1.- El silencio sobre la minería.

Durante la dictadura la inversión minera fue casi nula, por más esfuerzos que hizo José Piñera de entregar una legislación absolutamente conveniente para las inversiones extranjeras, mediante su ley de inversiones mineras, que entregaba en propiedad absoluta y de manera irreversible la riqueza nacional a manos de los concesionados, con una ley tributaria que permitía grandes descuentos y grandes transferencias de riqueza, constituyendo la más aberrante apertura a la evasión tributaria y la elusión total, con el agravante que podía el Estado chileno terminar siendo deudor de esas empresas por el simple recurso de declarar pérdidas en el ejercicio productivo de cada año, como de hecho sucedió.

Al llegar la democracia, se negoció la permanencia de la legislación dejada por la dictadura, para asegurar a los inversionistas extranjeros la concurrencia confiada de sus inversiones al espacio económico chileno, en un momento en que se requería con urgencia el capital de inversión, dado que los últimos años de la dictadura se llevó a cabo una política económica absolutamente irresponsable en lo monetario, creando desequilibrios que amenazaban una gran recesión o una inflación galopante.

La minería y las empresas públicas fueron los cotos más atractivos para salvar al país de ese proceso recesivo-inflacionario (estanflación). La promesa de esas inversiones  para con los países patrocinadores fueron de absoluta inmovilidad contractual, cosa que queda ratificada en los acuerdos y convenios suscritos por Chile con varios gobiernos en el transcurso de los años 90.

La economía, con las inversiones mineras y ventas de empresas, alcanzó un crecimiento notable hasta  el año 1996, lo que entusiasmó enormemente a la dirigencia de entonces, sin darse cuenta que los costos que se estaban pagando por ese crecimiento puntual eran demasiado altos en términos de entrega gratuita de patrimonio nacional.

No sólo  permitieron ese tipo de inversión expoliativa, sino que Chile cambió de manera unilateral la normativa tributaria, de renta presunta a renta efectiva, la que al estar cercada de una ley de inversiones tremendamente concesiva terminó por crear un engendro jurídico de tan absurda dimensión económica que los mismos periódicos extranjeros llegaron a titular: “Demasiado bueno para ser cierto”.

Pero como las inversiones mineras se mantuvieron fuertemente prevalentes, a pesar de la crisis asiática y el tequilazo, dieron la sensación de ser la salvación para la propuesta económica de Chile de vivir de las materias primas, fuera cual fuera el color del gato, y más si en verdad cazaba los ratones del atraso que a Chile le era conveniente exterminar.

La caída de los precios del cobre, desde 1996 hasta el 2003, se produjo por una sobre inversión (y sobre producción) desde Chile; eso hizo disminuir los ingresos de Codelco (y aumentar hasta el cielo la de las mineras privadas), pero esos déficit fueron cubiertos por la entrada de capitales de inversión y la venta de activos nacionales.

La recuperación de los precios del cobre, gracias a la demanda asiática, a partir del segundo semestre del 2003,  siguió conformando la mentalidad de los políticos chilenos a los vientos que soplan en el crecimiento portentoso del área extractiva.

La minería siguió siendo intocable y mucho del financiamiento de la política comenzó a ser cursado con recursos provenientes de ese sector, así como las colocaciones de una buena parte de las familias aliadas al poder en altos y bien rentados cargos provistos por las mineras.

Tan fuerte y profundo era el compromiso de las élites gobernantes con las mineras privadas, que cuando se reclamó la aplicación de un modesto royalty para que algo de ese extraordinaria ganancia le quedara a Chile, el presidente Lagos hizo aprobar un royalty que adolecía de las mismas granjerías evasivas que la ley tributaria aprobada en 1992, pero que, además, significaba perder 2 puntos del impuesto total que las mineras extranjeras deberían pagar como tributo anual.

Cuando Eyzaguirre, ministro de hacienda, divulga la excelente noticia que lo que se recolecte del royalty será dirigido a Ciencia y tecnología, las mineras privadas le enrostran que no deben pagar un peso, ya que la ley que ellos aprobaron les autoriza a deducir inversiones y restar pérdidas, por tanto en  la raya para la suma: ¡NO TIENEN QUE PAGAR!

Cuando Lagos pretende reclamar 430 millones de dólares para el Fisco chileno, por la venta de la Disputada de Las Condes, el gerente máximo de esa empresa transnacional se acerca a Chile y le recuerda que tampoco deben pagar ese diferencial de precios al Estado, puesto que la ley que rige esa inversión le permite deducir todos los gastos que incurran en la producción durante los 24 años que operaron en el país; por tanto, nuevamente, la raya para la suma da CERO a pagar.

Pocos años después Codelco debe pagar  más de US$ 5000 millones por comprar una porción de acciones de una minera que antes había concedido de manera gratuita. Esto habla de que Chile hizo en ese tiempo el peor negocio de su historia, porque una vez que concede un yacimiento, no sólo debe pagar el valor libro de la empresa, sino que debe pagar el potencial explotable, aunque incomprensiblemente la riqueza del subsuelo sea de propiedad de Chile, como expresamente  lo manda y señala la Constitución.

Con todos estos antecedentes, podemos afirmar que los políticos de la Concertación y Nueva Mayoría, se convirtieron en protectores de las inversiones mineras privadas y no pretenden en  ningún caso variar su postura en función de reducir las pérdidas que esta situación acarrea al país y, sobre todo, a los pobres de Chile.

La derecha, como lo ejemplifica el gobierno de Piñera, pidió una especie de préstamo a las mineras para abordar la reconstrucción luego del terremoto del 2010, pero esa especie de préstamo se paga con extensión de las exenciones tributarias hasta el 2022, lo que en términos económicos es mucho más caro que haberse endeudado en el exterior.

2.- ¿Continuará el silencio?

Ninguno de los candidatos con posibilidades de acceder al gobierno, han tocado el tema de la tributación minera en sus programas. Esto plantea la interrogante de cuán profunda es la corrupción o cuán inconmovible es el juramento con los gobiernos de los países que invirtieron en Chile.

Porque, mirado de manera contable, académicos de la Universidad de Chile han calculado el “regalo” que Chile ha hecho a las empresas mineras nacionales y extranjeras que han concurrido con sus capitales a Chile, durante estos años, en un mínimo minimorum  equivalente a unos 120.000 millones de dólares; un estudio un poco menos restrictivos en sus cálculos hecho por el Banco Mundial, calcula-por su parte- que ese “regalo” sobrepasa los 190.000 millones de dólares; mientras que los estudios realizados por el grupo de “Defensa del Cobre”, llegan a un total de más de 300.000 millones de dólares perdidos. Claro que este último cálculo se hace en base comparativo a si el Estado chileno hubiese hecho toda la inversión y la industrialización total de esa producción, hasta llegar a fundir y refinar el 100% de lo extraído.

Como podemos apreciar, no se trata de sumas menores, estas cantidades hubiesen permitido a Chile salir del atraso económico en dos generaciones (30 años).

Se debe considerar que el desafío de los próximos gobiernos, en términos de financiamiento es tan enorme que, se echa mano a los recursos mineros o se tendrá una crisis social y de gobernabilidad desbordada. Quienes piensen que con el crecimiento económico y con reformitas menores en la tributación global alcanzará para resolver los desafíos de Chile, están tremendamente equivocados y esa imprevisión y cómoda inocencia la pagarán las generaciones venideras y es de esperar que no lo recienta la democracia misma, la que, de por sí, ya está bastante dañada.