El pasado 16 de octubre, el cuestionado presidente de Brasil, Michel Temer, firmó el proyecto de ley que transfiere a la justicia militar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en contra de civiles que mueran producto del fuego cruzado o, incluso, por acciones deliberadas de los uniformados.

La iniciativa surge en momentos en que personeros de las fuerzas armadas han sido desplegados para combatir el narcotráfico en las principales favelas, especialmente en las de Río de Janeiro, y que ha generado fuertes críticas de parte de organizaciones de derechos humanos, quienes ven en esta ley una suerte de amnistía encubierta para los militares.

María Laura Canineu, directora de Human Rights Watch (HRW) Brasil, calificó como un retroceso para el país la aprobación de esta norma, la cual fue pedida por los militares como una medida de “protección jurídica especial”, en medio de los enfrentamientos con el narco brasileño.

“Como organización de derechos humanos, entendemos que esa justificación de protección especial no tiene absolutamente ningún sentido. Nosotros entendemos que el sistema judicial común ofrece las mismas garantías y no precisa de protección a las fuerzas armadas. Cualquier ciudadano, sea militar o no, está provisto de todos las garantías del debido proceso legal”.

Justamente, desde Human Rights Watch Brasil entienden que uno de los problemas más importantes es que los soldados serán juzgados por el sistema judicial que más les conviene, dado el predominio de elementos de la fuerza armadas en la justicia militar, lo que en la práctica se traducirá en mayores grados de impunidad frente a estos delitos.

“Nosotros entendemos que esta ley es la puerta hacia la impunidad porque los militares serán juzgados por homicidios contra civiles por una justicia que es mayoritariamente formada por militares. La justicia militar, en una primera instancia, son cuatro oficiales militares y solamente un juez civil, es una justicia mucho más favorable a los militares involucrados en crímenes”.

La directora de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck, coincidió con HRW en considerar un retroceso para el país a los tiempos de la última dictadura militar brasileña “cuando los militares podían cometer crímenes y esto era asunto sólo de los militares”, por lo que ahora, en democracia, resulta un contrasentido que se adopte esta norma.

Jurema Werneck, además hizo énfasis también en la estigmatización que la llamada guerra contra las drogas genera entre la población pobre del Brasil, lo que sumado a los prejuicios raciales y sociales que la sociedad brasileña arrastra por años, puede ser un caldo de cultivo para la violación de los derechos humanos de las personas que habitan las favelas.

“Esta llamada guerra contra las drogas, siempre las cosas pasan en las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, las comunidades de los más pobres. Y si hay un problema de tráfico de drogas, si hay un problema de tráfico de armas no es bajo la idea de guerra que vamos a buscar soluciones, entonces hay una exacerbación de diferentes prejuicios, donde el racismo está muy fuerte, los prejuicios en contra la pobreza y la idea de criminalizar a estos grupos está muy fuerte”

Jurema Werneck reiteró la necesidad que los efectivos militares sean enjuiciados por un sistema independiente, en este caso la justicia civil, y no la justicia militar que además de no ser autónoma, no tiene los conocimientos técnicos para decidir sobre crímenes contra la integridad física de la población civil.

Alexis Cortés, director del programa de Magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y doctorado por la Universidad Estadual de Río de Janeiro, recordó que desde 1996 los delitos cometidos por militares en la guerra contra las drogas eran sancionados como delitos comunes procesados por la justicia civil.

Para Cortés el hecho que militares participen en operativos que debiesen ser propios de la policía regular, ha demostrado no ser eficiente ya que “la situación no ha mejorado por el hecho que hayan intervenido”, al mismo tiempo que se han verificado casos de entrega de armas a bandas criminales por parte de propios efectivos del Ejército brasileño y la policía militar.

“Los militares bajo ninguna circunstancia están capacitados ni entrenados, ni preparados para lidiar con cuestiones de orden público. ellos están preparados para la guerra, para la eliminación de enemigos en condiciones de enfrentamiento directo de esas características, aunque la policía militar brasileña tampoco es de las mejor preparadas, siempre va a ser una cuestión un tanto aberrante el hecho de que los militares tengas que intervenir para cuestiones específicas de orden público”.

El académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que este tipo de políticas se debe entender no sólo a partir de la coyuntura política actual, sino que se puede remontar a más largo plazo, y que tiene que ver con la asociación de pobreza con delincuencia, algo tan común en nuestra región.

“Esto viene a ser la guinda de la torta de una política que ha tendido a identificar los territorios de la pobreza con los territorios del crimen, donde se ha aplicado una política de guerra contra el crimen, que más bien se ha traducido en una guerra contra los pobres. Y esto no es de este gobierno, únicamente, estamos en un contexto más autoritario donde un titular de un semanario político lo expresaba de esa manera: Temer garantiza impunidad y además la impunidad de los militares en caso de su convocatoria a la realización de actividades de policía pública”.

Jurema Werneck de Amnistía Internacional Brasil, concluyó que “lo que interesa es mantener un patrón democrático en la justicia brasileña”, y espera que “esta sea una oportunidad para una movilización más grande, para que se analice y se cambie la forma de actuación de las autoridades, de las policías en los temas de tráfico de drogas y armas, y en los temas de respeto a los derechos de las comunidades”.