El gobierno, a pocos meses de terminar su administración, presentó el Pan Nacional de Derechos Humanos que se ejecutará entre 2018 y 2021. El documento que busca resguardar el  diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos, 8cuenta con 600 medidas para ser desarrolladas durante los próximos cuatro años.

Dentro de los temas abordados por este nuevo plan se encuentra la investigación y preservación de la memoria histórica sobre violación a los derechos humanos y sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad con énfasis en los cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Representantes de organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos advirtieron que cualquier iniciativa que avance en estas materias es fundamental para el país, sin embargo, el plan que se acaba de lanzar  no incorpora el terminar con la impunidad de los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad.

Según dice Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos“en países como Chile, donde se sigue relativizando  los crímenes de lesa humanidad y la impunidad, genera que no se avance en estos temas  que debiera haberse dado con fuerza desde los años noventa.  Generar un plan de derechos humanos que solo busque cumplir con las demandas de las Naciones Unidas permite que se continúe constituyendo una propuesta débil”.

“Si no se anula el decreto ley de amnistía y no se entrega la carta especial para violadores de derechos humanos, no se termina con la impunidad en que viven civiles y uniformados  responsables de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, se van a seguir generando documentos e instancias que al final relativizan el pasado, señalando que es eso y no que el pasado es el que permite construir un futuro robustecido en  derechos humanos, entonces, mientras no se termine con la impunidad va a ser un plan de derechos humanos insuficiente”, profundiza la vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos.

En este sentido, en dicho documento se aborda la promoción de la no discriminación arbitraria de ningún grupo o persona por motivos de género, edad, pertenencia cultura o discapacidad. Lo que está ligado a la educación y formación en DDHH en la enseñanza parvularia, básica, media, superior y en los programas de capacitación y perfeccionamiento.

Tal como se generará este mismo espacio de formación constante en materias de derechos humanos para los funcionarios públicos que ejerzan en las diferentes reparticiones del Estado, tales como: Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería y las municipalidades.

En palabras de Michelle Bachelet: “es una tarea impostergable hacer del respeto a los Derechos Humanos una realidad transversal, sobre la cual es posible fundar todas nuestras interacciones, tanto sociales como personales”.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos sostuvo que respecto a la formación de agentes del estado en materias de derechos humanos :“la enseñanza de derechos humanos parte del Informe de Verdad y Reconciliación, se sacaron unas fotitos, pero así en conciencia  de lo que es la promoción  y defensa de los  derechos humanos  bien estructurada y comprometida no se ha hecho. En el Plan Nacional no se habla sobre las violaciones que actualmente se han dado de parte de agentes del estado, como por ejemplo, lo que ha ocurrido de parte de Carabineros contra comuneros mapuches asesinados y baleados”.

“El Plan Nacional de derechos humanos no recogió las opiniones de familiares de ejecutados políticos, e incluso durante estos últimos cuatro años, no se avanzó en materias como la reinterpretación del código penal o el proyecto que busca degradar a los militares involucrados en delitos de lesa humanidad. Incluso dichas propuestas eran parte del inicio de este mandato y no hubo un intento por convertirlo en ley”, explica Lira.

Otro de los puntos en que se profundizó es en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable que pretenden llevar a Chile con la agenda 2030 tendiente a generar un desarrollo que resguarde el medio – ambiente. Asimismo, el informe puntualiza la necesidad de desarrollar trabajos para prevención y atención de mujeres violentadas para reducir las tasas de femicidios que ha ido en aumento durante los últimos años.