El tema político del momento es la comprobación de cuánto está tutelada nuestra institucionalidad por el Tribunal Constitucional. Una certeza que ha sido  plenamente acreditada en estos 27 años de posdictadura, pero que ahora se hace más evidente con la posibilidad de que leyes importantes aprobadas por el Congreso Nacional puedan en definitiva tropezar con la decisión de los jueces políticos que integran lo que ya se le llama nuestra tercera cámara legislativa. Mientras prevaleció la “política de los acuerdos” entre la Concertación y la derecha, no hubo mucha necesidad de recurrir al Tribunal Constitucional, pero ahora todos reparan en la extraña existencia de un supra organismo con poder para contrariar las decisiones de los tres poderes clásicos del Estado, dos de los cuales son integrados por el ejercicio directo de la soberanía popular. Pese a todos los bemoles que mantiene, ciertamente, nuestro sistema electoral, cuanto la falta de representatividad de nuestras cámaras legislativas y del propio gobierno. Cuando la abstención, como se sabe, se ha constituido en la mayoría ciudadana.

Hasta aquí, siempre se reprochaba la tutela que ejercían nuestras Fuerzas Armadas. Fenómeno que se comprueba constantemente en la condescendencia de nuestra clase política con los más escandalosos privilegios castrenses. “Justicia solo en la medida de lo posible” respecto de los crímenes de la Dictadura; cárceles de lujo para sus más horrendos criminales, sistema se salud, previsión y de pensiones muy por encima de las de la población civil o nuestro sector pasivo. Además de ese más que millonario presupuesto para financiar armas de alta destrucción, como la Ley Reservada del Cobre que les endosa un adicional del 10 por ciento de todas las exportaciones de Codelco, aún en estos tiempos en que el precio de nuestro metal rojo no pasa por buen momento. Hace algunas semanas, el Comandante el Jefe del Ejército rompió groseramente su obligación de no deliberar políticamente y en presencia de las autoridades políticas hizo un llamado a comprender las circunstancias en que se había producido el Golpe Militar y, con ello, el bombardeo a La Moneda y esos 17 años de terrorismo de Estado, violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y suspensión de todos nuestros derechos cívicos.

Lo curioso es que entre los impertérritos asistentes a este nuevo despropósito militar habían ex prisioneros, torturados y exiliados por el Régimen Militar que no dijeron nada, absolutamente nada, ante esta provocación que fuera celebrada, por cierto, por algunos medios informativos, como por esa derecha más recalcitrante que denuncia todos los días lo que sucede en Venezuela, Cuba, Corea del Norte y otros países sin darse por aludidos de lo que sucedió y ampararon por tanto tiempo aquí, y continúa sucediendo en esta curiosa democracia tutelada.

Incluso uno de aquellos candidatos de apellido Kast, que dice tener firmas suficientes para llegar a la papeleta presidencial, se atrevió a afirmar que durante el tiempo de Pinochet, Chile había contado con tribunales de justicia libres e independientes, entendiendo por ello de que el país vivía en pleno “estado de derecho” durante esa espeluznante dictadura.

Una afirmación que causó asombro pero también hilaridad en quienes escucharon éstas y otras sandeces. Entre los que no imaginaban que en nuestra política se mantiene tan viva la ideología nazi entre los descendientes de los oficiales del régimen de Hitler que se avecindaron en Chile, en la Araucanía y, por ejemplo, hasta en la comuna de Paine, donde los militares cometieron los más horrendos crímenes instados y asistidos por éstos inmigrantes.

Sería largo aludir a los propios dislates, también, de la Fach y de la Armada, donde todavía se rinde culto y se mantienen monumentos y otros con los cuales de homenajea, por ejemplo, a golpistas tan consumados como José Toribio Merino, uno de los personajes más probados como instigador y autor de la asonada militar.

Pero lo más bochornoso de todo es recorrer el camino seguido por varios de nuestros ministros de Defensa y comprobar cómo uno a uno han caído seducidos por las lisonjas castrenses y la magnífica experiencia, como cuentan, de navegar en sofisticados barcos de guerra, desplazarse en feroces aviones de combate, subirse a los más modernos tanques y, desde luego, concurrir periódicamente a sus bien dotados casinos y dependencias dispuestos, como bien financiados, a lo largo de nuestra geografía.

Encantados como se aprecia hoy a nuestro actual ministro Gómez quien, al parecer empata el tiempo que le queda en el cargo sin apuro por concretar la promesa presidencial de cerrar el penal de Punta Peuco, ni impulsar la derogación de esa Ley, que ya no es reservada, por supuesto, y mediante la cual las instituciones castrenses siguen apropiándose de recursos que bien pudieran redestinarse a la educación, a la salud  o al desarrollo de tanta infraestructura necesaria para activar nuestra economía.

De la contienda presidencial que se inicia, pese a una que otra alusión, tampoco podemos deducir de los propósitos de los distintos abanderados que pueda haber un cambio importante en estas materias entre éste y el gobierno que lo siga. Pareciera ser que la “familia militar”, como suele reconocérsele,  puede aportar muchos sufragantes en esta contienda y, acaso, influir considerablemente en sus resultados. Toda vez que el universo electoral puede ser que nuevamente no alcance al 50 por ciento de todos los ciudadanos en condición de votar.

De esta forma, entonces, resulta difícil avizorar que se acoten las atribuciones del Tribunal Constitucional o deje de ser una instancia con un poder omnímodo por sobre las decisiones soberana del pueblo y de sus supuestos representantes. Menos, todavía, que los privilegios castrenses puedan restringirse o animen a nuestros gobernantes acercar al mundo civil a sus condiciones en materia de ingresos, seguridad social y otros.

Menos, todavía, ¡valga la insistencia!, cuando las expresiones de izquierda, del progresismo o de las nuevas generaciones de chilenos persistan en sus divisiones y caudillismos, reconociendo su distancia respecto de los intereses y demandas de los millones de trabajadores y chilenos afligidos por el sistema imperante. Agravado todo por la insensibilidad y avidez de los poderes reales de nuestro Estado; es decir, de las patronales criollas, los inversionistas foráneos, como de sus delegados en la administración pública.