El viernes 11 de agosto pasado se reunieron en el pirulo y tradicional castillo Las Majadas en Pirque, los dueños, directores y gerentes generales de las empresas más poderosas del país con el objetivo de promover la cultura de la integridad empresarial, ello en respuesta a las prácticas abusivas e ilícitas cometidas por parte de muchas de ellas.

El encuentro fue organizado por la influyente Corporación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Alfredo Moreno, hombre fuerte de Penta y ex canciller de Piñera, quien en el ejercicio de ese cargo ministerial tuvo el despropósito de negar ante la OCDE el deplorable episodio de la ilegal planta termoeléctrica Campiche ejecutada por AES Gener en Puchuncaví, lo que se publicó el 07/12/11 en Ciper, ver link

Pues bien, esos distinguidos prohombres en su encuentro mencionado en el primer párrafo hicieron un mea culpa por los diversos episodios deshonestos que se conocen y después de los discursos de rigor todos firmaron un acuerdo formal en el cual se comprometieron a respetar las reglas del juego de los mercados, apegándose siempre a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, lo cual, aunque tardío, debe ser valorado por la ciudadanía.

Sobre lo anterior, debemos tener presente que en el episodio MopGate, gobierno de Lagos, se entregaban sigilosamente sobres cerrados llenos de dinero a diversas autoridades y cuando ello se detectó, hubo un acuerdo político promovido por Longueira, mediante el cual se publicó la ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo para rayar bien la cancha y para evitar la repetición de esos pagos truchos.

Además se informó a la opinión pública, con ánimo tranquilizador, que nunca más se suministrarían esos indignos sobres, pues se aumentaron los sueldos en un alto porcentaje a todos los funcionarios del Estado, ello para impedir prácticas dolosas. Esa sustancial mejora salarial no produjo el efecto buscado ya que todos sabemos que continúan campantes los fraudes, los hurtos, los arreglines público-privados y todas las demás lacras que la prensa divulga.

Por ello sostenemos que esa publicitada actividad empresarial es una simple operación para cazar incautos y en tal sentido a continuación damos cuenta de una repetición de malos comportamientos de la importante empresa ENEA, propietaria de unas 2.000 hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel, la que intentó ejecutar un Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 300 de esas hectáreas, negocio inmobiliario que no prosperó debido a la denuncia que hizo la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría, pues ese privado, no se allanó a cumplir las obligaciones contenidas en la ley. Uno de los 2 propietarios de Enea era la española Enersis, hoy día de la italiana Enel, la misma que tiene dificultades para entregar el servicio de energía eléctrica a sus clientes cautivos. Hoy Enea, al comprarle en el año 2010 a Enersis el 55% de las acciones, le pertenece en su totalidad a la familia Guzmán Nieto.

Pues bien, continuando con ENEA, cuyo actual giro de negocios es la explotación de centros industriales “inofensivos”, tales como oficinas y bodegas, debido a otra denuncia de Defendamos la Ciudad de hace unos 12 años atrás, pues la municipalidad de Pudahuel tiene la costumbre de interpretar erróneamente los instrumentos de planificación territorial  (PRMS y PRC), la Contraloría General de la República objetó mediante los dictámenes  Nº 14.711 del 03/04/06 y Nº 44571 del 21/09/06 una avivada de su filial Sociedad Agrícola Pastos Verdes Limitada para que el terreno área verde denominado Parque intercomunal “El Tranque” en el artículo 5.2.3.1 de PRMS se transformara en habitacional mixto, con lo cual ese privado obtendría más adelante una importante plusvalía con la ejecución de 2 Condominios de viviendas unifamiliares llamados Jardines de Vespucio I y II, ya construidos y vendidos a cientos de familias.

En esos dictámenes la Contraloría exigió la invalidación de los permisos de edificación, dejando establecido además que un “convenio municipal-privado” (sic), autorizado por el Decreto Alcaldicio Nº 2972 del años 2002, asociado a la interesada modificación del PRC era improcedente. Los condominios se construyeron porque tanto el municipio como el Seremi de Vivienda y Urbanismo expresaron que la invalidación no correspondía, pues ya habían transcurrido más de 2 años desde la emisión de los permisos y a través del posterior dictamen Nº 2788 del 17/01/07 la Contraloría, desdiciéndose de sus resoluciones anteriores, le dio el visto bueno a las edificaciones en atención a rebuscadas interpretaciones, anulándose en todo caso el incorrecto Decreto Alcaldicio Nº 2972.

