Nasaria Navarro aterrizó en Chile en 2010. Venía desde República Dominicana y apenas se estableció en Santiago, comenzó su desempeño como trabajadora sexual. Con el paso del tiempo dejó el oficio y estuvo un par de años cuidando a adultos mayores. Pero la xenofobia y el maltrato en esa labor la llevaron a tomar una decisión. “Me trataron con mucha discriminación así que volví a mi trabajo sexual”, dice. Lo que vivió a partir de ese hito la condujo a las tareas que realiza en la actualidad: combina el cuidado de su nieta, unas cuantas horas con clientes y sus charlas de sensibilización con la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

Las fotografías la muestran así: vestida con una boina roja y frente a un pelotón de subordinados, en medio de una conferencia que tiene como objetivo principal la modificación del trato de las fuerzas del orden con las personas que se dedican al comercio sexual.

Y la temática fue dada a conocer por la Fundación Margen, organización que este miércoles entregó el Estudio sobre Violencia Institucional hacia Trabajadoras Sexuales, que se realiza en suelo nacional y también en 13 países a lo largo de América y el Caribe.

Fueron más de 423 las encuestadas residentes en la Región Metropolitana a quienes se preguntó respecto de sus experiencias en 2016. Como primer dato interesante asoma que, más de la mitad de la muestra proviene del extranjero; y que un 18,40 por ciento afirmó haber sido víctima de un allanamiento en su lugar de trabajo.

Eso fue lo que le ocurrió a Nasaria cuando, hace cuatro años, se encontraba trabajando en un local.

“Aparecieron muchos civiles y rompieron la puerta. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? y me respondieron que estaba detenida. Pregunté por qué, y me dijeron que el departamento estaba clausurado. Les respondí que llevábamos harto tiempo trabajando ahí, pero ellos nos llevaron a la Comisaría. Ahí vino un civil a esposarme y yo le dije que no iría esposada porque no era una criminal, no había matado a nadie”, cuenta.

Nasaria añadió que luego de varias horas retenidas en el cuartel, le hicieron firmar un montón de documentos sin que le dieran tiempo de leerlos. Después, y sin mayores explicaciones, la autorizaron para regresar a su casa.

El estudio informa que en un 54,14 por ciento de los casos, procedimientos como el relatado por Nasaria, no estaban autorizados por una orden judicial.

Un oficio en el vacío

En Chile, la prostitución no está prohibida, sin embargo, dos artículos de distintos cuerpos legales se prestarían para limitar la labor de las mujeres y hombres que se dedican a esto. La norma contenida en el artículo 41 del Código Sanitario, por un lado, prohíbe la agrupación en “prostíbulos o casas de tolerancia” de quienes ejercen el comercio sexual y, por último, el artículo 373 del Código Penal que se refiere a las ofensas al pudor y las buenas costumbres.

“Con eso juzgan a las compañeras”, sentencian desde Fundación Margen.

El estudio indica que este vacío legal se traduce en una suerte de libre albedrío, de parte de las autoridades, que incluso abarca al  lenguaje. A modo de ejemplo, 41 de las consultadas afirmaron haber sido tratadas de “puta”, mientras que 43 de ellas indicaron haber sufrido un trato basado en improperios.

Herminda González, directora de la organización, explica que lo más preocupante es el uso del control de identidad proveniente de las fuerzas del orden, donde también habría discriminación a la hora de enfrentar mujeres nacionales o migrantes.

“Algo que nos llama mucho la atención es que se esté usando el control de identidad para violentar a las compañeras trabajadoras sexuales, sobre todo a las migrantes. Acá hay una doble discriminación, en particular a las mujeres negras. Se violan sus derechos humanos como mujeres y además por ejercer el trabajo sexual”, dice.

Del total de casos, incluyendo mujeres nacionales como extranjeras, un 17 por ciento declaró haber sido registrada por las fuerzas del orden y, dentro de ese mismo porcentaje, un 61,21 por ciento declaró haber sido retenida producto de un control de identidad. Herminda González explica que, antes de que se aprobara esta ley, ellas le advirtieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos que la regulación se prestaría como insumo de discriminación.

La dirigenta especifica otro detalle que expone a las trabajadoras sexuales migrantes. “Lo que las compañeras temen es que vayan a ser deportadas. Hay muchas que están indocumentadas; ilegal nadie es en este mundo. Entonces una las va empoderando, diciéndoles que no las van a deportar de la noche a la mañana, que es un proceso, que no arranquen de la policía, que muestren su identificación para que ellos tampoco digan después que se arrancan porque están encubriendo un delito”, declara.

Fundación Margen recalca que las situaciones anteriormente descritas se deben a este contexto regulatorio. Al final, Herminda González hace un llamado a los candidatos presidenciales a demostrar sus intereses respecto de este tema; y, a la vez,  alerta a los medios de comunicación respecto del uso de las palabras, para que así, poco a poco, la mentalidad transite hacia un escenario respetuoso.