Sin duda se trata de una de las peores semanas del Senador Andrés Zaldívar. Luego de una fallida candidatura a la reelección se le suma una investigación en su contra por tráfico de migrantes y cohecho que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte.

Para la indagación el Ministerio Público solicitó formalmente intervenir el teléfono del presidente del Senado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por medio de dicha diligencia se encontró un vínculo constante entre el empresario Álvaro Jofré Cabezas y el parlamentario en las que la autoridad se implicaba en la facilitación del ingreso de 32 ciudadanos chinos al país entre el 7 de junio y el 12 de julio de este año.

Según se informó en La Tercera, el argumento de la Fiscalía de “continuar con el monitoreo del teléfono del imputado Andrés Zaldívar resulta fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”.

Frente a esta acusación el presidente interino de la Democracia Cristiana, Matías Walker, dijo que esta es una situación personal que afecta al senador Zaldívar que él tendrá que aclarar. Nosotros tenemos un código de ética de acuerdo con el cual los militantes cuando son formalizados por la investigación de un  delito son suspendidos de su militancia y cuando son condenados son expulsados del partido, no ha ocurrido eso, estamos hablando de un trascendido de prensa de una investigación y el tendrá que aclararlo”.

Después de interceptar el teléfono del empresario, la Fiscalía descubrió que este se “jactaba de tener amistad con gente de gobierno”, como el ex jefe del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, y el primer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Rivera, según detalla el escrito del Ministerio Público. “A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shanghai.

En esa línea es que Jofré contacta a Zaldívar, “quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen, actual director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le habría encomendado el imputado: revisar la situación de las visas”.

Frente a esto, el fiscal Andrés Montes dijo que por la gravedad de los antecedentes que se han divulgado en la prensa se ordenó investigar por qué y cómo fue publicada esta información en el portal del Poder Judicial.

“No se puede entregar más información, porque es necesario preservar el sigilo respecto a las diligencias que están en curso. En segundo término y considerando la gravedad de los hechos publicados hoy, el Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación con el objeto de determinar las razones por las cuales la información que ha sido difundida apareció publicada en el portal del poder judicial. Esa investigación fue designada a la fiscal Ximena Chong y se encuentra actualmente con diligencias en curso”, expuso el Fiscal Andrés Montes.

La declaración del fiscal fue el preámbulo de las declaraciones del Presidente del Senado Andrés Zaldívar, quien organizó un punto de prensa en el Congreso Nacional para defenderse públicamente de las acusaciones en su contra.

En la ocasión el titular de la Cámara Alta dijo: “como resulta obvio me haré parte de la investigación penal y solicitaré copia de los antecedentes con el fin de ejercer mi defensa y demostrar que las imputaciones que se me hacen son absurdas y sin ningún fundamento”.

A lo que agregó, “estamos una vez más ante una filtración de información que proviene de una investigación penal, la que no solo constituye una infracción administrativa de las reglas de los fiscales que deben cumplir, sino también ante un delito establecido en artículo 246 del código penal por la revelación de secretos en poder de un funcionario público y que tiene el deber de no publicar”.

Frente a esto, Zaldívar ordenó a su abogado preparar las medidas administrativas y judiciales que corresponden para querellarse en contra de quien haya cometido dicho delito y hacer todas las acciones necesarias para rechazar las imputaciones injuriosas que se han hecho sobre su persona.

El senador Iván Moreira de la UDI uno de los acusados por el caso Penta solidarizó con el Senador de la Democracia Cristiana diciendo que “muchos de los parlamentarios tienen teléfono prepago, porque de la Fiscalía se puede esperar cualquier cosa”.