Como “un gran triunfo para  el país” calificó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, la aprobación del proyecto de ley de planteles estatales que ingresó en julio del año pasado y que busca establecer un marco jurídico para que estas instituciones fortalezcan tanto su gestión como su calidad académica.

La iniciativa, que quedó en condiciones de ser  promulgada, contempla la creación de un Comité de Coordinación entre las instituciones, un fondo de 300 mil millones de pesos, que será repartido entre los 18 planteles del Estado en un periodo de 10 años, y la posibilidad de ampliar la matrícula por sobre los límites definidos en la política de gratuidad.

En cuanto a gobierno universitario, este deberá contar con un Consejo Superior que tendrá la tarea de definir el plan de desarrollo y los ejes estratégicos del plantel. En este punto hay una excepción que permite que las universidades que crearon sus estatutos de forma democrática, después del año 90, los mantengan.

Además, el rector tendrá la obligación de realizar, al menos una vez al año, una cuenta pública en la que exponga el estado financiero y administrativo de la institución. En el caso de que un plantel estatal pierda la acreditación o no alcance los cuatro años mínimos, se designará a otra universidad que actúe como tutora. Si la situación no se revierte en seis años, el Ministerio de Educación podrá nombrar un administrador provisional.

El legado que diferencia a las Universidades del Estado 

Luego de una reunión con la presidenta Michelle Bachelet, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales señaló que, independiente del cambio de gobierno, es importante que se entienda que “estas instituciones pertenecen a todos los chilenos” y se trabaje bajo esa perspectiva.

“Este es un punto de partida para las universidades estatales, creo que tenemos que seguir conversando respecto del rol de estas instituciones. Hay que implementar ciertas cosas y, cuando ello ocurra, van a surgir nuevas preguntas”, expresó.

El rector destacó el papel que jugaron las comunidades universitarias durante la tramitación del proyecto: “Hubo mucha claridad y unidad por parte de las universidades estatales. Esto permitió garantizar que los conceptos fundamentales en torno a una universidad pública iban a estar presentes y defendidos”.

Por su parte, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, indicó que los rectores valoraron la decisión de separar el proyecto y singularizar una legislación específica para las universidades del Estado. “Esto permitió contar con recursos de apoyo para la mejora. Esto es bien importante porque no son recursos permanentes, sino que por un tiempo delimitado con un plan de mejora de cada una de las instituciones”, añadió.

Luis Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta destacó la colaboración entre instituciones que se plantea el proyecto. A su juicio, esto beneficiará a las universidades de regiones en materia de investigación académica y movilidad estudiantil.

“Siempre es posible mejorar, pero estamos muy contentos porque este es un legado que fija una diferencia entre las instituciones que son del Estado y aquellas que no lo son”, agregó.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, también se mostró a favor de la iniciativa. Sin embargo, comentó que faltó un trabajo más adecuado entre las universidades, el Ejecutivo y la Contraloría, ya que afirmó que quedaron procedimientos administrativos que pueden complicar a estas instituciones en el futuro: “Nos gustaría que hubiese sido un proceso más eficaz y oportuno. Habíamos planteado un control ex post, pero lamentablemente eso no se pudo dar”.

“También hubiésemos querido que haya un compromiso más fuerte de parte del Ejecutivo desde el punto de vista de los recursos. Si uno divide el fondo de fortalecimiento en 18 planteles por diez años, da una cantidad que no nos alegra en demasía. Esperamos que todos estos detalles los podamos ir mejorando en el futuro”, indicó.

Las críticas al proyecto de educación superior general

Por otro lado, el rector de la Universidad de Santiago criticó respecto del proyecto de educación superior en general, que también fue aprobado durante la jornada de este miércoles. A su juicio, “Yo no quedé muy conforme porque en el paso por el Senado se le quitaron algunas atribuciones a la Superintendencia sobre la revisión de los estados financieros de las universidades”.

“La idea de crear una Superintendencia era establecer cierta legalidad que evitara que casos como la Universidad del Mar y la Iberoamericana se vuelvan a producir. Aparentemente esto se puede volver a producir, porque no hay una restricción, salvo la acreditación obligatoria”, concluyó.