La decisión del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, de anular la edificación del condominio Parque Pumpin, generó una nueva controversia con la inmobiliaria Puerto Spa, titular del proyecto que alcanzaría una inversión de 70 millones de dólares.

El jefe comunal acogió los reclamos por presuntas irregularidades que fueron presentadas por los vecinos, anulando el permiso de construcción otorgado en 2015, durante la administración del alcalde UDI, Jorge Castro. Sharp indicó que con esta medida se restablecería el derecho de la comunidad y la conservación patrimonial.

El abogado integrante de la Fundación Defendamos la Ciudad en Valparaíso, Rodrigo Avendaño explicó que el suelo donde se ubicaría este condominio de 22 torres se encontraba afecto a ciertas normas especiales.

El titular presentó un anteproyecto y luego modificó algunas de las obras, por ejemplo, el informe vial que definía el área de estacionamientos que abarcó mayor extensión de lo indicado al comienzo. La Contraloría regional determinó en dos dictámenes que este documento estaba incompleto y rebatió que la Dirección de Obras lo hubiese recepcionado y luego aprobado.

Avendaño dijo que las irregularidades fueron evidentes y que ahora el municipio busca subsanar la situación.

Mientras, el concejal e integrante del Colegio de Arquitectos, Claudio Reyes, criticó que la Dirección de Obras – a cargo de Matías Valdés quien se encuentra en sumario- no anulara este proyecto ante el primer dictamen de inviabilidad emitido por la Contraloría.

Además, comentó que en Valparaíso se definieron inmuebles de conservación histórica entre los que se encontraba la casona Pumpin, ubicada en el predio donde se construiría este condominio. Sin embargo, aclaró que durante la revisión de este proyecto se habría extraviado la ficha de esta casona y cuando se buscó reponer la documentación y promulgar el nuevo Plan Regulador el propietario ordenó su demolición. “Lo que nos movía e instaba a seguir rechazando este proyecto es que partió mal concebido. El director siguió dándole pie al proyecto hasta darle el permiso de edificación”, dijo.

Los arquitectos señalaron que con la modificación al Plan Regulador “estos paños quedaron grabados como áreas verdes”  y aunque el titular presentara otro proyecto no se podría edificar en la zona.

Los actores involucrados

En este contexto, los vecinos del sector se han movilizado exigiendo la protección de esta zona que representa un “pulmón verde” dentro de Valparaíso.

Según la Cámara Chilena de la Construcción existe incerteza jurídica de las autoridades y con  la presión de los movimientos sociales aumenta la desconfianza de los inversionistas. Sharp reconoce que es una nueva forma y que los tribunales deberán pronunciarse.

Esta línea del alcalde del Frente Amplio se suma a otras decisiones tomadas durante los primeros meses de su administración.  En febrero pasado dio inicio a un proceso de invalidación de un permiso de construcción en el Cerro Florida, lugar en que se iba a construir un edificio de 11 pisos de la inmobiliaria Faúndez.

Y en abril anunció  un decreto edilicio que modificaba el Plan Regulador Comunal limitando las construcciones de edificios en los cerros hasta los cuatro pisos en altura. Explicó que la iniciativa acogía “los intereses de todas las comunidades organizadas que luchan por una ciudad para los porteños y no para los intereses minoritarios”.

Esta consciencia sobre una regulación en el crecimiento urbano de las ciudades y concretar una discusión democrática sobre las nuevas reglas de construcción se han hecho presentes en diversos puntos del país.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ASChM), el abogado Rodrigo Barrientos explicó que cuando un titular busca iniciar la tramitación para edificar es la Dirección de Obras de cada municipio que evalúa la compatibilidad del proyecto con los distintos servicios involucrados, entre ellos los ministerios de Medioambiente, Obras Públicas, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) si están en altura.

Agregó que todo esto depende del Plan Regulador y, en ese entendido, el municipio tiene su cuota de participación pero no es el único actor que decide.  “En general, modificar estos planes es un proceso extenso y muy costoso, demora entre tres y cinco años donde no sólo interviene el municipio”, puntualizó.

Los intereses desde el mundo privado de seguir sumando lucrativos proyectos inmobiliarios se han ido topando con pequeñas señales contrarias desde los municipios. En 2013 se anunció el congelamiento de los permisos de edificación en altura en la comuna de Santiago (sectores de Matta Sur y Franklin) o modificaciones en distintos planos reguladores (ej. Providencia).

Y peor aún, la inexistencia de Planes Reguladores en algunas comunas. Este año, el intendente Metropolitano, Claudio Orrego,  cuestionó 70 permisos de edificación en la comuna de Estación Central, bautizados como guetos verticales.