“Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, proclamó el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”.

La presentación de esta nueva fuerza de la era post conflicto, autodefinido como “revolucionario” y “de carácter amplio y diverso”, se hizo en la Plaza Bolívar, en el corazón político de Bogotá, a escasos metros de la sede presidencial.

El líder máximo de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nombre utilizado desde su surgimiento en 1964, reiteró su pedido de perdón por los miles de crímenes cometidos durante más de medio siglo de conflicto armado.

Londoño invitó a conformar “un movimiento de movimientos” en torno a las causas que proclamaron los rebeldes en 53 años de lucha armada: justicia social, reforma agraria y educación y salud gratuitas y universales.

Además, hizo énfasis en la lucha anticorrupción y antipatriarcal, y en la inclusión de sectores marginados, como negros e indígenas, aunque sin proclamar el comunismo que defendió la organización como guerrilla.

“Todo cambia para que nada cambie. Se hace muy notorio que las FARC tienen dos miedos: el miedo a morir y el miedo a envejecer. Porque no se han renovado en el nombre y esto no va a tener mucha sintonía entre las clases medias y urbanas. En todo caso, son un partido minoritario”, aseguró a RFI el sociólogo Fabián Sanabria.

Los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 garantizan 10 cargos en el Congreso para las FARC, cinco en cada cámara, aunque deberán participar en la contienda electoral prevista para el año próximo. En caso de que no alcancen los escaños por votación popular, se les otorgarán los necesarios hasta cumplir la cuota acordada.

Entre los precandidatos hay excomandantes guerrilleros como Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez y Victoria Sandino.

Al tiempo que lucharán por votos, las FARC deberán responder ante jueces especiales de paz por sus delitos de guerra. El acuerdo de paz prevé que podrán recibir penas alternativas a la prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.