El espacio de memoria Londres 38 presentó una querella ante el Ministro Mario Carroza, contra quienes resulten responsables del delito de sustracción, eliminación de documentos, encubrimiento de homicidios y secuestros calificados por la quema de archivos en el año 2000 en el Ejército.

La acción judicial recoge los antecedentes de un sumario realizado en enero de 2016, que establece la eliminación de documentos al interior de la institución, así como la información presente en un reportaje publicado en el diario New York Time por la investigadora Pascale Bonnefoy.

Según Erika Hennings, presidenta de Londres 38, esta querella pretende encontrar nueva información sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura así como la sanción de los responsables del caso.

“Desde hace muchísimos años venimos exigiendo el levantamiento del secreto respecto de los crímenes ocurridos en dictadura así como la apertura de los archivos, pero ahora sabemos que la información ha estado en manos del Ejército”, señaló.

De acuerdo a la acción judicial presentada por el espacio de memoria, la supresión de documentos se realizó en el año 2000 en el marco de la llamada “Mesa de diálogo”, instancia “compuesta por autoridades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, miembros del poder Ejecutivo y algunas organizaciones de la sociedad civil” que tenía por fin el “esclarecimiento sobre la desaparición forzada de personas”.

“En efecto, la Mesa de diálogo se desarrolla en el contexto, además, de la detención de Augusto Pinochet en Londres, con la consecuente defensa del Estado de Chile de su persona y la declaración de que los crímenes de la dictadura serían investigados en Chile”, señala el documento.

La querella también da cuenta de cómo en el sumario de 2016, la institución reconoció la eliminación de antecedentes que habrían sido archivados entre 1980 y 1982 por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

En esta línea, el recurso advierte: “(…) la información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de información de las acciones operativas realizadas esos años. En este sentido, la resolución de la Investigación Sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)”.

Investigaciones estancadas y una “política de encubrimiento”

Magdalena Garcés, una de las abogadas de la organización, manifestó que constantemente el Estado ha revelado información respecto de la dictadura. El miércoles 13 de diciembre, por ejemplo, Cancillería dio a conocer algunos de los documentos que estaban en su poder.

Frente a ello, la jurista indicó que este “estancamiento” en la revelación de antecedentes da cuenta de una situación de”encubrimiento”: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”, subrayó.

” Además, creemos que estos archivos tienen relación importante con algunos crímenes cometidos en dictadura y nos parece importante que se investigue”, añadió la abogada.

Por último, Erika Hennings llamó a las autoridades a avanzar respecto del esclarecimiento de las causas de DDHH: “Interpelamos a las autoridades actuales que pongan toda disposición para que realmente se logre, de una vez por todas, la apertura de esos archivos y también, por cierto, interpelamos a las autoridades que vienen para que pongan todos los esfuerzos y las voluntades que no han existido para aclarar los crímenes de lesa humanidad  que concluyeron con la desaparición forzada de nuestros compañeros y compañeras”.