Los pescadores del Bio Bio, agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), presentaron una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios que ha provocado la Ley de Pesca para el sector.

El presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, dijo que con dicha normativa la pesca artesanal entró en una gran depresión y argumentó que en la octava región los pescadores están trabajando a penas con un tercio de cuota que se fijó como piso para el Régimen Artesanal de Extracción (R.A.E.).

De acuerdo al dirigente, el Estado no tomó las medidas para evitar los impactos socioeconómicos que están experimentando hoy los pescadores artesanales, producto de la mala administración de los recursos del mar. “Estamos denunciando un perjuicio moral y económico”.

“La Ley no tiene una reforma que resguarde los intereses de las tripulaciones artesanales. Nosotros sentimos que hemos sido violentados y que nuestros derechos han sido pasados a llevar, por eso pusimos una demanda contra quien resulte responsable, para nosotros esa persona es Sebastián Piñera”, enfatizó.

La demanda será presentada vía online por los abogados que representan a la agrupación. Según indicó Cortés, son cerca de mil los pescadores que son parte de la Federación y están respaldando la acción judicial.

Por otro lado, afirmó que la Ley de Pesca es una normativa que nos sostiene una plataforma social dentro de su cuerpo legal, es ineficiente en el cuidado de los recursos pesqueros y no cumple una la recaudación fiscal suficiente.

 “Vamos a dar nuestros descargos porque hemos sido perjudicados por esta ‘Ley Longueira’ que también debería llevar el nombre de Piñera. Él es el creador de todo esto, porque él permitió que hoy siete familias tengan todos los privilegios y que el sector pesquero artesanal esté sufriendo no solo en la octava región, sino que a nivel país. No existe mitigación por el impacto socioeconómico que ha tenido esta ley corrupta”, indicó.

El dirigente manifestó que esperan que los tribunales establezcan responsabilidades por los daños que han sufrido como trabajadores luego que esta legislación fue aprobada. Además, agregó que también buscan que la justicia determine los pasos a seguir respecto de las indemnizaciones y mitigaciones para el sector artesanal.

“Alguien se tiene que hacer cargo de este impacto y el Gobierno hasta el minuto no lo ha hecho. Tiene que haber un resarcimiento económico y un reconocimiento del daño causado”, concluyó.