El próximo domingo, los alrededor de 13,2 millones de chilenos habilitados para sufragar, están convocados a elegir tres tipos de representantes claves para la continuidad y estabilidad de la democracia: 278 miembros o Cores en 64 circunscripciones provinciales de los quince consejos regionales existentes en el país, cuyo papel en la asignación de recursos para los proyectos de desarrollo local es decisivo; 155 diputados distribuidos en 28 distritos, y 23 senadores en siete circunscripciones-regiones impares, quienes tienen la función de legislar y normar sobre variados aspectos que afectan la vida diaria de cada una de las personas que habitan en el país, voten o no; y Presidente de la República, cuyo valor en Chile es que se le entiende como la cabeza del Estado nacional y, por tanto, representante del conjunto social, más allá del origen político-partidista o ideológico del que provenga y, por consiguiente, quien queda autorizado para dar una determinada dirección y destino a las políticas públicas durante los próximos cuatro años.

Los diversos sondeos realizados en los últimos meses muestran que es presumible esperar una alta abstención, similar a la ocurrida en anteriores comicios presidenciales y parlamentarios en los que la masa votante no supere los 6,2 a 6,5 millones de ciudadanos en primera vuelta, cayendo aún más en segunda, lo que implica que los citados representantes serán designados nuevamente por un conjunto de personas que no superará el 50% del total habilitado. Si bien se trata de un guarismo que se observa en otras naciones en desarrollo o desarrolladas del mundo occidental, muestra, o un cierto cansancio o desestimulo ciudadano para expresar su opinión política, dado que no se perciben nítidamente las ventajas de hacerlo; o simple desaprensión respecto de sus resultados, en la medida que se asume que ninguno de los candidatos con mayores probabilidades de éxito implicará grandes cambios para la vida de quienes se abstienen.

Más allá de las especulaciones según las cuales una votación mayor o menor favorece a uno u otro candidato, lo cierto es que, desde el retorno a la democracia, la cantidad de votantes en este tipo de elecciones se ha mantenido en el orden de 6 a 7 millones, razón por la cual se promovió la inscripción obligatoria y voto voluntario a la espera que un acto libre convocara mayor interés, al tratarse de un deber y un derecho surgido de la conciencia personal y no de una imposición del Estado. Deber o derecho, o ambos, las evoluciones que se observan en torno al voto voluntario se ha transformado -junto a la abstención, el voto nulo o en blanco- en una muestra más del cansancio o desaprensión citados, incitando la tentación de sectores políticos a retornar al voto obligatorio, lo que, por cierto, es confundir el termómetro con la fiebre.

En este marco, más allá de diferencias de detalles, en las presentes elecciones se medirán dos grandes diagnósticos sobre los motivos de la conducta abstinente, que han terminado por colisionar en las respectivas estrategias políticas de los grupos en competencia y que se observan claramente en las polémicas surgidas a lo largo de la campaña, en particular, respecto del modelo económico: perfeccionar o ajustar el modelo, y/o profundizar las reformas para cambiar el sistema

Así, de una parte, en las derechas, hay un reordenamiento político-ideológico inusual, que solo se observó a inicios de los 90, y que ha tendido a profundizar las identidades conservadoras, liberales, nacionales o socialcristianas tradicionales del sector, definidas por propuestas de conducción económica apuntadas a una mayor protección de derechos (y deberes) ciudadanos, debidamente financiados con mayor gasto social e impuestos; y/o una política económica destinada a controlar el actual déficit fiscal y la deuda pública, incrementar la inversión y el crecimiento, y limitar o disminuir la carga tributaria al sector privado con el propósito de estimular su mayor actividad y generar más empleo, disminuyendo el creciente peso del Estado en la economía. Tales son, entre otros, los matices que se observaron en las primarias en las que compitieron Piñera, Ossandon y Felipe Kast y que tienen en la carrera por fuera a José A. Kast.

