A mediodía de este viernes, inició una reunión entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y el obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, para abordar antecedentes sobre el proceso de implementación del denominado “Plan Araucanía”. El objetivo de este encuentro, que se concretó en la Intendencia de la Novena Región, fue revisar con mayor profundidad las medidas comprometidas en la iniciativa, que recogió las sugerencias de la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía, liderada por monseñor Vargas.
La llegada de Aleuy fue anunciada para el inicio de esta semana, lo que finalmente se concretó recién este viernes. Pero las dudas sobre el contenido de este Plan se han manifestado desde que la presidenta Michelle Bachelet presentara el documento en La Moneda.
En el Encuentro Empresarial por la Araucanía (Enela) desarrollado el viernes pasado, el obispo Héctor Vargas dijo que la Jefa de Estado solo “dio a conocer los titulares” de la propuesta y no se conoce el contenido propiamente tal.
En ese marco, es que el viaje de Aleuy a la Araucanía fue clave para disipar las incertidumbres sobre el Plan y aterrizar los planteamientos a medidas más concretas, además de aclarar los plazos en que se aplicarían.
Sin embargo, una vez finalizada la reunión, el obispo Héctor Vargas indicó que “falta aún 40% de las propuestas trabajadas en la Comisión Araucanía”.
Mientras, el subsecretario dijo que se hará un trabajo coordinado con el nivel central durante los siguientes siete meses. Respecto de la Ley Araucanía enfatizó que acordarán con los parlamentarios el ingreso del proyecto al Congreso y se estarían perfilando ciertos puntos en el borrador.
Aleuy insistió que “están contra la violencia y de las personas que la promuevan”, por lo mismo todas las medidas van en la línea de terminar con ella. Indicó también que “el Estado no es un reponedor de seguros” y la ayuda a las víctimas de violencia no sería para reparar la totalidad de lo perdido.
Recordemos que el Plan Araucanía fue presentado en junio pasado por la presidenta Michelle Bachelet y, como objetivo general, buscaría terminar con el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche y la violencia rural. En esa línea, se propusieron planes de desarrollo económico, cultural y de seguridad.
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La mandataria se comprometió a ingresar al Congreso -durante los siguientes 60 días- la Ley Araucanía, para fomentar el crecimiento regional, considerando incentivos a los empresarios que se desempeñen exclusivamente en la región y en las comunas más pobres. También, en esa oportunidad, Bachelet pidió perdón a los mapuche y a las víctimas de violencia por la tardía respuesta del Estado.
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Sin embargo, desde el mundo indígena deslegitimaron este proyecto porque no se incluyeron aspectos centrales de las demandas indígenas como un estado plurinacional, autonomía, autodeterminación y territorialidad. Una postura que manifestó presidente de la Unión Comunal de Comunidades Mapuche de Collipulli, Dionisio Prado Haiquil. “Esa mesa de diálogo no tuvo participación como debía ser, nosotros acá ni siquiera supimos. Ese Plan requiere de una participación indígena ampliada y no particular”, sostuvo.
El Plan Araucanía se presentó luego que entre julio del año pasado y enero de este año un grupo de expertos, académicos y representantes indígenas trabajaran en la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía.