En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Consejo Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se refirió al proyecto de migración que el Gobierno ingresó al Congreso y que cuenta con suma urgencia.

Para Thayer se trata de una iniciativa enfocada en la seguridad interna, es decir, con normas para “protegerse de los extranjeros”, en vez de concebirla para garantizar sus derechos humanos. Esto, explicó, porque se establecen una serie de condiciones para poder acceder a los derechos sociales.

Dentro de los ejes que integra la iniciativa se cuentan realizar un Registro Nacional de Extranjeros y fijar condiciones de prohibición de ingreso sumados a las visas de turista, visitante, residencia y zona fronteriza.

El investigador recalcó que ya en 2016 se le advirtió al Gobierno que este proyecto no podía ser debatido en un año electoral por los riesgos de caer en aprovechamiento desde distintos sectores con el tema. “Se ha asociado migración y delincuencia o migración y enfermedad con un objetivo político”, enfatizó.

Además, Thayer sostuvo que el enfoque de seguridad sólo le favorecería a La Moneda para instalar dinámicas restrictivas: “El primer enfoque que nosotros considerábamos prioritario es que se garantice los derechos de los migrantes independiente de su condición administrativa”.

El sociólogo analizó algunos de los puntos relevantes que incorpora el proyecto. En particular, explicó que el enfoque de seguridad se define como “aquellas personas o agentes que potencialmente podrían generar daños en una sociedad”.

“Si se analiza los artículos de este proyecto, yo diría que el 80 o 90 por ciento se refiere a mecanismos de control o de expulsión y no atiende el fenómeno que está ocurriendo en la sociedad chilena que es el de convertirse en una sociedad multicultural”, señaló.

Mientras, la socióloga y profesora de la Universidad de Chile, María Emilia Tiyoux, enfatizó que la lógica de la seguridad interior o nacional, se vincula a intereses dictatoriales y no democráticos que se debe ocupar del bienestar de toda la población.

“Lo más grave es que este proyecto no se hace cargo de la manera racista y xenófoba en que se trata a la gente y eso no nos hace una sociedad moderna ni más democrática. Esa es la preocupación de lo que viene para adelante sobre el trato a los niños, a las mujeres migrantes”, dijo.

Desde el mundo político, valoraron que el Gobierno le otorgara suma urgencia a esta iniciativa porque con esto debería pasar al Senado durante los siguientes 15 días.

Las críticas sobre el manejo que ha tenido el Gobierno sobre este proyecto han sido transversales por la poca información que se conocía sobre su contenido hasta hace dos semanas atrás.

Desde la Nueva Mayoría recalcaron en la necesidad de concentrarse en este proyecto y, en la misma línea, desde la oposición dijeron esperar que al fin de esa administración se cuente con esta anunciada legislación.