Después de los anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet el pasado 11 de septiembre, la relación con las organizaciones de Derechos Humanos, más concretamente las de ex presos políticos, ha ido escalando en su nivel de tensión, debido a la inconformidad de las personas con las políticas del Ejecutivo a pocos meses de que se retiren de La Moneda.

En este contexto, el pasado 24 de octubre, el Comando Unitario de Ex Presos Políticos expuso ante la asamblea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de denunciar los incumplimientos en la materia por parte del Estado chileno y en específico del actual gobierno de Michelle Bachelet.

En la cita realizada en la ciudad de Montevideo en Uruguay, la comitiva del Comando Unitario, en compañía de dos abogados, señaló ante el comisionado para Chile del organismo, Luis Ernesto Vargas, la serie de puntos por los cuales acusan al Estado chileno, los que se sintetizan en una falta de verdad, reparación y justicia, entregando además una serie de documentos que avalan el caso.

Sobre esto, Nelson Aramburú, integrante del Comando Unitario de Ex Presos Políticos, relató a nuestro medio que la instancia sirvió para obtener claridad sobre los pasos a seguir internacionalmente para conseguir una respuesta satisfactoria de parte del Estado:

“El comisionado, al terminar la sesión de trabajo que fue larga, nos dice que estarían los elementos suficientes para demandar al Estado de Chile ante la corte, por lo tanto nos recomendaron no quedarnos tan sólo en la denuncia pública, sino que ir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una demanda”, señaló.

La molestia por años es que hasta hoy la reparación no ha sido proporcional al daño causado. Hay personas que perdieron trabajos, pasaron años en prisión sin tener juicio, además, existen miles que aún no han sido calificados en ninguna de las comisiones Valech, relatan desde la organización.

Por esto es que piden la restitución de los derechos de los afectados. Por ejemplo, que se solucione la situación de personas que aún no pueden regresar al país por acusaciones de delitos terroristas durante la dictadura. Aunque también esta búsqueda va en pro de las dignidades básicas, puesto que el petitorio también contempla mejorar las condiciones del servicio Prais de salud, facilidades para acceder a viviendas y mejorar la pensión cercana a los $150 mil que reciben actualmente.

Muchos de estos temas se vieron con el Gobierno en 2015, donde el Ejecutivo se comprometió con varios puntos, siendo la pensión lo más complicado de acordar. Actualmente, en tanto, existe una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, donde tampoco han llegado a buen puerto, puesto que desde mayo que los ex presos políticos esperan de parte de Mario Fernández, el titular de interior, una respuesta sobre el petitorio.

Uno de los abogados representantes de la organización, Francisco Jara, señaló que faltan algunos detalles para llegar a concretar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

“Lo que sigue ahora es recopilar más antecedentes para la denuncia, para dejar absolutamente claro que se agotaron todas las instancias a nivel doméstico y poder apoyar la presentación que se sintetizan en la falta de verdad, justicia y reparación dentro de los 28 años de gobierno democráticos que hemos tenido”, dijo.

Entre las demandas también se encuentra el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I, el cual se mantiene oculto a la ciudadanía hasta el año 2054. El reclamo de los ex presos políticos, el que coincide con la postura de los organismos internacionales de Derechos Humanos, es que esta práctica va en contra de la verdad. El Comando Unitario afirma además, que ninguna de las organizaciones avala la versión de Ricardo Lagos, de que las víctimas al momento de declarar fueron informadas del secreto.