De acuerdo a cifras presentadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las empresas del rubro han completado un 40 por ciento de avances en el plan de obras de contingencia frente a eventos climáticos que, en el último tiempo, han generado cortes de agua, especialmente en Santiago, y que han generado fuertes críticas a la labor de estas empresas.

Son 637 millones de dólares los que deben invertir siete compañías ubicadas entre las regiones de Arica y Parinacota y de Los Lagos y que apuntan, de acuerdo a lo planteado por el organismo, a que se asegure el suministro de agua por el mayor tiempo posible cuando ocurran eventos como alzas de turbiedad en los ríos o escasez del vital elemento en las napas subterráneas.

Sin embargo, tanto expertos como organizaciones de consumidores manifestaron sus críticas respecto de estas inversiones realizadas por las sanitarias, así como del rol de las instituciones que deben fiscalizarlas.

Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus) puso en duda que las obras realizadas por las empresas puedan hacer frente a las contingencias climáticas, las que calificó de “timoratas”, e hizo un llamado a regular las tarifas de las empresas como forma de incentivarlas a que, realmente, desembolsen dinero para mejorar la gestión.

“Por eso nosotros le hemos estado diciendo a la Superintendencia, y le hemos estado diciendo a los parlamentarios y al Gobierno: cambiemos la forma de calcular la tarifa. Que no sea por tarifa máxima, sino que sea por utilidad máxima, porque ahí es donde tendrían incentivos para poder invertir. Hoy día no tienen ningún incentivo para invertir, esa es la realidad, porque en la medida que usted economiza tiene más utilidades”.

El arquitecto y urbanista de la Universidad de Santiago (USACh), Jonás Figueroa, emplazó a las instituciones como la Superintendencia de Servicios Sanitarios a tener “mayor protagonismo” en la fiscalización de las empresas, ya que estas “actúan muy libremente, y no tienen la presión de los servicios públicos”, aseguró.

En ese sentido, Figueroa coincidió con Hernán Calderón sobre la pobre relación existente entre las grandes utilidades de estas empresas versus la inversión en infraestructura que realizan.

“Falta un mayor protagonismo de parte de los organismos públicos para fiscalizar las obras y para que estas empresas, que tiene una exagerado beneficio financiero y económico con el servicio que prestan, cumplan con sus planes y proyectos para resolver un  tema tan urgente como es el abastecimiento de agua, y también el abastecimiento eléctrico y también otros tipos de abastecimiento”.

Recordemos que una de las obras comprometidas por Aguas Andinas para proveer de mayor autonomía del suministro de agua Santiago se encuentra la construcción de un tranque en Pirque, el cual debería estar en funcionamiento en 2019, y que extenderá la autonomía de la ciudad de 11 a 32 horas, pero nada augura que el próximo año no podamos sufrir los mismos problemas que en años anteriores.

Finalmente, Hernán Calderón señaló que el Estado debería asumir su rol de garante del abastecimiento de agua, y en caso que las empresas no logren surtir del vital elemento a la población, debería considerarse la posibilidad de nacionalizar estas empresas.