Pablo Gómez, fiscal jefe de Valparaíso solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el sobreseimiento de 58 de los imputados por el caso SQM, según detallara el mismo persecutor en un punto de prensa. La decisión de la Fiscalía tomó en consideración la fecha de las boletas ideológicamente falsas emitidas por los imputados, los informes de Policía Internacional respecto de las salidas del país y el efecto suspensivo de la prescripción de las denuncias y querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos.

“Hemos logrado determinar con detalle la participación que ellos han tenido en estos hechos. Sin embargo, advertimos que si contamos el plazo de prescripción, han transcurrido con creces los cinco años que establece la ley antes de que el SII hubiese presentado una denuncia o una querella en su contra”, afirmó Gómez. “Creemos que la mayoría de esos dineros fueron destinados al financiamiento de campañas políticas”, agregó.

Al respecto, el abogado querellante del caso SQM, Mauricio Daza, aseguró que la decisión de la Fiscalía es controvertida porque “en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla en caso que proceda”, señaló el abogado a los medios. Para Daza, sin embargo, la decisión no fue una sorpresa pues según aseguró a nuestro medio, el cambio de fiscal a cargo, pasando de Emiliano Arias a Pablo Gómez, hacía prever que “obviamente había un esfuerzo por desmantelar esta investigación y garantizar que no se profundizaría en las indagatorias. Eso es precisamente lo que ha ocurrido estos últimos años”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el representante de Ciudadano Inteligente aseguró que en este caso la prescripción fue “utilizada como excusa para no investigar. Eso es muy grave porque estamos hablando de la imputación de la existencia de una red de corrupción que habría operado durante décadas y a partir de la que se habría entregado dineros en forma ilícita a  múltiples actores de todos los sectores de nuestra política”.

El querellante en el caso SQM concluyó que la aplicación de las normas de prescripción “respecto de una causa en la que se investigan hechos graves de corrupción implica, en la práctica, impunidad”.

Consultado respecto de las posibles acciones a seguir como intervinientes, señaló que las opciones son muy reducidas pero “están analizando los espacios jurídicos para evitar que esta causa termine sin esclarecer la verdad de lo sucedido”.

Tras la solicitud del Ministerio Público, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia de sobreseimiento para el 22 de marzo y en ella se revisará el posible término de las investigaciones iniciadas contra los boleteros ligados al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Presidenta Michelle Bachelet, al ex ministro Pablo Longueira y al  senador Fulvio Rossi.