El máximo tribunal de justicia del país, eligió hoy al ministro Haroldo Brito Cruz como su nuevo presidente, por el periodo 2018-2020 y estará encargado de suceder al Ministro Hugo Dolmetsch como cabeza del Poder Judicial.

Abogado de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, egresó en el año 1974 e inició su carrera judicial en 1971 en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, en el que ejerció como oficial segundo hasta 1975. Ese año asumió como juez titular del Primer Juzgado de Letras de Los Andes, y al año siguiente se transformó en relator titular de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tras servir el cargo de juez del crimen en Viña del Mar y el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, en 1989 se convirtió en  relator titular de la Corte Suprema, cargo en el que estuvo hasta el 11 de enero de 1996, fecha en que asumió como Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que presidió hasta su asunción en la Corte Suprema.

La elección de Brito no estuvo exenta de polémicas, pues algunos sectores de la Suprema plantearon reparos por su relación de pareja con la fiscal judicial del máximo tribunal, Lya Cabello,  ya que ello podría generar inhabilidades e interferencias en el funcionamiento de la magistratura. Sus detractores alegan que la relación con Cabello es “incompatible” con el cargo, no por una inhabilidad, sino por un tema “ético”. Por esa razón, el  juez a mediados de este año, se trasladó desde la Sala Penal a la Laboral.

Según el Acta 202-2017 del Pleno de la Corte Suprema, a la que este medio tuvo acceso, la votación dio como resultado 14 votos  en favor de Brito, correspondientes a los ministros Dolmestch, Juica, Muñoz, Künsemüller, Brito, Silva, Fuentes, Cisternas y Blanco, Chevesich, Muñoz, Cerda, Valderrama y Dahm. Por su parte, el ministro Guillermo Silva Gundelach contó con los votos de sus colegas Carreño, Maggi, Egnem, Sandoval, Aránguiz y Prado. Finalmente, el magistrado Carlos Aránguiz contó con la preferencia del Ministro Valdés.

Dentro del  ambiente judicial, Haroldo Brito, es conocido por su gran identificación con la institucionalidad del Poder Judicial, mientras sus cercanos afirman que en su rol de cabeza de los jueces de nuestro país, no tendrá un estilo incendiario, ni cultivará una agenda propia en su relación con el nuevo gobierno.

Carrera gremial

El recién electo presidente del mayor tribunal jurisdiccional del país,  tiene a su haber una importante carrera en el ámbito gremial. Fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados en dos periodos: 1992 a 1996; y 1998 a 2000. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados entre 1993 y 1996,  y vicepresidente la Unión Internacional de Magistrados entre 2004 y 2006. Uno de sus mayores legados a la carrera judicial es el haber fundado, junto al académico Hernán Correa de la Cerda, el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), institución que, previo a la existencia  de la Academia Judicial, estuvo íntimamente ligada al proceso de formación de magistrados. Una vez formada la mencionada Academia Judicial, el magistrado Brito, fue Consejero entre los años 1995 y 1999.

Al aceptar el cargo, el ministro Brito realizó un punto de prensa en el que aclaró sus motivaciones para asumir la presidencia. “Este proceso de modernización del Poder Judicial es un proceso que viene ya desde hace mucho  años, que ha contado con la participación de muchísimos presidentes, muchísimos ministros y muchos jueces, con el interés de la academia de nuestro país. Las universidades son las que hablan de reformas en el Poder Judicial, de nuevas formas de procesos, de nuevos criterios de solución a los conflictos jurisdiccionales. El desarrollo de las ciencias jurídicas  es muy fuerte  y ese desarrollo también está en la Corte Suprema. Las respuestas,  la calidad, el contenido de las respuestas que da la Corte Suprema hoy son consecuencias  del desarrollo y el interés por alcanzar mejores y mayores niveles  de excelencia profesional. Ese propósito es el que a mí me motiva  y en el que yo quiero persistir”.

Al ser consultado respecto del cambio de gobierno, sus declaraciones fueron mesuradas, pues expresó que “la llegada de un nuevo gobierno a la administración del Estado es una cuestión que tiene que ser enfrentada desde la perspectiva de la cooperación y coordinación entre los distintos poderes del Estado. Ciertamente eso se ha dado y tendrá que seguir dándose”.

Las nuevas reformas procesales y los tribunales militares

Durante su discurso, Haroldo Brito dedicó largos minutos a hablar sobre la postergada reforma procesal civil y a la antigüedad del Código Penal. Se manifestó proclive a la oralidad en el sistema procesal civil y enfatizó el rol de las universidades en las modificaciones del ordenamiento normativo. “Está todo el ambiente jurídico -por decirlo así- y la universidad, consciente que es necesario alcanzar y solucionar el tema de la vejez del Codigo Penal. Es necesario reemprender el proceso de instalación de un código procesal civil distinto al que tenemos,  en el que esté privilegiado las mayores capacidades de los adversarios dentro del proceso. La oralidad en lo civil es posible y beneficiosa. La mayor prontitud y participación de las partes dentro del proceso oral, es una muy buena condición. De tal suerte que ahí hay dos aspectos que son fundamentales. Todos conocemos de los esfuerzos que se han hecho en materia penal y en materia del proceso civil  y seguramente tendrán que ser renovados, luego de haberse paralizado”.

En el ámbito de la justicia especializada en materia militar, el ministro recalcó su opinión contraria a que exista una justicia para los civiles y otra para los militares. “Yo he votado en el tribunal pleno, junto a otros ministros, que entendemos que el sistema de justicia  no requiere de un sistema de justicia militar especializada separada de la justicia civil. No hay una decisión del tribunal pleno sobre esta materia, pero hay muchísimas opiniones en el sentido. La jurisdicción se caracteriza por  el criterio de unidad, de la plenitud y se entiende que es una cuestión que puede tener otra solución de la que nosotros conocemos tradicionalmente”.

Su historia profesional incluye el haber sido uno de los magistrados que, durante el régimen militar, intervino en favor de presos políticos y que acogió recursos de amparo cuando sirvió como juez en Valparaíso, logrando la liberación de un grupo de universitarios detenidos por agentes del Estado a comienzos de los 80. En este ámbito, se refirió al cierre de Punta Peuco,  haciendo hincapié en que se trata de una potestad exclusiva del Ejecutivo: “es un tema particular, pero son las potestades de la Presidencia de la República. El control del cumplimiento de la sentencia no está entregado en este momento al sistema de justicia. En otros países sí lo está. En estas circunstancias, el que tiene a su cargo el tema tendrá que tener una posición. No es bueno, no obstante los deberes de coordinación  entre los distintos poderes del Estado, que uno opine sobre cosas sobre las que no tiene tuición alguna”.

El magistrado Brito asumirá su cargo durante la primera semana de enero de 2018. Su titularidad como Presidente de la Corte Suprema, podría ser clave para el debate de una nueva Constitución, pues en su entorno aseguran que se ha manifestado favorablemente sobre la idea de cambiar la Carta Fundamental que nos rige en la actualidad.