

A un año y luego de meses de trabajo con diversos invitados y testimonios, el protagonismo se centró en el lobby del gobierno para que no se aprobara el informe final en la Sala de la Cámara Baja. La acusación del diputado y presidente de la comisión, el PPD Ramón Farías, fue clara: parlamentarios del oficialismo cedieron a estas presiones de La Moneda y cambiaron su votación a costa del bien superior de los niños y niñas de nuestro país.

¿Cuál fue el motivo de este rechazo? Evitar que se apuntara a las responsabilidades políticas que este informe exigía, como la “negligencia inexcusable” que se mencionaba en el caso de la ex Ministra de Justicia y recién asumida integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javiera Blanco, (DC). Mientras desde el Ejecutivo se preocupan del “aprovechamiento político” del tema y de defender los proyectos que se tramitan en el Congreso, la agenda legislativa sobre infancia avanza a paso lento y con poca claridad ante sus reales efectos.

Por su parte, el Ministro de Justicia, Jaime Campos, tampoco ayuda a apagar el incendio. Este fin de semana, se mostró molesto por la “desprolijidad” y el “negociado” que se presentó en la redacción del texto. Como en desafortunadas declaraciones anteriores, ahora cuestionó: ”Si hablamos de crear una comisión de Verdad y Reparación, vamos a tener que crear pensiones para todos los niños que pasaron por el Sename, incluido ‘El Cizarro“.

A esta falta de respuestas concretas también queda en incertidumbre “el negocio de los entes privados que colaboran para la red”, como lo calificó el diputado independiente René Saffirio.

Con este escenario político, escuchamos otra promesa que debe ponerse a prueba en el Congreso. Durante las próximas semanas, el gobierno ingresaría el proyecto de ley que busca hacer algunas modificaciones al cuestionado sistema de pensiones.

A un año de la primera gran marcha “No + AFP”, que impuso el tema en el debate de las autoridades, la Coordinadora confirmó el pasado viernes una nueva herramienta para mantener la demanda activa. En un masivo acto en la Casa Central de la Universidad de Chile, dio a conocer  la realización de un plebiscito que se efectuará entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre en todo Chile. El objetivo es “avanzar otro paso más en la lucha para poner fin a un mecanismo previsional impuesto durante la Dictadura”. Después de 4 marchas masivas y un paro nacional contra el sistema de capitalización individual, la organización asegura que es  urgente  “concretar esta consulta ciudadana”.

También hace poco más de un año, un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que ofició nuevos estudios psicológicos y sociales a tres condenados por crímenes de lesa humanidad alertó a las organizaciones de derechos humanos. Según el Máximo Tribunal, Gendarmería no habría elaborado estos antecedentes detalladamente en el informe que rechazaba su libertad condicional.

Esto fue leído como una posible puerta que se abría para otorgar beneficios carcelarios a los condenados recluidos en Punta Peuco. Durante varios años, y luego del cierre del Penal Cordillera, familiares de víctimas del Régimen Militar dictadura han exigido a la Presidenta repetir lo mismo con Punta Peuco y poner fin a los pactos de silencio.

Este tema pareció tener una respuesta en estos días. En una entrevista televisiva, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que iba a “cumplir todas las promesas que ha hecho”. Esto, en respuesta a lo que planteó Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del llamado “Caso Quemados”, y el compromiso de la Mandataria de cerrar Punta Peuco en 2015. Aunque luego la propia vocera de gobierno, Paula Narváez, aclaró que no hay fechas y los detalles serían anunciados “en otra oportunidad”.

Tampoco hay certezas sobre la esperada nueva Ley de Migraciones. En mayo de 2016, el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, confirmó una nueva postergación,  porque había que considerar una “inversión significativa”. Este domingo, a poco más de un año de este anuncio, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes sigue movilizada y en esta ocasión marcharon en Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso.

Diversas banderas se observaron por las calles pidiendo esta reforma migratoria y medidas urgentes para resolver los diversos problemas que se observan en el sistema para los extranjeros.

Mientras avanza la semana reaparecen los titulares sobre las negociaciones de las planillas parlamentarias o la ansiedad de los candidatos presidenciales por conseguir mayor respaldo, por lo que aumentan las posibilidades de que estos temas queden en el olvido y se espere un año más para escuchar nuevas promesas.-

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