La disputa entre los mapuches por la propiedad de sus tierras tiene su origen en la violación de los acuerdos firmados en el Pacto de Quilín en 1641,[1] y el pacto de Tapihue[2], el primero con la corona española y el segundo con el estado de Chile. La historia es clara para demostrar que en ambos tratados se delimitó la frontera al sur del río Biobío y se les reconoció la Independencia mapuche como pueblo, hasta que el Estado de Chile desconoció estos acuerdos e invadió militarmente sus tierras para “consolidar su soberanía en esta zona considerada rebelde”.

De esta manera fue que la burguesía criolla logró conquistar en forma definitiva las tierras de los mapuches y someterlos a las leyes del estado chileno, una invasión motivada por factores económicos, militares e ideológicos, con la estigmatización de la imagen de los mapuches, por la derecha y la prensa de la época, como “salvajes” y “agresivos”. Ciento treinta y cuatro años después, la derecha contemporánea nos involucra a todos los chilenos, pidiendo estigmatizar nuevamente a los mapuches como terroristas, validando la violencia de la pacificación actual, recordándonos el pasado con rucas en llamas, campos calcinados y fusilamiento de mapuches.

Tenemos memoria para no olvidar todo esto y ubicar el conflicto donde corresponde y no en la culpabilización o estigmatización, en este caso, del pueblo mapuche, el que lucha por sus derechos. De la misma manera que reconocemos las causas de la situación actual de desigualdad económica y social en que vivimos la mayoría de los chilenos.

Por ello no nos podemos perder en nuestras apreciaciones sobre quien es nuestro adversario, los registros de la historia nos demuestran lo destructiva, para los intereses del pueblo, que es la derecha, quienes no escatiman esfuerzos para imponer sus intereses y siempre utilizando la violencia en distintas formas para mantenerse en el poder. Actúan sin complejo alguno cuando sus intereses son amenazados por ideas decentes de bienestar económico y social para todos los chilenos y chilenas. Allí está la foto al alcance de todos, la guerra sucia en la Araucanía, la matanza cobarde de la Escuela Santa María Iquique en 1907, el golpe de Estado de 1973, entre otros, ataques violentos perpetrados en contra de la libertad, de la democracia y de luchadores sociales, bajo la excusa de imponer la tranquilidad social, luchar en contra “de las ideologías ajenas a la paz social”, “combatir el comunismo” etc. y etc.

Hoy el discurso es más sofisticado, como nunca antes en la época posdictatorial la derecha se siente amenazada, sabe que el reclamo social continuara creciendo y cuestionando el modelo económico neoliberal que nos impuso a sangre y fuego. Saben que los chilenos y chilenas ya no podemos vivir con un sistema económico que genera desigualdades que nos agobian, que se sustenta en un sistema de previsión social que fue creado para alimentar con recursos frescos al sistema financiero y que nos empobrece finalizando nuestra vida laboral con pensiones de hambre. Que especula con los derechos de educación y salud de nuestros compatriotas

Los chilenos y chilenas tenemos memoria, la derecha aplica la misma receta, aunque pasen los años, adecuándose a los nuevos problemas de la sociedad y de los tiempos, dispone para ello de la propiedad de medios de prensa y TV. Sus técnicos, políticos y economistas arrogantes engañan al pueblo y pretenden seguir haciéndolo, por años construyeron la imagen falsa de Chile como un país desarrollado, dijeron y dicen, que el sistema financiero creado por ellos es uno de los mejores del mundo y que Chile es una potencia económica en américa latina. Todo esto no es más que humo para el pueblo, es una realidad que beneficia sus intereses, no a la mayoría de chilenos y chilenas que trabajamos.

Lo que ha hecho la derecha y sus aliados, es defender un modelo económico que permite amasar dinero sin límite a los monopolios financieros, del retail y a los que son dueños de nuestros recursos naturales, del cobre, del litio, el agua y la electricidad. Basta ver la inmoralidad de las retribuciones de sus ejecutivos para comprender que es un modelo que solo avanza en las desigualdades.

Además de todo lo anterior con sus ambiciones sin límites la derecha corrompió la política, construyo un puente de plata, un vínculo perverso entre política y dinero. Quizás siempre hubo corruptos en la política, pero el empresariado vinculado a la derecha, con su participación, institucionalizo el cohecho, la presión indebida, pagando a parlamentarios, funcionarios de gobierno para que se legisle a favor de sus intereses, haciendo de la trampa una acción transversal y que atraviesa el espectro político.

Hoy la corrupción cruza a buena parte de la administración del Estado, a las FFAA, Carabineros, normalizándola, a tal punto que pareciera no incomodar que uno de los candidatos de derecha haya sido perseguido por estafa a un banco, que esté señalado ante la justicia por enriquecerse de forma ilícita y que 14 de sus seguidores más cercanos, ex ministros, parlamentarios estén formalizados por robarle al Estado.

Por todo esto, los chilenos y chilenas necesitamos ver sin ambigüedades, de parte de quienes pretenden liderar a Chile en los próximos años, una postura clara sobre quiénes son los enemigos del pueblo, separando aguas con quienes con sus millones pretenden seguir engañando a la gente, prolongando un sistema en el que la política se subordina al mercado y al dinero.

Creo que allí está el punto de diferenciación entre lo existente y lo que es posible construir, el punto sobre el cual se levanta la opción de un programa para un país soberano, social, económica y territorialmente hablando, algo a lo que tanto le teme la derecha, una opción que surja desde la izquierda. Así entonces el voto ciudadano tendrá sentido, si es para oponerse a lo existente, a la institucionalización del neoliberalismo, oponiéndose a la materialización de la ideología inserta en un modelo de Estado y de la administración pública totalmente centrados en el mercado.

Ya no se puede continuar prometiendo para que todo siga igual, la línea divisoria está entre los que quieren convivir con el sistema que tenemos, con los que creemos que la lucha política hoy, su piedra angular, se inicia en un sistema centrado en el principio de la justicia social opuesto al neoliberalismo imperante.

La solución al problema entonces es por caminos democráticos nuevos, habrá que construirlos sin miedo, saliéndonos de un esquema de democracia representativa que se ha trasformado en una democracia de elites, en la cual los partidos políticos piden nuestro voto y luego negocian a nuestras espaldas. Uno de esos caminos nuevos es la Asamblea Constituyente, lo que implica un acto de democracia como el que nunca hemos tenido, es decir, que cada ciudadano tenga derecho a opinar, lo que le otorga al país la unidad, la solidez institucional y la estabilidad que necesita.

Se requiere también de un gobierno que no repita los errores del pasado, que con claridad y sin ambigüedades denuncie la participación de la derecha en los crímenes de la dictadura, terminando así con las redes de poder que protege, por acción u omisión, a los culpables de verdaderas masacres y genocidios.

La memoria histórica es parte de la construcción de un país inclusivo y justo, está impulsada por personas y profesionales que actúan con ética, por familiares que no cejan en su esfuerzo por lograr que se haga justicia, los que en su conjunto representan la conciencia moral de la sociedad, ubicando el respeto de los derechos humanos como un principio valórico fundamental para el Chile del futuro, con una izquierda valiente y orgullosa de su pasado.

[1] Después de haber sido expulsados de sus territorios, los invasores españoles firmaron un pacto de convivencia pacífica con el pueblo mapuche, el Pacto de Quilín en 1641, en el cual se les reconoció como pueblo y se delimitó la frontera que delimitaba la propiedad de sus tierras, al sur del río Biobío.

[2] El Estado chileno suscribió el tratado de Tapihue con el Pueblo Mapuche en el año 1825