En la prensa económica se suele hacer referencia a las “startups”, concepto anglosajón que reemplaza a términos hispanos como empresa emergente, de arranque o incipiente, un modelo de negocios aplicado a firmas que buscan emprender una nueva actividad, basada en una idea generalmente innovadora, y por lo tanto, con mayor riesgo, asociada al desarrollo de tecnologías, diseño web o aplicaciones, que buscan facilitar procesos complicados, enfocados a diferentes temas y usos.
Estas compañías emergentes suelen buscar financiamiento a través de capitales de riesgo, capitales “ángeles”, o mediante las llamadas Oferta Inicial de Monedas (ICO, por su nombre en inglés), una fórmula para recoger los aportes de capital de riesgo que permite eludir los rigurosos y regulados procesos de bancos u otros inversores de capital institucionales.
La ICO es, en resumen, un medio no regulado por el cual una nueva empresa consigue financiación por medio de criptodivisas. Es decir, en una campaña ICO, los inversores compran las criptomonedas que ofrece la empresa con dinero tradicional u otras divisas virtuales que se conocen como tokens y que hacen el papel de las acciones que coloca una empresa cualquiera. Si el dinero recaudado no alcanza, éste se le regresa a los inversores y la campaña ICO fracasa. Si se recoge el dinero necesario en el plazo estipulado, los fondos se usan para iniciar o completar el proyecto.
En este modelo de negocios, la startup generalmente genera un documento que describe el proyecto, las necesidades que cubrirá, cuánto dinero necesita para partir, la cantidad de divisas virtuales que los inversores conservarán (“acciones”), la clase de dinero que se acepta, y la duración de la oferta. Como en el mercado bursátil, los inversores en estas campañas apuestan a que el proyecto sea exitoso y el valor de la divisa virtual de la nueva firma crezca, constituyéndose dicha alza en la renta del financista.
En este sentido, las ICO son parecidas a las ofertas públicas iniciales de acciones y el crowdfunding, pero las primeras tratan con inversores, mientras que las ICO con seguidores, tal como en el crowdfunding, aunque sus seguidores buscan retorno sobre sus inversiones, mientras que, en el crowdfunding, los aportes son básicamente donaciones.
No obstante que ha habido campañas ICO exitosas en el ámbito de negocios de la era digital, los inversores aún se muestran desconfiados porque algunas campañas han terminado siendo fraudes, debido a que las ICO no están reguladas por ninguna autoridad financiera (tal como sucede con las criptomonedas y de allí su convergencia), razón por la que fondos eventualmente perdidos en estas inversiones son irrecuperables.
En dicho marco, el Banco Popular de China informó en su sitio web a inicios de esta semana que, tras haber completado sus investigaciones sobre las ICO en la potencia asiática, castigará estrictamente estas ofertas en el futuro y penalizará las violaciones legales en aquellas que ya se realizaron. El regulador dijo que quienes ya han recaudado dinero a través de este mecanismo, deberán reembolsarlo, aunque no especificó cómo se devolverá el dinero a los inversionistas.
También prohibió que las plataformas digitales de financiación y de negociación de monedas virtuales realicen conversiones con monedas de curso legal. En China, las divisas digitales no pueden utilizarse como moneda en el mercado y se prohíbe a los bancos ofrecer servicios de ofertas iniciales de monedas, al tiempo que otros controles financieros dificultan el cambio de yuanes por divisas extranjeras que les permitan a sus ciudadanos realizar compras en el exterior. Estas férreas normativas internas habían popularizado el uso de criptomonedas en el gigante asiático, como un medio fácil, rápido y seguro para sacar capitales al exterior, presionando su demanda y haciendo subir su valor al punto de que, hasta agosto, su apreciación superó en alza a conjunto de las monedas de curso legal del mundo (sobre 70% este año).
La decisión del Banco Central Chino hizo caer el lunes el tipo de cambio del bitcoin en hasta en 11,4% su mayor descenso desde julio, a US$ 4.326,75, mientras que el ethereum, otra criptomoneda que compite con las bitcoins, anotaba una caída de más de 16%, según datos de Coindesk.
Se trata, pues, del mayor reto regulador sufrido hasta el momento por el floreciente mercado de las monedas virtuales y sus efectos en el desarrollo de aquellas está por verse, dada la importancia financiera de China. En efecto, aunque las criptomonedas son un mercado emergente -analistas e inversores en estas monedas digitales han estimado que su valor, hacia fines del proceso de emisión planificado, podría elevarse hasta los US$ 100 mil- su circulación se ha ido extendiendo en el mundo.
Los circuitos financieros y comercio institucionales las han ido adoptando paulatinamente, precisamente por el hecho de no ser reguladas por ningún banco central, ni autoridad, sino solo por la oferta y demanda; por su seguridad cibernética y el anonimato que posibilita. Estos factores son un evidente atractivo para su uso en áreas grises como la elusión de impuestos, u obscuras, como la evasión o venta de bienes prohibidos (como drogas y armas), mientras que su aceptación en el mercado formal ha ido en rápido aumento, sustituyendo a otras divisas controladas por las naciones que las emiten.
Así, tal vez el Gobierno chino, en su lógica de ingeniería social, esté intentando tapar el sol con una mano, al prohibir el uso de una criptomoneda que, como otros medios de cambio -p.ej. el tradicional oro- suelen superar todas las barreras normativas nacionales cuando una situación económica determinada lo aconseja, y porque, cuando una ventaja tecnológica se impone sobre el modo anterior de hacer algo, la lucha por el statu quo suele ser en vano, porque todo en la naturaleza tiende a la mayor eficiencia y ahorro de energía, tal como lo demuestran tecnologías como Uber o Airbnb, que, no obstante sus opositores, llegaron para quedarse.