Este próximo 3 de septiembre se cumplirán 93 años de la singular protesta de oficiales del Ejército en el Congreso, el denominado “ruido de sables” de 1924, con el cual presionaron a los legisladores a aprobar rápidamente una agenda social que contenía medidas tales como -o sorpresa- la jornada laboral de ocho horas, la supresión del trabajo infantil, la reglamentación del contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la ley de cooperativas y la creación de los tribunales de conciliación y arbitraje laboral.
Casi cincuenta años después, en 1973, el ruido de sables se volvió estrepitoso al ser acompañado de bombardeo contra La Moneda, tanques en las calles y con una agenda casi diametralmente opuesta a la de 1924.
Hoy nos encontramos con una variante de este tipo de deliberación castrense, que podríamos denominar “ruido de botas”. Es decir el sonido que provoca el paso de tropas a “paso de ganso” en un lugar no presupuestado y como gesto de apoyo a manifestantes que abogan por la intervención militar para liberar sujetos encarcelados en un penal especial. Unos ancianos tenebrosos, condenados por delitos tan graves como secuestros, tortura, asesinatos y desaparición forzada.
Otra variante de “ruidos” son las declaraciones del general ® de Aviación, Ricardo Ortega, que se asume como vocero de inquietudes y odios que se estarían acumulando entre los militares, lo cual haría imprudente cerrar el penal de la discordia. Es evidente su intento de presionar al gobierno y demás poderes del Estado, deslizando el cuestionable argumento que el cierre del penal y el traslado de estos presos no solo los humillaba a ellos sino también a la institución. Manifestando su conmoción por el estado de algunos de estos reos que han sido condenados pese a su avanzada edad y enfermedades, preguntándose si acaso se pretende torturarlos o matarlos.
Cabe responderle al general ® Ortega y a otros que incentivan el “ruido de botas” que las víctimas de los confinados en Punta Peuco no pretenden torturarlos, ni matarlos, sino obtener verdad y justicia. Que los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como los ex prisioneros que fuimos salvajemente torturados, nunca hemos perseguido ancianos enfermos, sino criminales que han sido protegidos por el Estado y las FF.AA. mediante diversas maniobras dilatorias con el resultado ahora visto. Y que estos adultos mayores, estando con sus facultades mentales intactas se han negado a entregar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos y otros datos relevantes para las causas.
Pese a las simpatías que nos despierta el “ruido de sables” de 1924, por sus resultados, no propiciamos ninguna forma de deliberación castrense y de intervención en contra de la institucionalidad democrática. En estas materias sólo cabe recordar la doctrina establecida por el general René Schneider quien manifestó con motivo de la elección de Salvador Allende en 1970 que “el Ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del cincuenta por ciento de los votos… Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado”. Lamentablemente en octubre de ese año el general constitucionalista cayó asesinado por un comando terrorista de extrema derecha.Hacen falta militares como él para que este país tenga mayores garantías de no repetición de los horrores vividos bajo la dictadura.
