El 31 de octubre de este año el fiscal nacional, Jorge Abott, creó una unidad especializada en tratar casos judiciales que involucren los derechos humanos, la cual, en principio, trabajará con un equipo de diez personas.

La instancia estará compuesta por abogados que acompañarán a los fiscales de las distintas zonas del país para indagar delitos que involucren transgresiones a los derechos humanos. De este modo, en conjunto a las demás unidades especializadas de la Fiscalía, levantarán un diagnóstico nacional para elaborar una propuesta en esta materia que se aplicará en el periodo 2018-2022.

El jefe de la nueva Unidad de Derechos Humanos y Violencia de Género del ministerio Público, Luis Torres, señaló a La tercera que este departamento buscará perseguir casos relacionados a la violencia institucional de todos los agentes públicos sobre las personas en cualquier contexto de tortura y malos tratos.

Del mismo se encargará de todos los delitos que se comentan por razones discriminatorias contra migrantes, poblaciones LGTBI, pueblos originarios, mujeres y niños. Además, de tratar temas de violencia de género.

Torres afirmó que si bien antes se indagaban estos delitos, se hacía de manera dispersa. A su juicio, actualmente existen grandes falencias en materia de derechos humanos en casos de violencia institucional, principalmente en “contextos que involucran a niños bajo el cuidado del Estado”.

Otra de los ámbitos que, desde su perspectiva, tiene grandes desafíos es el de las personas privadas de libertad. Mientras que advirtió que cada vez existen más casos “promovidos por razones discriminatorias que afectan a personas de grupos vulnerables, como migrantes y la comunidad LGTBI”.

Según indicó, hoy están involucrados en la investigación de la muerte de la ciudadana haitiana Joane Florvil y en la reapertura del caso Alex Lemún. Sobre lo primero, dijo que se han coordinado con el equipo de la Fiscalía Centro Norte para apoyarlos en la aclaración del fallecimiento de la mujer.

En tanto, respecto de la investigación por la muerte del joven mapuche en 2002, anunció que viajará a Temuco el 16 noviembre con el objetivo de evaluar y diseñar una estrategia que pueda ser eficaz. Esto, considerando que las pruebas se visibilizan con dificultad dado la antigüedad del caso.

En esa línea, aseguró que desde el departamento garantizarán “que todos los casos de violencia policial en contra de comunidades indígenas serán investigados como cualquier otro delito, de manera imparcial”.

Por último, adelantó que ya comenzaron a preparar un instructivo para enfrentar los abusos institucionales y la discriminación que puedan sufrir tanto las mujeres, como las comunidades migrantes y los menores de edad.