En la izquierda, en tanto, se ha remarcado el reordenamiento ideológico entre aquellos sectores centroizquierdistas socialdemócratas y socialcristianos, herederos del modelo de gestión y de acuerdos de la ex Concertación, pero que, por polémicas internas no resueltas respecto de un correcto diagnóstico, terminó con dos aspirantes a La Moneda: Alejandro Guillier y Carolina Goic; y una izquierda más radical que, subdividida esta vez en más de 15 partidos, movimientos y grupos ciudadanos, llega a las presidenciales con cuatro aspirantes a la Presidencia: Beatriz Sánchez, Marco Enríquez Ominami, Alejandro Navarro y Eduardo Artés.

Pero en los diversos “debates” radiales y televisados, las posturas más duras contra el modelo enarboladas por algunos de los citados líderes se fueron moderando al ritmo de las encuestas semanales o mensuales que revelaban las empatías ciudadanas con los relatos de cada cual -y que dejaron rápidamente sin posibilidades a los dos representantes más rígidos- al tiempo que fueron ganando posiciones los candidatos más flexibles del Frente Amplio y el PRO, quienes, a su turno, contuvieron varias de sus propuestas de cambios económicos maximalistas.

Así las cosas, en la última encuesta CEP de octubre, aplicada sobre el 44% de consultados que probablemente irán a votar, los candidatos socialdemócratas-socialcristianos reúnen 23,6% de las preferencias (donde Guillier suma 19,75), mientras que los sectores más radicales del nuevo reordenamiento de izquierda suman 13,7% (donde B. Sánchez acumula 8,5%). En la derecha, la centro derecha de Piñera suma 44,4% y la conservadora de José A. Kast, 2,7%, dándole al sector un total de 47,1%.

Es decir, los votos de conservadurismo-liberal-reformista de derecha y el reformismo liberal-socialdemócrata-socialcristiano, constituyen más del 70% entre los ciudadanos que afirman que irán a votar, mientras que, si la misma operación se realiza sobre el 100% de los habilitados, la cifra llega a 55,5%. Y en el primer caso, solo 13,7% se siente representado por posturas más duras, y solo 15,4%, cuando se mide el total de sufragantes habilitados.

De otro lado, los consultados que no votan, votan blanco o nulo, suman 15,6% cuando se mide el 44% que afirma que votará, mientras que llegan al 29,4% cuando se mide el 100% de los habilitados.

Así, si se sumaran los sufragios de quienes se abstienen, con los resultados de la izquierda más dura, asumiendo que su inasistencia al acto electoral sería expresión de rechazo al modelo, la cifra alcanza al 44,8% del total de habilitados, mientras que si se miden entre quienes dicen que irán a votar, el guarismo cae a 29,3%. Es decir, en ninguno de los dos casos hay masa crítica para diagnosticar exigencias ciudadanas mayoritarias de más profundización de los cambios, sino más bien parecen preferir ajustes, reformas o perfeccionamientos que impidan los abusos, malas prácticas y/o delitos que terminaron por afectar la credibilidad ciudadana en las elites política y económica.

Seteris parivus, los resultados indican que Piñera será el triunfador en primera vuelta por una distancia apreciable del segundo. Pero no es descartable un reordenamiento de izquierda y centroizquierda en el balotaje que termine en un virtual empate que hará bien compleja la administración de quien quiera que sea el próximo mandatario. De otro lado, la profundización de las identidades partidarias a izquierda y derecha, así como la materialización del nuevo sistema electoral -que disgregará las hasta ahora tradicionales mayorías en el Congreso- harán de la gestión del nuevo mandatario una tarea política aún más difícil y delicada.

Lo que, en todo caso, no debiera salir de la mira de quien conduzca el país los siguientes cuatro años es que todo indica que la masiva clase media chilena surgida en los últimos decenios, prefiere moderación, reformas prudentes y bien pensadas, más que cambios totales al actual modelo, hecho que, por lo demás, constituye una señal potente para los inversionistas nacionales y extranjeros de que en Chile, tras estas elecciones, se seguirán respetando los derechos democráticos y constitucionales sustantivos que le han permitido ubicarse en las puertas del desarrollo.