En la edición del 17 de julio pasado el Diario Financiero, medio de prensa en papel que lee la élite de nuestro país, publicó un atractivo reportaje titulado “Alcalde Torrealba a Horst Paulmann : proyecto Alto Las Condes 2 no se va  hacer nunca, jamás”, noticia que fue replicada por otros medios de negocios.

Estamos hablando del invasivo mall de US$ 500 millones que Cencosud, con trampas, desea edificar en un terreno de un poco más de 2 hectáreas, localizado en la esquina de las avenidas Presidente Kennedy y Padre Hurtado, comuna de Vitacura, enfrente de su otro mall denominado Alto Las Condes, comuna que colinda con Vitacura.

Sobre el asunto, en ocasiones anteriores, ya nos hemos referido y lo hacemos nuevamente para dejar en claro que son aviesas mentiras las interpretaciones que divulgan ciertos diarios sobre este caso. Está claro que se ha pretendido distorsionar los hechos acaecidos. A modo de ejemplo, El Mercurio publicó una alegre nota en la cual decía que a mediados de 2016 la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección de esa empresa, con lo cual se hizo recuperar la facultad que tenía Cencosud para edificar su centro comercial.

Para no ser menos el diario La Tercera, en su edición del domingo 23 de julio pasado, a sabiendas que el permiso está caducado, publicó una nota titulada “El Plan B de Paulmann para viabilizar su proyecto Alto Las Condes 2 en la comuna de Vitacura”, diciendo que Cencosud ha contratado a una oficina de arquitectos para que presenten en el Concejo Municipal de Vitacura algunos anteproyectos para que ambas partes queden conformes (?), creyendo con supina ignorancia que podría ser conversable el volumen y características del proyecto.

Ahora bien, repetimos ciertas situaciones determinantes que hemos expresado en diversas  oportunidades, reiterándoles a los empresarios más poderosos de Chile que el  sistema de libre mercado exige que todos los actores productivos que se desenvuelven en los distintos sectores de la economía se enmarquen en las reglas del juego, siendo muy mal vista la competencia desleal y por ello la fundación Defendamos la Ciudad, tiempo atrás, se vio en la obligación de denunciar en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Vitacura y en la Seremi de Vivienda y Urbanismo que el permiso de edificación del año 2000, comprado por su actual titular, Cencosud, a otro empresario en el año 2010, estaba caducado por el imperio del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Estos permisos vencen a los 3 años si no se han ejecutado ciertas faenes descritas en esa disposición reglamentaria.

En razón a que ambas reparticiones públicas “se tiraban la pelota”, por lo tanto, sin que ninguna resolviera la denuncia conforme a derecho, fue necesario entregar todos los antecedentes en la Contraloría General de la República, ente fiscalizador que en 2 dictámenes sucesivos estableció la caducidad de ese acto administrativo por la razón antes indicada. Es más, en una presentación en la Contraloría, Cencosud reconoció formalmente que el permiso de marras estaba caducado, expresando que en el mercado inmobiliario ello es reiterativo, razón que no justificaba que solo a esa empresa se le exigiera el cumplimiento de la OGUC (sic).

En conocimiento de las resoluciones de la Contraloría, en una operación asaz temeraria Cencosud convenció al Seremi, arquitecto Aldo Ramaciotti, para que éste oficiara a la directora de Obras de Vitacura en orden a que convalidara el permiso de edificación a pesar de que estaba caducado. Ese funcionario público, con un justificativo absolutamente fuera de lugar, le dijo a ella lo que Cencosud quería. Como este intento funcionario que satisfacía los deseos de la empresa era muy pueril, la destinataria del oficio, arquitecta Pamela Ortiz, lo dejó en su escritorio sin darle la menor importancia a lo que allí se decía.

Ante ese curioso comportamiento público, Defendamos la Ciudad le pidió a la Contraloría que iniciara un sumario administrativo en contra del Seremi por su obsceno ex abrupto, lo que trajo por consecuencia inmediata su arrepentimiento formal, luego quedó firme la caducidad del permiso declarada por la autoridad municipal conforme a lo dicho por la Contraloría.

Por ello, la indignada empresa Cencosud interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de ese Seremi, ya que el lucrativo negocio inmobiliario se le estaba yendo de las manos. Como vemos, Paulmann ha intentado por todos los medios imaginables que se mantenga la vigencia de ese permiso, pues las normas urbanísticas allí contenidas, que son las que tenía el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes en aquel entonces, son en extremo exageradas y por ello el proyecto contempla una elevadísima inversión.

El caso llegó finalmente a la Corte Suprema, la que no se pronunció sobre el fondo de la discusión, cual es la caducidad del permiso cursado hace 17 años atrás, teniéndose en cuenta que los magistrados que firmaron la sentencia solo sancionaron al Seremi y a la Directora de Obras exclusivamente por el contenido de sus intercambios de oficios. Nunca la Corte aludió a los categóricos dictámenes de la Contraloría, entre otros motivos, porque la sagaz empresa privada evitó objetar en los tribunales lo expresado por el ente fiscalizador.

En resumen, el alcalde Torrealba está ejerciendo sus facultades en forma coherente con los fallos judiciales y ahora Cencosud, del segundo personaje más rico del país, tiene todas las puertas abiertas en esa municipalidad para solicitar, previo Certificado de Informaciones Previas (CIP) que cursa la DOM, un permiso de edificación adscribiéndose a las actuales normas urbanísticas del PRC de Vitacura, las que son bastante más restrictivas que las que tiene el permiso caducado.

Por lo señalado en este opúsculo se justifica plenamente el título del mismo.