“Consideramos grave que al único sector que ha asumido sus culpas del ayer se le discrimine  tan abiertamente”. Así lo expresaron ex comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y ex generales directores de Carabineros a través de una carta publicada en El Mercurio, para referirse a la aplicación de la justicia para el sector.

En el texto titulado “Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros” afirmaron que se han trasgredido las garantías procesales en la aplicación de condenas donde muchas veces se ha actuado a partir de denuncias difíciles de probar.

La publicación  señala que se han aplicado penas cada día más altas muchas veces por presunciones y que se observa un ensañamiento para mantener presas a personas ancianas.

Agregan que otra de las discriminaciones de las que se consideran “víctimas” sería “el anunciado cierre del penal Punta Peuco que, en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad”. Además, de la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y el sistema retroactivo.

De los firmantes, se encuentra el ex comandante en Jefe del Ejército, José Miguel Fuente-Alba, investigado en el caso del Fraude en el Ejército por lavado de activos ante el aumento injustificado de su patrimonio; el ex comandante Óscar Izurieta, registrado como uno de los militares que recibe doble pensión por parte de las Fuerzas Armadas y que fue citado a la Comisión Investigadora de la Cámara por jubilaciones vía Capredena. El mismo caso del ex comandante de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, que recibe una pensión de sobre 4 millones de pesos y otra por 700 mil pesos.

También se suma, el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, imputado en el caso de fraude de Carabineros por lavado de activos, malversación y asociación ilícita.

Abogados de DD.HH: Ellos han sido defensores de los victimarios 

El abogado de causas de derechos humanos, Hernán Montealegre, rechazó la opinión de los uniformados “De lo que yo conozco todos los juicios que se han llevado contra los uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos han sido estrictamente apegados al debido proceso. Ellos han tenido sus defensores que se han desempeñado con completa libertad”, sostuvo.

Afirmó que si se trata de hablar de discriminación lo que realmente se puede considerar injusto es que sólo se han procesado y condenado a militares por delitos de lesa humanidad y los responsables civiles se han apartado en muchas de las causas.

El jurista apuntó que “hay muchos civiles que tuvieron altos puestos en la dictadura, en el ministerio del Interior, Justicia, en las subsecretarías y que nunca han sido llevados a proceso y si es que se hizo fue un día de presidio y les dieron libertad. Eso es un trato discriminatorio”.

Mientras, el abogado Cristián Cruz restó legitimidad a la crítica porque, a su juicio, viene de ex altos rangos de las Fuerzas Armadas que nunca han colaborado para esclarecer muchas causas judiciales que siguen paralizadas por falta de antecedentes que ellos deberían manejar.

“Hoy día todos ellos están cuestionados por haber dirigido instituciones que han defraudado, es decir, no sólo cometieron delitos contra las personas sino que contra el patrimonio. Son personas que están completamente alejadas de la realidad, que tienen millonarias pensiones y que tienen hijos o familiares que, en general, se han enquistado en el aparato público”, indicó.

Las ex autoridades militares solicitaron al Gobierno no poner en riesgo los logros en materia de justicia ante el anuncio del cierre del penal Punta Peuco. Recordemos que este penal es catalogado como una “cárcel de lujo” para los condenados por delitos de lesa humanidad y según datos de Gendarmería, el Fisco gasta al menos cinco veces más en mantener a estos internos que a los reos de las cárceles comunes.

Gobierno: “La herida está abierta y la única manera de cerrarla es con verdad y justicia”

Consultada por las aseveraciones de los ex altos militares, la ministra vocera de la Moneda, Paula Narvaez, enfatizó que el único camino posible es la verdad, justicia y reparación, y  agregó que, “afortunadamente, la democracia no se lesiona, ni las instituciones de la República tampoco, cuando actúa la justicia (…) poner eso en entredicho es quitarle legitimidad a nuestra institucionalidad”señaló.

Misma postura manifestó la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien apuntó a la necesidad de construir una mirada común a partir del esclarecimeinto de los crímenes durante la dictadura cívico-militar: “Necesitamos saber, nos urge saber dónde están. La herida está abierta y la única manera de cerrarla es con verdad y justicia”.