Como confuso y contraproducente calificó el economista del MIT, Andrés Solimano las tratativas que está realizando la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) con SQM para extender la explotación de litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030.

Corfo se reunió este lunes con representantes de la compañía con el fin de buscar una solución del conflicto judicial que hace años se mantiene ante una disputa contractual por el arriendo del salar y la explotación del mineral no metálico.

En la oportunidad, ejecutivos de la empresa dieron a conocer a la entidad de Gobierno una propuesta para llegar a acuerdo, esto es: la salida de Julio Ponce Lerou y sus familiares de SQM; la renuncia del grupo controlador al voto dirimente hasta 2030 en materias como donaciones u actos a título gratuito y no elegir como director a ninguna persona relacionada con el grupo económico.

Para el doctor en economía del MIT, Andrés Solimano, la propuesta de la compañía y sus socios es una medida intrascendente, tomando en cuenta indicó, que es la oportunidad para que Corfo termine los contratos con la minera.

“Todos estos antecedentes ameritan un enfoque diferente, muy distinto es empezar a ver cuál es el nombre y apellidos de los integrantes del directorio de Soquimich, independiente si le guste o no, pero me parece que ese no es el enfoque correcto. Creo que lo mejor ahora sería comenzar algo nuevo desde el  principio, estudiar arreglos de explotación que mejor se ajusten al bienestar y a la protección de patrimonio chileno, eso debería guiar la acción de la Corfo, más que analizar propuestas que tiendan a eliminar nombres de integrantes del directorio”, afirmó.

Para Solimano, esta insistencia de la agencia del Gobierno para llegar a un acuerdo con la compañía no tiene explicación, ya que la decisión va en el sentido contrario de lo que propuso la Comisión Nacional de Litio al Ejecutivo.

El economista aseveró que Corfo nunca se ha atrevido en la realidad a quitarle la concesión a la compañía no metálica, por lo que ahora sería la oportunidad para poner fin a la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo.

“Corfo debería evaluar la entrega de concesión a otras compañías, abrir una nueva licitación internacional, o mejor, que el Estado asuma el control con la participación de capitales privados, ya hubo una comisión presidencial que recomendaba eso, entonces con estas negociaciones la Corfo sigue pegada a SQM y el asunto es que la agencia de Gobierno haga valer el mandato sobre el uso estratégico del suelo en la explotación del litio en beneficio de todos los habitantes de este país”, argumentó.

A través de un comunicado, Corfo sostuvo que “Si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación -que se realizará en el marco del arbitraje-, de ser exitoso, además de obtener las condiciones exigidas por Corfo, la ampliación futura de las cuotas de litio, permitirá a Chile expandir significativamente la oferta del mineral durante el periodo del contrato”.

Para Andrés Solimano, el poder legislativo debería entrar de lleno en esta discusión protegiendo los intereses de los chilenos y terminando con las concesiones a Soquimich y Rockwood, empresas cuestionadas por el no pago de impuestos, royalties, irregularidades laborales y con conflictos judiciales vigentes.

“SQM y su par la trasnacional Rockwood, ninguna de las dos compañías  tiene el interés de industrializar el litio, comenzar a producir baterías, exportar el mineral con valor agregado, crear una industria manufacturera, simplemente tienen un modelo extractivista que es sacar el litio y exportarlo en bruto, aprovechando los precios altos, eso no da ningún beneficio a Chile, entonces Corfo está reñida, no es consistente con su misión histórica que es promover la industrialización en el país”, subrayó.

El árbitro de este proceso conciliatorio entre Corfo y SQM, Héctor Humeres, entregó un plazo de 30 días de suspensión de la mediación, con el fin de reunirse nuevamente las partes y eventualmente lograr un acuerdo.

El conflicto data del año 2014 cuando Corfo interpuso una demanda, pidiendo al árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del Salar de Atacama  a la corporación, por el incumplimiento del protocolo, “ya que SQM, desde los años ’90, mediante acciones deliberadas, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el Salar”.