El caso Luchsinger Mackay sigue generando reacciones tanto entre los familiares del matrimonio fallecido como entre los cercanos a los once imputados, quienes fueron absueltos este jueves luego de pasar 19 meses en prisión preventiva.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ingrid Conejeros, vocera de la machi Francisca Linconao, valoró el trabajo realizado por los abogados defensores de los once imputados en este caso, labor que calificó como “muy potente”, y que vino a sustentar la convicción que la machi Linconao siempre expresó respecto de su inocencia.

Además, la vocera de la machi Linconao manifestó su alegría por el fallo dictado por el Tribunal de Garantía de Temuco y reiteró que todo el proceso judicial fue producto de un montaje en contra de los comuneros acusados del asesinato del matrimonio, ocurrido el 4 de enero de 2013.

“La defensa hizo un trabajo muy potente, la defensa de todos los imputados, para establecer lo que nosotros siempre hemos dicho: que esto fue un montaje, que no había pruebas para imputar a ninguno para involucrar a ninguna de las personas que estaban siendo imputados, así que lo tomamos con bastante alegría y sentimos que se hizo justicia”.

Ingrid Conejeros sostuvo que el juicio en el caso Luchsinger-Mackay, así como otros procesos judiciales abiertos en contra de comuneros mapuches, es parte de una “persecución” de parte del Estado, y que más aún, hace uso de la Ley Antiterrorista, “una ley que viola las garantías legítimas de las personas y de los procesos y que castiga a las personas antes de ir a juicio”, aseguró la werkén.

“El tema aquí es una persecución política que, a través de la Ley Antiterrorista, logra castigar a estas personas que son dirigentes, que son autoridades ancestrales, y que están llevando -lo que es muy importante- procesos de protección hacia la tierra, hacia la naturaleza y procesos de restitución territorial en el caso de los dirigentes mapuche”.

La vocera de la machi Francisca Linconao aseguró que lo que se está viviendo en La Araucanía es una “guerra de baja intensidad” entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y que en la base de toda esta confrontación está el racismo que se ejerce hacia las comunidades.

“Nosotros decimos que es una guerra de baja intensidad, porque es un Estado que está queriendo criminalizar a un pueblo atacándolo con armas, aquí hay que hablar que hay una inversión gigantesca del Estado de Chile en armas, para aplacar este supuesto terrorismo, entonces hay contingente policial en las comunidades, las comunidades están militarizadas, hay niños que han recibido balas directas de los agentes de la policía”.

Ingrid Conejeros dijo que cada uno de los imputados que fue absuelto en este caso, analizará los pasos a seguir, sin descartar que se pueda demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales, y recordó que en el caso de la machi Linconao, ella en 2014 ya ganó una demanda en contra del Estado, la cual no ha sido hecha efectiva por la administración.

Cabe recordar que el único condenado por este caso es el machi Celestino Córdova, quien cumple 18 años de cárcel, y que actualmente se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a la espera de un tratamiento que le deberá realizar otro machi, por un período de dos semanas.

Su abogado, Jorge Guzmán, señaló que se revisará el fallo íntegro cuando sea publicado el próximo 14 de noviembre para proyectar posibles recursos de apelación. No obstante, el jurista recordó que la Fiscalía de Valdivia ya está llevando a cabo una investigación para determinar los hechos sobre los cuales se funda la condena en contra de su representado.

“Si bien, Celestino Córdova es el único condenado por el crimen Luchsinger Mackay, siempre se ha alegado su inocencia. En consecuencia, siempre que exista la posibilidad de revisar los antecedentes para verificar si existe alguna posibilidad respecto de su caso, se va a hacer. De hecho también, durante el transcurso de este año se inició una investigación por parte de la fiscalía regional de Valdivia, a efectos de poder nuevamente verificar qué pasó con la bala que habría tenido Celestino Córdova, quien aduce que no se produjo en este crimen, sino que fue en otro contexto, en un lugar distinto”.

Finalmente, se está a la espera que el próximo 14 de noviembre se entregue el fallo íntegro de este proceso, el cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y otros expertos, quienes han cuestionado los casi 20 meses de prisión preventiva que debieron pasar los imputados, e incluso el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, señaló que el problema en este caso es que se partió “de la base que había que condenar”.