En  noviembre se cumplen dos años desde que se conoció el caso de colusión del papel higiénico entre las empresas PISA y su par, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

El también llamado cartel del papel confort comenzó a principios del año 2000, cuando la empresa Distribución y Servicios (DYS), hoy Walmart, lanzó al mercado la marca Acuenta, lo que desató una “competencia de precios” que motivó los primeros contactos entre Gabriel Ruiz-Tagle, entonces dueño de PISA, y Jorge Morel, gerente general de CMPC.

A dos años de esa investigación, descubierta sólo por una delación, aún no existe sentencia condenatoria ni una reparación al perjuicio causado a millones de personas.

Para Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, este es uno de los casos más emblemáticos y con más consecuencias en la historia empresarial chilena.

“La sanción que debería informar el Tribunal de la Libre Competencia aún la estamos esperando, todos conocen que CMPC integró una mesa de trabajo que llegó a un acuerdo reparatorio por U$150 millones, a partir de esto se modifica la ley, por lo tanto hoy la colusión es penada y eleva ostensiblemente el valor de las multas”, argumentó.

Según la Fiscalía Nacional Económica, uno de los responsables es el ex controlador de Pisa, Gabriel Ruiz-Tagle. El también ex ministro del Deporte en el gobierno de Sebastián Piñera y ex presidente de Blanco y Negro, hoy está interesado en la adquisición del grupo papelero vasco CEL.

Jorge Morel, ex gerente de CMPC Tissue, fue sindicado por la firma, a través de su delación compensada, como quien el año 2000 comenzó a reunirse con Ruiz Tagle. Hoy se mantiene alejado de grandes empresas, planificando iniciativas o negocios de muy bajo perfil, de alguna manera administrando sus inversiones, a la espera de la condena del Tribunal de la Libre Competencia.

Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, la legislación promulgada en 2016, a raíz de este delito, ayuda a evitar nuevos casos similares incluyendo penas de cárcel y altas multas en dinero.

Sin embargo, el jurista advirtió que los plazos de la prescripción son insuficientes, ya que se mantiene en 5 años desde cometido el ilícito.

“Hay una sanción penal contra la colusión, pero que tiene las restricciones típicas del derecho penal, un problema puede ser que la acción se puede ejercer exclusivamente después de una sentencia condenatoria del Tribunal de la Libre Competencia y sólo la puede pedir el Fiscal Nacional Económico, criticable creo yo, porque pueden pasar muchos años desde una colusión para que efectivamente esté condenado un cartel y se decida perseguir penalmente, aun así va a depender de una persona que es el persecutor económico”, subrayó.

Recordemos que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones también estuvo involucrada en la llamada colusión de los pañales, caso que precisamente se decretó su prescripción por pasar más de 5 años de ocurrido los hechos denunciado por la Fiscalía Nacional Económica.