Ahora bien, tiempo después, en el marco de la declaratoria de utilidad pública del Parque “El Tranque”, establecida en la ley Nº 20.791 de fecha 29/10/14, la cual entregó un plazo de 6 meses para que este tipo de parques fueran liberados de su utilidad pública, Enea le ofreció al municipio una permuta que le iba a permitir a ella la desafectación de 11 hectáreas de 15 del Parque para construir allí diversos equipamientos industriales. La contraprestación era materializar en el parque un área verde de uso público de 4 hectáreas, manteniéndolo por 5 años y entregándoselo al municipio al final del período, propuesta que fue rápidamente aceptada por el alcalde (PS) Johnny Carrasco con la oposición de algunos concejales.

En todo caso este “negocio” fue denunciado por los organizados dirigentes sociales de la comuna al intendente Claudio Orrego, quien fue al lugar de los hechos para conocer el entuerto pero sin “cortar el queque”, luego, sin decirle al alcalde que ese canje territorial era improcedente y por lo tanto ilegal. La artimaña no prosperó por un dictamen de la Contraloría, con lo cual las 15 hectáreas verdes volvieron a ser de utilidad pública.

En ese apetecido territorio, reiteramos, definido como área verde intercomunal en el PRMS, con declaratoria de utilidad pública, como ya está dicho, la misma ENEA obtuvo después de esa bondadosa municipalidad un anteproyecto de fecha 14/01/15 y un permiso de edificación de fecha 08/04/16 para construir un centro de eventos de 24.253 m2 al que, para vender la pomada, se le agregó el amistoso nombre de “recreacional y deportivo”.

Lo anterior, con el agravante de que se mantenía la utilidad pública y, sin perder su conocido e inmoderado sesgo inmobiliario, el Seremi de Vivienda y Urbanismo en su oficio Nº 3348 de fecha 28/06/16, contestándole a los vecinos, decía que él no objeta esos actos municipales, razón por la cual esos vecinos, con el refuerzo de la concejal (PS) Lavinia Reyes, recurrieron ante la Contraloría cuestionando el proceder de las desubicadas autoridades administrativas. La acción oportuna de los vecinos, logró como resultado el dictamen Nº 92512 de fecha 26/12/16, donde se declara que los permisos están mal otorgados, pues ambos actos administrativos para el centro de eventos fueron cursados en una fecha posterior al plazo fijado en la Ley Nº 20.791.

Ante este golpe a la yunta municipio-Enea, que obligaba al Director de Obras Municipales (DOM) a invalidar los permisos, el alcalde solicita ingenuamente al contralor una reconsideración, haciendo valer que antes de la publicación de esa ley, Enea había solicitado los permisos, a pesar de que, como todos sabemos, las meras “solicitudes” no generan derechos adquiridos. ¡ Qué dijo la Contraloría al respecto !  : “………….la actuación de la DOM en orden a aprobar el anteproyecto del caso, y otorgar el permiso pertinente, no se ajustó a derecho por cuanto al momento de dar tales autorizaciones  -esto es, una vez publicada la ley Nº 20.791-  el terreno a que se refiere se encontraba afecto a declaratoria de utilidad pública”.

En vista de ello, la singularizada asociación público-privada llegó a la conclusión de que el camino óptimo para dejar en nada el dictamen de la Contraloría era la interposición de un recurso judicial. Y así fue como Enea, en rol 6579-2017,  llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago acusando a la Contraloría en cuanto a que con su dictamen, por ser erróneo, se perjudicaba su derecho a ejercer una actividad comercial legítima. Como era de esperar, los magistrados en fallo del 25/07/17 confirmaron el dictamen del ente fiscalizador, por lo tanto rechazaron la pretensión del pícaro privado. Pero, como en pedir no hay engaño, tal como lo dice el aforismo, Enea apeló en fecha 03/08/17 ante la Corte Suprema, con la vana esperanza de que esta superior instancia judicial acoja su pretensión mercantil.

Los vecinos de los condominios Jardines de Vespucio I y II nos han informado que ahora Enea está loteando predios para industrias “inofensivas” en una zona definida  como área verde complementaria a equipamientos recreacional y deportivo, según el artículo 5.2.4.1 del PRMS, materia que ellos próximamente denunciarán en la Contraloría. A la luz de los malos resultados que han tenido los emprendimientos de Enea en Pudahuel, ejecutivos de esa empresa en compañía del alcalde Carrasco y otros personajes municipales viajaron la semana pasada a Brasil, para relajarse y pasar las penas.

En conclusión, en razón a que los milagros son posibles, esperaríamos que Enea a partir de ahora se enmarque en las directrices empresariales establecidas recientemente por la CPC en el Castillo Las Majadas de Pirque.