La Fiscalía Regional de La Araucanía informó el hallazgo de un nuevo antecedente en el caso Luchsinger-Mackay, el cual pretende ser incorporado como una nueva prueba en la causa, a poco más de un mes del juicio contra los 11 comuneros implicados, cuyo inicio está programado para el 21 de agosto.

De acuerdo a lo señalado por El Mercurio, se trataría de una pistola marca Famae de nueve milímetros, serie 7322, incautada el 12 de agosto de 2016 por Carabineros en un operativo en un predio forestal del Biobío.

Según lo comunicado por la Policía de Investigaciones (PDI), dicha arma podría estar vinculada a siete delitos, entre los que se encontraría la muerte del matrimonio en su vivienda ubicada en la comuna de Vilcún, ocurrido el 4 de enero del año 2013.

Esta conclusión estaría sostenida en las coincidencias entre los restos balísticos que se encontraron en la casa de la familia Luchsinger y la pistola Famae, lo que habría sido determinado a través de un análisis de microscopios electrónicos y un método de comparación denominada IBIS.

No obstante, Rodrigo Román, uno de los abogados de la defensa de los comuneros, explicó que el Ministerio público está fuera de los plazos para presentar pruebas. “Esto es una maniobra política comunicacional de la inteligencia policial que nuevamente arrastra al Ministerio Público, toda vez que este supuesto informe pericial involucraría una de las armas que habrían participado en los hechos del matrimonio Luchsinger Mackay”, afirma el abogado.

“La presentación de este informe hoy, en esta etapa, es absolutamente extemporánea e ilegal. Ellos saben que comenzando el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, este caso irá indefectiblemente hacia una absolución”, agregó.

Por su parte, Luis Torres, abogado de la familia Luchsinger-Mackay, valoró el trabajo pericial de la policía, argumentando que la prueba confirma lo sostenido por el Ministerio Público y reafirma la versión de José Peralino Huinca, testigo clave del caso, quien habría indicado la participación de 25 personas. De este modo, si el Tribunal logra incorporar el antecedente del arma, el Ministerio Público deberá identificar y encontrar a los diez o más involucrados que estarían prófugos.

El relato de Peralino, quien además es uno de los 11 imputados en el caso, ha sido el principal argumento para formalizar a los sospechosos y extender su prisión preventiva por más de un año. Este testimonio no ha estado exento de polémica, principalmente luego de las acusaciones del testigo contra dos funcionarios de la PDI, quienes lo habrían presionado para que se auto-incriminara e involucrara a terceros -los otros 10 imputados- en el delito de incendio con resultado de muerte, tal como lo declaró en la misma audiencia de formalización, hecho por el cual, la defensa de Peralino, presentó un recurso de queja por apremios ilegitimos en contra de los funcionarios policiales, el que finalmente fue acogido por la Corte Suprema.

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En tanto, José Luis Correa, abogado defensor de Hernán, Sergio y Sabino Catrilaf, tres de los imputados, enfatizó en que el antecedente informado por la Fiscalía sobre la pistola Famae, no debería interferir en el juicio. “Esto no puede retrasar el juicio, a lo sumo quedaría una incidencia como nueva prueba, que es lo que pretende hacer el Ministerio Público”.

En este sentido, el jurista argumentó que “para incluir nuevos elementos a un juicio se tienen que cumplir ciertos requisitos, que en este caso no se cumplen”, agregando que “esta información existía antes de la acusación, que es el momento procesal pertinente para presentar todas las pruebas”.

Al igual que Rodrigo Román, Correa acusó que estas acciones corresponden a una maniobra de poderes políticos y económicos para generar presión social e influir en la decisión del Tribunal.

“Esto es una maquinación de los poderes fácticos que existen detrás de esta causa, que tienen como único objetivo, generar mayor presión social, política y económica para influir en los magistrados, porque esta información como elemento de prueba no va poder ser incorporado al juicio. Sin embargo, todos pudimos observar, escuchar y leer en la prensa lo que la Fiscalía pretende ingresar. Aunque esto no ocurra, se ha contaminado el caso”, comentó.

El abogado también recordó la resolución que el Tribunal Oral en lo Penal esgrimió hace dos semanas, cuando decidió absolver de forma unánime al comunero mapuche Sabino Catrilaf, quien estaba acusado por la Fiscalía de tenencia ilegal de armas de fuego y munición.

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